Zona de paz con disidencias de las Farc en Tibú: ¿una victoria del ELN?

Hay quienes prefieren ver el vaso medio lleno, aunque otros lo ven medio vacío. El dicho viene a cuento por la decisión del presidente Gustavo Petro de crear una Zona de Ubicación Temporal (ZUT) en la zona rural de Tibú, Norte de Santander, tras llegar a un acuerdo con el Frente 33 del Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc.

Para los optimistas, se trata de un avance en su política de paz total. “Comienza la paz del Catatumbo”, sentenció el jefe del Estado al referirse al acuerdo logrado entre el Gobierno nacional y representantes de este frente del EMBF (Estado Mayor de los Bloques y Frentes) de las Farc-EP.

El mandatario precisó: “Se acuerda zona de paz para la dejación de la violencia con el Frente 33 del Estado Mayor y el Gobierno nacional. Allí se congregarán los combatientes y armas”.

Y adjuntó a su mensaje un comunicado de la Mesa de Diálogos de Paz entre el Gobierno y el EMBF de las FARC-EP, titulado Acuerdo de Catatumbo, donde se precisa que se definió la instalación de una ZUT en el área rural de este municipio, para ubicar allí a los integrantes de ese grupo.

En esa zona delimitada geográficamente “se garantizará el Estado social de derecho y el funcionamiento de las instituciones que participarán en las transformaciones territoriales acordadas en el marco de la Mesa de Diálogo de Paz, con participación activa de las comunidades del Catatumbo, con respeto a sus derechos y libertades”.

¿Cuánto tiempo estarán allí?

Para la definición de esta zona —agrega el comunicado—, “se analizaron y evaluaron las propuestas presentadas por las partes y finalmente se concertó su ubicación, teniendo en cuenta las condiciones de seguridad, logísticas, geográficas y administrativas requeridas para cumplir con las necesidades básicas de permanencia temporal para los integrantes del Frente 33 del EMBF Farc-EP que participarán en la paz con justicia social y ambiental".

Las delegaciones elaborarán los acuerdos y protocolos necesarios para el establecimiento de la Zona de Ubicación Temporal y su funcionamiento, así como la duración de cada una de sus fases.

El comunicado está firmado por las delegadas y los delegados del Gobierno nacional en la Mesa de Diálogos de Paz: Gloria Quiceno Acevedo, Luz Dary Landázuri, Genny Calvo y Feliciano Valencia Medina; y por John Mendoza, Andrey Avendaño, Richard Suárez y Willinton Henao, delegados del EMBF Farc-EP.

Hasta ahí, la lectura optimista. Sin embargo, entre los expertos que siguen el curso de la confrontación armada en el país hay inquietud.

¿Es un triunfo, de alguna manera, del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que arrinconó a los disidentes tras la cruel ofensiva que lanzó en el Catatumbo? Jorge Mantilla, doctor en Criminología de la Universidad de Illinois y experto en seguridad, crimen y conflicto, cree que así es.

Tres razones de peso

Mantilla explica tres razones principales: en primer lugar, el ELN se convierte en el único actor hegemónico en la región. En segundo lugar, se abre una ventana de oportunidad para que aquellas personas del Frente 33 que no transiten hacia la vida civil o que pretendan continuar en las armas o en las economías ilícitas se pasen a las filas del ELN.

Y, por último, seguramente se generará una narrativa en la región sobre cómo la acción del ELN a principios de año contribuyó a la salida de “la banda del 33”, como la denominan ellos.

“Entonces creo que ganan por todos lados y, de alguna manera, también van a quitarse una presión militar del Estado en esta región, que tendrá que concentrarse fundamentalmente en garantizar la seguridad de aquellas personas que se concentren en esa área”, asegura Mantilla.

“Se debe tener en cuenta que el Frente 33 del EMBF decide concentrarse porque fue duramente golpeado por el ELN, más no por la acción disuasiva estatal”, afirma por su parte Luis Trejos, analista del conflicto y profesor de la Universidad del Norte.

Para este experto, el Estado tiene el reto de garantizar la seguridad de los miembros del Frente 33, lo cual es complejo si se considera que en esa región el ELN ha asesinado a varios firmantes de paz de las antiguas Farc.

Durante la cruenta ofensiva del ELN, sus unidades armadas fueron hasta las propias viviendas de sus adversarios -entre ellos varios firmantes del acuerdo de paz- y los asesinaron a sangre fría.

¿Cuál será el modelo de justicia?

Por otro lado, dice Trejos, queda la duda sobre el modelo de justicia que se aplicará a esta estructura y qué rol jugarán sus víctimas en este proceso.

En efecto, ¿qué mecanismo jurídico se aplicará para quienes fueron firmantes del acuerdo de paz de 2016 y volvieron a tomar las armas?

Un reto importante, además, de este proceso, es iniciar las transformaciones territoriales cuando el grupo aún no se ha desmovilizado y el ELN sigue activo y fuerte en la región, ya que pueden producirse situaciones de clientelismo armado que legitimen la violencia como medio eficaz para lograr inversiones públicas.

Sebastián Guerra, experto en el conflicto armado, sostiene que esta situación que inicia en Tibú se enmarca en lo que podría denominarse “paces por recogida”: lo que mueve la voluntad de los grupos armados para pactar con el Gobierno nacional o iniciar procesos de salida de la ilegalidad no es tanto la acción disuasiva de la fuerza pública ni los incentivos propios de un proceso de negociación, sino la acción de otros grupos armados: la dinámica de guerras horizontales, asegura él.

“Cuando un grupo se ve amenazado o arrinconado por otro, el Estado lo recoge y le ofrece inicialmente un espacio seguro y, eventualmente, una salida (salida que, en todo caso, no es muy clara hoy, a falta, por ejemplo, de un marco jurídico)”, añade.

El ELN los persigue, ellos negocian

Y este analista cita varios ejemplos. Es el caso de Comuneros del Sur, que venía de una guerra durísima con el Frente Franco Benavides; o el de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, acosadas por la expansión del Clan del Golfo. El ejemplo más claro es, por supuesto, el del Frente 33 en el Catatumbo, casi exterminado por el ELN. El Estado lo recoge y le ofrece una zona segura en estas Zonas de Ubicación Temporal.

Este tipo de procesos, por su naturaleza, no requieren transformaciones territoriales ni amplias agendas sociales para mover la voluntad del grupo armado, lo cual es, paradójicamente, un gran componente de los procesos de la paz total.

Por otra parte, el acuerdo en el que se comunica la ZUT no está firmado por Camilo González Posso, jefe del equipo negociador del Gobierno, lo que genera dudas respecto a la unidad de ese equipo, asegura Guerra. Tampoco lleva firma de garantes, lo que plantea interrogantes sobre el respaldo de la comunidad internacional, dice este analista.

Por parte del grupo armado, esta decisión de preagrupamiento confirma que los bloques articulados en el denominado EMBF actúan según sus particularidades y las dinámicas territoriales en las que están involucrados.

Si se avanza con el preagrupamiento, podría decirse que el proceso con el EMBF se ha dividido en dos procesos muy distintos, con liderazgos diferentes y con dinámicas y ritmos también distintos.

Un mar de coca

La región del Catatumbo es un área donde grupos armados se disputan el control de las economías ilícitas, especialmente la coca. Más de 61.000 personas han sido desplazadas de sus hogares en esta ofensiva lanzada por el ELN.

Era tan crítica la situación que esto llevó al Gobierno del presidente Petro a decretar el estado de conmoción interior en la región.

Un informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) señala que las disidencias surgieron en el Catatumbo en 2017 bajo el liderazgo de alias Jhon Mechas, gracias a acuerdos y apoyo del ELN. En 2021, Gentil Duarte e Iván Mordisco enviaron a alias Richard como jefe financiero, quien incrementó las extorsiones, los secuestros y el reclutamiento de menores. Incluso estableció “centros de resocialización” como el de La Jabonera, en la frontera con Venezuela.

Un año después, Richard comenzó a modificar los acuerdos con el ELN sobre el control del narcotráfico en la región, que alberga cerca de 44.000 hectáreas de cultivos de coca, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), lo que desató tensiones y fracturó la coexistencia entre ambos grupos.

Para 2023, el Frente 33 se había expandido y pasó a ser el Bloque Magdalena Medio, en pleno proceso de paz, convirtiéndose en un rival político del ELN. Incluso, para ganar legitimidad en la región, comenzó a financiar “obras sociales” para las comunidades, utilizando recursos del narcotráfico, la extorsión, la minería ilegal y el contrabando.

De los acuerdos a la confrontación a muerte

Estos cambios llevaron a varias reuniones entre el ELN y las disidencias para intentar restablecer los acuerdos previos. Sin embargo, las tensiones entre ambos grupos aumentaron.

Otro factor clave fue el acercamiento entre el Bloque Magdalena Medio y el Gobierno nacional. En julio de 2024 se anunciaron compromisos sobre transformación territorial y asuntos ambientales derivados de las jornadas de diálogo social, además de la creación de zonas especiales de intervención para ejecutar acuerdos parciales, entre ellas el Catatumbo.

En otras palabras, el Gobierno y las disidencias avanzaban en proyectos concretos que no solo involucraban a las comunidades, sino al propio Frente 33, permitiéndole capitalizar la llegada de estas inversiones, agrega la FIP.

Venezuela también jugó un papel en las tensiones entre el ELN y el Frente 33. Desde su creación en 2017, esta disidencia se asentó en el estado de Zulia, estableciendo acuerdos con políticos y militares venezolanos.

Inicialmente, el ELN lo toleró con cautela, pero con el tiempo la situación derivó en un creciente conflicto. Finalmente, están las acusaciones del ELN sobre una posible alianza del Frente 33 con integrantes del Clan del Golfo y su llegada al Catatumbo, al parecer liderada por Richard.

La crisis humanitaria del Catatumbo

Todo esto llevó al ELN a percibir a las disidencias como una amenaza real para su control histórico en la región. Por ello, a finales de 2024 se inició la planificación de la operación, prevista para comenzar a principios de diciembre. Sin embargo, no fue hasta el 16 de enero de 2025 que se desató la crisis humanitaria en el Catatumbo.

El diseño de la estrategia estuvo a cargo de Pablito, jefe militar del ELN, y se llevó a cabo a pesar de que esa misma semana se había pactado una reunión en La Habana (Cuba) para intentar reactivar la mesa de diálogos, estancada desde marzo de 2024. Hoy se sabe que el ELN contó con el respaldo del Frente de Guerra Oriental, que opera en Arauca.

Sin embargo, no hay pruebas creíbles de un gran desplazamiento de combatientes, como afirmaron algunos medios citando fuentes de inteligencia. En el caso de las disidencias, el rápido y desordenado reclutamiento debilitó su capacidad de resistencia ante la ofensiva del ELN. El propio Andrey ha reconocido que el reclutamiento masivo de jóvenes sin experiencia en combate dejó al Frente 33 sin capacidad de reacción.

Hasta ahora, por lo visto, el proceso se inicia en medio de la improvisación. “No hemos recibido ninguna información frente a la dejación de armas de los integrantes del Frente 33 de las Farc, no sabemos cuántos hombres van a ingresar, ni mucho menos si van a entrar con armas o sin ellas a una zona en donde hay presencia del ELN y quiénes van a ser los verificadores”, dice Luis Fernando Niño, consejero de paz en Norte de Santander.

Y hoy, a juicio de los analistas, la situación es muy inquietante: el ELN no solo ganó y se siente más poderoso, sino que el Frente 33 ahora tuvo que buscar protección en manos del Estado para sobrevivir.

Por eso decidieron concentrarse en una zona, mientras que el Gobierno lo presenta como un avance en la paz total.