Rodolfo Hernández y su esposa, imputados por financiar la campaña presidencial con fuentes prohibidas

Ante una juez de garantías de Bucaramanga, la Fiscalía les imputó cargos por el delito de financiación de campaña electoral con fuentes prohibidas al excandidato presidencial Rodolfo Hernández y su esposa, Socorro Oliveros, quien fungió como gerente de campaña, porque, al parecer, permitieron el ingreso a la campaña de 127.654.500 de pesos provenientes del mismo Hernández, quien, para el momento, se encontraba acusado de delitos contra la administración pública, es decir, asociados con la corrupción, lo que le impedía financiar campañas electorales. Los acusados se declararon inocentes.

La fiscal del caso explicó que tanto Hernández como su esposa cometieron el delito durante la primera vuelta de la campaña presidencial de 2022, que se llevó a cabo el 29 de mayo de ese año. 

“Los actos consistieron en que la gerente de la campaña, Socorro Oliveros, permitió la consecución y aporte de bienes provenientes de fuentes prohibidas por la ley para financiar la campaña a la Presidencia, precisamente, de recursos propios de este aspirante, quien había sido acusado con anterioridad por la Fiscalía por delitos contra la administración pública”, resumió la delegada del ente acusador.

Según la investigación, la gerente de campaña y esposa del candidato Hernández, permitió la consecución e ingreso de las siguientes sumas de dinero aportadas por el acusado: el 28 de marzo de 2022, la suma de 5.000 pesos; el 24 de marzo de 2022, la suma de 647.000 pesos; el 8 de abril de 2022, la suma de 100 millones de pesos en efectivo; el 11 de abril de 2022, la suma de 20 millones de pesos; el 25 de marzo de 2022, la suma de 2.500 pesos, y finalmente, el 23 de abril de 2022, la suma de 7 millones de pesos, para un total de 127.654.500 de pesos.

La Fiscalía explicó que era ilegal que Hernández invirtiera en su campaña electoral porque ya había sido acusado por delitos asociados a la corrupción. 

El 12 de mayo de 2021, Rodolfo Hernández había sido acusado ante el juzgado 10 de conocimiento de Bucaramanga como presunto responsable de los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, por actuaciones como alcalde de Bucaramanga. “Situación que era de pleno conocimiento de los esposos Hernández. No obstante, de manera consciente y dolosa decidieron violar la norma incurriendo en el delito en calidad de autores”.

La ley sobre ese punto es clara. El artículo 396 A del Código Penal y el artículo 14 de la Ley 1864 de 2017 sanciona la conducta del gerente de campaña y del candidato a un cargo uninominal que permitan que en una campana electoral ingresen recursos de financiamiento que estén prohibidas por la ley.

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“La Ley 1575 de 2011 estableció en su artículo 27 diversas fuentes de financiación prohibidas, entre ellas, la consagrada en el numeral 5 relativa a la contribución que efectúe una persona contra la que se hubiese formulado una imputación o una acusación por delitos contra la administración pública”, explicó la fiscal del caso.

El proceso contra el excandidato presidencial y su esposa inició el 20 de junio de 2022, cuando los abogados vallecaucanos Óscar Fuentes e Indemaro Luján Lozada interpusieron denuncia contra el entonces candidato por el delito de financiación de campaña con fuentes prohibidas, por las declaraciones que el mismo Hernández dio ante los medios de comunicación sobre que la financiación de su campaña se estaba haciendo con recursos propios, pese a que se conocía públicamente el proceso que se llevaba en su contra como alcalde de Bucaramanga.

La Fiscalía explicó que ese delito da, tanto para el gerente de campaña como para el candidato, de cuatro a ocho años de prisión y una multa de 400 a 1.200 SMMV. Como Hernández y su esposa se declaración inocentes, el proceso irá a juicio.