Bullying en los colegios: ¿cuándo acudir a la justicia?

Bastó una foto para que la vida de Sara* cambiara por completo. Cuando tenía 14 años, su cuenta de Facebook fue hackeada y pronto una imagen privada suya inundó las redes hasta llegar a sus compañeros de clase. Desde entonces, comenzaron las burlas y los comentarios maliciosos. El matoneo pasó de los comentarios en redes sociales virtuales al salón de clases. Fue tal el hostigamiento, que Sara tuvo que ir a psicoterapia. Cansada del maltrato, decidió abandonar el colegio donde llevaba nueve años. Como dispone la ley, la institución tenía un protocolo contra el matoneo y el ciberacoso que, sin embargo, no siguió. 

El colegio no hizo una investigación a fondo del caso. Tampoco le dio la opción de terminar el año escolar a Sara, quien, contra su voluntad,  tuvo que seguir sus estudios en una jornada sabatina. Cansada de la situación, Sara acudió a una tutela para conseguir un cupo en otro colegio. 

El de Sara es uno de los últimos casos de matoneo y acoso escolar que llegaron a la Corte Constitucional, que ratificó el deber de los colegios de investigar de forma seria y constante el acoso y el ciberacoso para proteger los derechos de los menores y evitar actos de violencia, siguiendo los manuales de convivencias. Llegar a la justicia hace del caso de Sara uno de los documentados.

‘Te Protejo’, una línea que permite denunciar con nombre propio o de manera anónima por Internet casos de intimidación escolar, ha recibido 2.697 casos desde 2012. Y en  2022-2023 y el reporte aumentó en 245 por ciento frente a los diez años anteriores, 2012-2021, según le explicó a CAMBIO la organización Red PaPaz.

Hasta noviembre de 2023, se habían recibido 487 reportes. Las estadísticas reflejan que la intimidación escolar en entornos digitales aumentó en 54 por ciento frente a 2022. Sin duda, un panorama preocupante. Además del caso de Sara, en 2023 la Corte falló un sonado expediente que involucró al prestigioso colegio Helvetia, además de emitir un sentencia que cuestionó al colegio por el caso de un joven de sexto grado con sobrepeso a quien el matoneo llevó a internaciones médicas, depresión y anorexia nerviosa.

¿Qué evidencia esa judicialización de los casos de matoneo? ¿Qué lleva a que un caso escale desde el ámbito escolar al judicial? ¿Es esa la mejor forma de atender estos procesos? CAMBIO habló con Carolina Piñeros, directora ejecutiva de Red PaPaz, y con el experto Ómar Suárez, quien fue jefe de iniciativas juveniles ‘Tú Lideras’, de esa organización. Ambos hicieron una invitación al diálogo sincero.

La razón de ello, dice Piñeros, es que cuando la conversación no se da, o las familias acuden rápidamente a la tutela, las acciones cambian y las partes empiezan a actuar a la defensiva. Entre tutela y reclamo, el niño o la niña afectada pueden quedar a un costado e incluso se puede olvidar que quien agrede también es un menor de edad en proceso de formación.

El matoneo y la ruta de atención

Se considera bullying a las conductas intencionales y sistemáticas de agresión, intimidación, humillación, ridiculización, difamación, amenaza u otro tipo de maltrato psicológico, físico o verbal, y a través de plataformas virtuales. Según los expertos, el bullying se caracteriza por agresiones continuas y por un desbalance de poder entre el agredido y el agresor: no es solo un malentendido entre menores.

La ley 1620 de 2013 de Convivencia Escolar lista tres tipos situaciones. Las tipo 1 son conflictos esporádicos que inciden en el clima escolar,  no generan daños al cuerpo o a la salud física o mental de una persona y se pueden solucionar cuando ocurren. Las tipo 2 son de matoneo, sin llegar al delito. Se dan repetidamente y generan daños a la salud física y mental, sin ocasionar incapacidad. Las tipo 3 son hechos constitutivos de un delito.

Hay casos en que un continuo matoneo escala a un delito; por ejemplo, a una agresión sexual. Como indicó la Corte Suprema de Justicia, este delito no puede confundirse con una intimidación escolar.

Esa ley dispuso que los colegios incluyeran en los manuales de convivencia una ruta de atención integral, con fases de promoción, prevención, atención y  seguimiento, así como protocolos específicos para la atención de un tema que, como el matoneo, tiene serias implicaciones en la salud mental y física de los jóvenes. En el caso de las situaciones Tipo II, por ejemplo, lo primero es atender la salud, informar a los padres o acudientes, remitir la situación a autoridades administrativas cuando corresponda, adoptar medidas para la protección de los involucrados, determinar acciones restaurativas para la reparación y reconciliación, y que el caso sea revisado por el Comité escolar. Esos protocolos son los primeros que deben ponerse en marcha: ¿Los están siguiendo  los colegios?

Para el experto Ómar Suárez, el camino es largo. Aunque se considera que los manuales de convivencia contemplan los protocolos, esto no quiere decir que la comunidad se apropie de ellos: saber a quién llamar, cuáles son los tiempos, a qué entidad hacer los reportes ante un situación tipo 3, por ejemplo. “Siento que hace falta interiorización de los colegios y mucha pedagogía”, dice Suárez.

Carolina Piñeros agrega que los colegios deben crear estos manuales al interior de la comunidad educativa. La idea, dice, no es copiar modelos de otros colegios ni llamar a un abogado externo para que lo haga. Solo así los padres entenderán los procesos y conocerán las medidas restaurativas que pueden usarse. La experta insiste en que la comunidad debe entender que la única solución no es la imposición de matrículas condicionales o expulsiones.

“Casi siempre la primera pregunta que se hacen los padres es si al niño lo van a expulsar: hay mil cosas antes de eso”, indica Piñeros, para quien la solución puede pasar porque los colegios reconozcan los casos de matoneo para avanzar con medidas restaurativas y de reparación. No solo con castigos. 

“Como en su gran mayoría son personas menores de 18 años, y hay muchos menores 14 años que involucrados en todo, hay que entender que no es solamente un castigo”, dice.

Entre el prestigio y la tutela

Para los expertos, hay casos en que las instituciones educativas minimizan una denuncia o un reporte de intimidación escolar. También, dicen, hay colegios de élite a los que “les preocupa mucho su nombre”, y el niño pasa a un segundo plano. 

La angustia puede complicar más la situación de los menores. Por ejemplo a Andrés*, un menor de edad que sufría de cáncer y empezó a ser víctima de acosos físicos y verbales en el colegio por parte de sus compañeros en febrero de 2022, en especial de un joven que llamaremos Felipe*.

 Aunque inicialmente los padres de ambos niños hablaron, y los padres de Felipe charlaron con él, ante un nuevo episodio de acoso la situación escaló: el padre de Andrés exigió a la mamá de Felipe que lo reprimiera. Ella presentó una queja en contra del papá de Andrés, y afirmó que su hijo estaba alterado y sufría de ansiedad. 

Todo acabó en un proceso disciplinario por parte del colegio, que determinó que el acoso a Andrés supuestamente no había ocurrido, que su padre ya había tenido problemas en el colegio, y que, como había incurrido en una agresión, le cancelaban la matrícula al menor y a su hermana, que nada tuvo que ver en estos hechos.

Pero la Corte Constitucional, que estudió todo el caso, señaló que aunque el colegio aseguró haber hecho una investigación, esto no era cierto. También aseguró que la sanción al padre ni siquiera cumplió el debido proceso. Los más afectados fueron los niños: Andrés fue suspendido seis meses y su hermana no pudo ser promovida al grado octavo.

Para Red PaPaz hay casos que deben pasar de inmediato al ámbito judicial. También es entendible que los padres exijan que la atención a las agresiones contra sus hijos sean una prioridad, y que entiendan los alcances de recurrir a una tutela. 

Enseguida, dice la experta, "todo el mundo empieza a actuar de una manera defensiva y muchas veces se olvida a la víctima, se olvida al niño o niña que fue agresor y también está en un proceso de formación y debería aprender de esta situación”. Por eso, antes de acudir a vías como esta, es importante cerciorarse de qué está pasando en el colegio frente al caso denunciado.

Los padres pueden hablar con los docentes y directivas para saber si se están siguiendo los protocolos. Si el Comité de Convivencia no está desarrollando las acciones requeridas, se puede acudir a los comités municipales, distritales o departamentales. El caso también puede denunciarse ante una comisaría de familia, como hicieron los padres de Sara tras el ‘hackeo’ de su Facebook, o acudir a la tutela para controvertir las decisiones que tome el colegio, como sucedió con los casos reseñados. Este mecanismo ha llevado a que la Corte Constitucional, la más alta instancia del país, se pronuncie y ahonde en parámetros que deben seguir los colegios .

Ya la Corte dejó en claro que, en palabras sencillas, los colegios no pueden seguir ignorando los casos que les denuncian, que  incluyen otros tipos de acoso, como el sexual o discriminación racial hacia los estudiantes. También ha llamado la atención sobre dar cumplimiento a los Manuales de Convivencia y a tener los protocolos que la normatividad exige, mientras se tiene siempre de presente que la idea es no agravar la situación, no promover la violencia ni la venganza y tener en cuenta que el bullying afecta la integridad física y mental de quien lo padece, así como su relación con la comunidad.

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Según Piñeros, los colegios deben ser espacios de diversidad, que enseñen al observador (el estudiante que no participa en el matoneo) a reconocer que, por ejemplo, usar un apodo puede ser matoneo. O bien que haya espacios para denunciar, como buzones anónimos, y que los colegios no tengan miedo de iniciar los procesos disciplinarios que correspondan cuando la ruta de atención integral no es efectiva.

El experto Ómar Suárez explica que los colegios también deben hacer una labor de comunicación más efectiva de sus procesos internos, y Piñeros enfatiza en hacer un llamado a la grandeza por parte de las directivas de colegios, en apropiar lo que ordena la Corte, y en saber leer por qué un caso salió de la comunidad educativa.

“Me preocupa un poco —dice Piñeros— cómo tomamos las sentencias. Ojalá que no sea para armarnos más legalmente y sí para que aprendamos. Tratemos, en lo posible, de  resolver las situaciones como quisiéramos que los niños las resuelvan”.