Acuerdo de Paz: entre el silencio de los fusiles y las promesas incumplidas
El Acuerdo de Paz cumple ocho años.
Crédito: Colprensa
- Noticia relacionada:
- Gustavo Petro
- Álvaro Uribe Veléz
- Farc
- Proceso de Paz
Desde que el Gobierno y las Farc firmaron la reconciliación, hace ocho años, el 24 de noviembre de 2016, han sido asesinados 465 exguerrilleros. Análisis
Por: Armando Neira
Frente al Acuerdo de Paz con las Farc, el gobierno del presidente Gustavo Petro actúa de manera ambivalente, como el doctor Jekyll y Mister Hyde de la novela de Robert Louis Stevenson. Un día se presenta como su mayor defensor y, al siguiente, como un crítico más.
El presidente Petro nombró a Juan Fernando Cristo como ministro del Interior, quien tiene entre ceja y ceja la obsesión de acelerar la implementación del acuerdo, pues considera que esta es una deuda histórica del Estado con los habitantes de esa Colombia profunda y olvidada en donde se hicieron fuerte las hoy desarmadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc-Ep).
También el jefe del Estado designó a Danilo Rojas como alto comisionado de paz, quien permitió, entre otras cosas, a Iván Mordisco bautizar a su minoritario grupo disidente como Estado Mayor Central de las Farc-Ep. Con semejante licencia, el ciudadano de a pie se pierde: ¿Por qué conmemorar ocho años de la firma del Acuerdo de Paz cuando hoy mismo las Farc-Ep están vivas y coleando como lo demuestran las acciones de Mordisco?
Un error estratégico y político, sin duda. La gran mayoría de firmantes han cumplido el acuerdo y luchan a diario por construir un futuro mejor. Los armados de hoy son un grupo de disidentes que en proporción no superan a los de otros acuerdos firmados en el mundo.
La palabra empeñada
Rodrigo Londoño Echeverri, director del partido Comunes y antiguo comandante de las Farc, insiste: “Han transcurrido ocho años desde que firmamos el Acuerdo de Paz y puedo decir, sin temor a equivocarme, que la voluntad de paz de los antiguos combatientes de las extintas Farc-Ep sigue intacta. A pesar de las dificultades, seguimos firmes por la paz de Colombia”.
A pesar de los avances porque se sacó del terreno de la violencia a la organización ilegal más antigua y cohesionada en la historia del país, la realidad es compleja.
Según las instituciones encargadas del seguimiento al acuerdo, la implementación presenta serios retrasos, principalmente en el área de seguridad, donde los asesinatos de excombatientes generan desazón.
Desde 2016, 465 exguerrilleros han sido asesinados, según la Misión de Verificación de la ONU. Este tema, como señala Raúl Rosende, representante especial adjunto de dicha misión, representa uno de los mayores desafíos en el cumplimiento del acuerdo.
Por otro lado, se han logrado avances en el punto de tierras. Rodrigo Granda, exintegrante de las Farc, afirmó:
“Podemos decir que en tierras es donde más se ha avanzado. Los firmantes de paz hemos recibido unas 6.000 hectáreas de tierra en todo el territorio nacional”.
No hay soluciones estructurales
Sin embargo, como lo explicó el contralor general de la república, Carlos Hernán Rodríguez, la implementación del acuerdo presenta problemas de ejecución en términos de eficiencia y resultados, lo que compromete el desarrollo estructural en las regiones priorizadas.
El balance presentado por el funcionario concluye que, pese a los recursos asignados al Punto 1 del acuerdo (Reforma Rural Integral), no se han logrado cambios estructurales en las zonas rurales del país, ni siquiera en los municipios priorizados por los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Esto se debe a una gestión descoordinada que compromete la eficacia y eficiencia de los recursos públicos.
A pesar de los recursos asignados, el ritmo de implementación sigue rezagado. Entre 2017 y marzo de 2024, se han ejecutado 88,5 billones de pesos, que representan el 45 por ciento del total previsto. Sin embargo, los cambios estructurales en las regiones más afectadas por el conflicto aún están pendientes. La Contraloría General ha identificado 511 hallazgos administrativos y 102 con incidencia fiscal relacionados con la ejecución de los recursos.
El presupuesto para la reincorporación en 2025 será recortado en un 73 por ciento, lo que pone en riesgo programas fundamentales para los excombatientes. El partido Comunes ha expresado su alarma frente a este recorte, calificándolo como un contrasentido frente a las violaciones de los derechos de los firmantes y sus familias.
El acoso de los violentos
Alejandra Miller, directora de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), explica: “Es una violencia asociada al control de los territorios en disputa. Muchos firmantes del Acuerdo de Paz quedan en la mitad de enfrentamientos entre grupos armados”.
La expresión “traslado por seguridad”, como señala el sociólogo Eduardo Pizarro, es en realidad un eufemismo que oculta un desplazamiento forzado, considerado un crimen de guerra según el Estatuto de Roma.
“Solo transformando esos territorios y si toda la sociedad colombiana y los partidos políticos nos comprometemos a fondo para hacer las inversiones de manera eficiente en esos 16 territorios PDET, vamos realmente a acabar la violencia en este país”, dice Cristo.
Palo a la JEP y a la Comisión de la Verdad
El Gobierno también se ha mostrado ambivalente en otros temas, como lo señala Carlos Andrés Ramírez González, magíster en Estudios Políticos de la Universidad Nacional de Colombia, en un artículo publicado en Razón Pública y titulado ‘Entre la confusión y el cambio de narrativa’.
Más recientemente, el presidente Petro cuestionó a la JEP como tribunal de cierre y el problema que, según él, implica tener verdades fragmentadas en los tribunales. El problema con esto es que, como bien señaló en su momento Roberto Vidal en una entrevista, se desconoce el enorme trabajo del tribunal en la búsqueda de la verdad, y se ataca directamente la efectividad de uno de los pilares de los acuerdos de paz.
Aún más graves fueron las declaraciones del entonces canciller Álvaro Leyva en el Consejo de Seguridad de la ONU a finales del año pasado, donde dijo que la verdad se estaba limitando en el tribunal y que lo pactado se estaba "descarrilando".
Debe reconocerse que el Gobierno no es el único protagonista de estas críticas, pues la falta de sentencias del tribunal ha generado una ola de críticas sobre su accionar.
De la misma manera, el Gobierno ha tenido una posición poco clara respecto al informe de la Comisión de la Verdad y a la construcción de la verdad después de la firma de los acuerdos. María Gaitán, directora del Centro Nacional de Memoria Histórica, ha manifestado que la verdad plasmada en el informe es limitada.
De cualquier manera, el Acuerdo de Paz firmado en 2016 sigue siendo un ejemplo de reconciliación en un mundo donde los conflictos se resuelven con armas cada vez más sofisticadas.
Sin embargo, los asesinatos de excombatientes, los desplazamientos forzados en los ETCR y la falta de avances significativos en la implementación muestran que el camino hacia una paz sostenible está lleno de desafíos.
El éxito del acuerdo dependerá de la capacidad del Estado para garantizar la seguridad, acelerar la ejecución de recursos y transformar los territorios golpeados por décadas de conflicto.
