Alejandro Linares cuelga la toga: “Soy partidario de la ‘Paz grande’, más que de la Paz Total”

Alejandro Linares.

Crédito: Colprensa

2 Diciembre 2023

Alejandro Linares cuelga la toga: “Soy partidario de la ‘Paz grande’, más que de la Paz Total”

En su primera entrevista a medios de comunicación, en el cierre de sus ocho años como magistrado de la Corte Constitucional, Alejandro Linares habla sobre la "Paz Grande", la inoperancia justicia ordinaria, el desencanto por la no comparecencia forzosa de terceros ante la JEP y la satisfacción de haber sido un guardián de la Constitución del 91

Por: Ana Cristina Restrepo Jiménez

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Cambio Colombia

El 3 de diciembre del año 2015, Alejandro Linares Cantillo ingresó a la Corte Constitucional (CC). Bajo la guía de la Constitución de 1991 ―laica y con un espíritu liberal cuya amplitud raya con la rebeldía― navegó ocho años en busca de los vientos de la “doctrina del cinco” (procurar al menos cinco votos entre nueve magistrados, para aprobar sus propuestas). 

Abogado de Los Andes con especialización en Finanzas de la misma universidad, magíster de Harvard Law School y Ph.D. de la Universidad Externado de Colombia, hoy Linares culmina su turno como guardián de la Constitución de 1991.

Después de regalar sus libros de Derecho a su equipo de trabajo, cuelga su toga, la misma con que alguna vez fueron investidos juristas memorables como Ciro Angarita Barón, Alejandro Martínez Caballero, José Gregorio Hernández Galindo o Carlos Gaviria Díaz, pero también personajes absolutamente prescindibles como Jorge Pretelt Chaljub. 

Sin toga ni corbata, Linares Cantillo estrena su calidad de “exmagistrado” en esta conversación con la Revista CAMBIO: 

ANA CRISTINA RESTREPO JIMÉNEZ: ¿Cuál es el balance inicial que hace de estos años? 

ALEJANDRO LINARES CANTILLO: Es un balance muy positivo, digamos, extraordinario, de una gran riqueza. El paso por un cuerpo colegiado tan importante como la Corte Constitucional lo enriquece a uno mucho porque aprende de los demás y aprende uno a construir decisiones que son importantes para el país.

A.C.R.J.: Cuando sale o entra un magistrado siempre la pregunta es ¿cómo quedan las fuerzas políticas dentro de la CC (hoy son de tendencia liberal: Juan Carlos Cortés, Diana Fajardo, Antonio José Lizarazo, Natalia Ángel y Linares. Los conservadores son Cristina Pardo, Paola Meneses, Jorge Enrique Ibáñez y José Fernando Reyes)? Entra el magistrado Vladimir Fernández Andrade, ¿cómo quedan las fuerzas?

A.L.C.: Yo diría que -las fuerzas quedan similares. Todo depende, pues, las inclinaciones, la visión de la vida de los magistrados. Yo, por ejemplo, soy un magistrado muy liberal en temas de libertades, pero más conservador en temas económicos. Creo que la persona que me reemplaza, como viene de la escuela del Externado, sería muy liberal, pero no sé su posición en temas económicos. De pronto también en ese tema también es más liberal que yo, que soy más, digamos, auto-restringido.

A.C.R.J.: En la presidencia de Gustavo Petro van a salir cinco magistrados. Es decir, es un cambio muy importante. ¿Cómo esperaría que quede la CC cuando cierre este periodo presidencial?

A.L.C.: Creo en la arquitectura constitucional: el presidente puede ternar a tres magistrados. El Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia también pueden ternar a tres. Creo que la institucionalidad va a generar unos cambios en la Corte que no van a ser tan abruptos frente a la justicia. Se supone que los magistrados que vienen ternados por el presidente siguen la línea del presidente, pero los ternados por el Consejo de Estado o por la Corte Suprema de Justicia reflejan más una representación de lo que es la rama judicial. Los abogados, por lo general, somos muy institucionalistas, de cierta manera conservadores. 

A.C.R.J.: En programas de opinión y en columnas suelen anunciar que “se falló en derecho”. Con frecuencia cuando un opinador dice que alguien “falló en derecho” es porque lo hizo como a esa persona le gusta. El hecho de que sea pública la ideología o la posición política de un magistrado de una alta corte, ¿es transparencia o le resta legitimidad? 

A.L.C.: No, yo creo que no existe objetividad plena. No existe el magistrado neutral, porque uno falla de acuerdo con base en su lectura de la Constitución, su experiencia, su educación, sus ideas. Lo que uno trata es de interpretar normas que son de textura abierta, que reflejan la posición que uno tiene frente a la lectura de la Constitución: una misma norma puede significar diferente para dos magistrados porque cada uno tiene unas experiencias, unas vivencias de vida muy distintas a las del otro magistrado. Por eso los debates en la corte son ricos, porque cada magistrado viene de distintas especialidades, distintos géneros, distintas visiones del mundo, distintas creencias religiosas, y eso hace que en las discusiones esos temas salgan. Lo que uno tiene que hacer es construir una decisión colectiva que refleje la mayoría.

A.C.R.J.: En esas conversaciones se van conociendo, y más o menos intuyen cuál es el voto de esta o aquella persona. De la CC, como está en este momento, ¿quién diría usted que es el magistrado o la magistrada más sorpresiva?

A.L.C.: Yo diría que depende de los temas. Ciertos temas difíciles, morales, que tienen que ver con el aborto, la eutanasia; temas donde implica profundas reflexiones filosóficas, más o menos uno sabe cómo están los votos en la Corte, por las creencias de los colegas. Otros temas son distintos, no tan discutidos. Las posiciones generalmente son predecibles pero a veces hay sorpresas, ¿no? Eso pasa, por ejemplo, en temas de paz, uno sabe más o menos cómo piensan las personas en relación con eso. En temas como impuestos o cómo decretar gasto o derechos de los indígenas, más o menos uno va conociendo a sus colegas, para entender cómo piensan, pero a veces se equivoca uno, digamos, en su visión de cómo cree que van a votar.

A.C.R.J.: ¡Pero deme nombres de esas personas que son sorpresivas!

A.L.C.: Yo le daría el nombre de Cristina Pardo: una magistrada que tiene claramente definidas sus creencias religiosas, ella es muy católica. Uno la respeta mucho. Por ejemplo, hoy fui a desocupar mi oficina y le regalé un cuadro de la Virgen de la Bordadita que tenía: uno tiene que conocer las personas y entender cómo piensan. En temas como aborto, como eutanasia, tiene sus creencias morales muy profundas y uno tiene que aprender a respetar. A pesar de eso, la admiro mucho a ella porque es muy clara y directa en sus posiciones: la coherencia intelectual de las personas y la coherencia moral la respeta mucho. 

A.C.R.J.: ¿Y ese cuadro por qué estaba en su oficina? 

A.L.C.: Lo heredé del doctor Tafur [Álvaro Tafur Galvis], él se lo heredó al doctor González y yo lo heredé del doctor González [predecesor de Linares, Mauricio González Cuervo]. Estaba desocupando la oficina y dije: esta Virgen es la Virgen de la Bordadita, de la Universidad del Rosario. Cristina es de la Universidad del Rosario, entonces se la regalé. 

A.C.R.J.: Esa famosa cruz de la Corte Constitucional, ¿qué tanto es materia de discusión entre ustedes?

A.L.C.: Hemos tenido discusiones muy profundas sobre si debe haber un Cristo en la sala plena. Recuerdo que, recién llegado, hubo un derecho de petición [de Juan Sebastián Vega, abogado sustanciador del despacho del entonces vicepresidente de la Corte Constitucional, Luis Guillermo Guerrero] para que lo sacáramos. La mayoría de la sala determinó que era un elemento cultural, pero yo salvé el voto en esa decisión junto con el doctor Rojas [Alberto Rojas Ríos] y el doctor Palacio [Jorge Iván Palacio Palacio]. Nosotros somos más laicos, menos creyentes; en ese sentido, consideramos que había que retirar el Cristo. Pero como en la Corte las decisiones se toman por mayoría, pues el Cristo todavía está y obviamente hay mucha gente que quisiera que lo saquemos o que todos los símbolos de las distintas religiones del mundo estuvieran en la sala plena, simplemente para que el Estado o la Corte Constitucional no se vieran inclinados en favor de alguna religión. Hay que reconocer que nosotros somos tradicionalmente un país católico, apostólico y romano, pero eso no significa que el Cristo deba estar en la sala plena, pero uno tiene que respetar las creencias de sus colegas. 

A.C.R.J.: Hablemos de decisiones. ¿Hay alguna sentencia de la cual usted diga “me siento orgulloso” o considere su gran logro en la Corte? 

A.L.C.: Las sentencias son colectivas, son de la Corte, son de la sala, por esa razón yo me siento orgulloso de la sentencia de aborto. No estuve ahí, estuve “en la banca”: es como si el equipo anota un gol y uno mira desde la banca, porque, infortunadamente, por hablar mucho, me recusaron de esa decisión y no pude participar, pero en esa sentencia, la C-055 del 22 [“Sentencia Causa Justa”: despenalización del aborto antes de la semana 24 de gestación], la Corte removió adicionalmente las barreras para que las personas se puedan practicar la interrupción voluntaria del embarazo, las personas gestantes. En ese sentido, me sentí muy contento con la decisión de la Corte, de seguir avanzando. Fue una decisión por un conjuez [Julio Andrés Ossa], 5-4, lo que muestra las posiciones de los distintos magistrados en esos temas tan sensibles como el aborto. Me siento orgulloso, primero, porque fue una lección para mí, por hablar mucho, pero número dos, sentí que el hecho de que yo no estuviera presente en la sala, pero que haya triunfado mi visión, no es un triunfo mío: es un triunfo colectivo de la Corte en el avance de los derechos de las mujeres. Obviamente, hubo mucha oposición a la decisión, pero esas son las decisiones que avanzan en los derechos de las mujeres, va a ayudar sobre todo a las mujeres más vulnerables, a las más pobres, que tienen que practicarse la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de marginalidad terribles que afecta de manera importante su salud e incluso su vida. Es una decisión importante para ese tipo de mujeres (las mujeres de alto estrato pueden ir a cualquier sitio a practicarse un aborto), personas que tienen muchas barreras de acceso al sistema de salud, que las marginalizan mucho, que las estigmatizan.

A.C.R.J.: Con esta respuesta también contestó mi siguiente pregunta, que es sobre su mayor metida de pata en estos años… ¿O ha habido algo peor?

A.L.C.: Yo creería que no fue una metida de pata tan grande, aunque me generó unas denuncias penales que afectaron no mi tranquilidad, sino la tranquilidad de mi familia. Mi esposa sufrió mucho con esa denuncia penal, pero el único causante de ese problema fui yo, por hablar mucho. Ahora, no quiere decir que no haya hecho la verdad, sino que a veces, en este país, no se puede decir toda la verdad porque saltan todos los medios a atacarlo a uno, sobre todo en temas tan sensibles, porque eso tenía que ver con una tutela del expresidente [Álvaro] Uribe, que también fue muy discutida en la Corte. Uno aprende de sus errores, como decía Oscar Wilde: “La experiencia es el título que le damos a nuestros errores”. Aprendí la lección. Por eso, después de haber estado callado varios años, vuelvo otra vez a atender a la prensa con usted y espero que esta entrevista no me genere mayores problemas como la que me generó esa entrevista de esa época. Uno aprende, siempre aprende. Nadie es perfecto. Uno va creciendo con los errores que comete en la vida.

A.C.R.J.: Exmagistrado Linares, si usted tuviera la oportunidad de repetir ese momento en que habló más de la cuenta pero en el que dijo la verdad, como usted mismo lo ha dicho, ¿lo volvería a hacer? 

A.L.C.: No, sobre todo porque cuando uno habla más de la cuenta se somete a que lo puedan recusar en temas en los cuales uno quiere participar en las discusiones de sala. Si tuviera que volver a empezar, no volvería a hablar con los periodistas al aire, sino sencillamente hablaría informalmente, pero nunca al aire, no en vivo y en directo.

A.C.R.J.: Quedémonos en los derechos de las mujeres, en los derechos de las niñas indígenas contrapuestos a la protección constitucional de la jurisdicción indígena. Se siente como si ese choque se resolviera a punta de tutelas, como si las niñas indígenas continuaran en una zona gris de desprotección. 

A.L.C.: Creo firmemente en eso. Creo que se ha dado un debate muy interesante en el derecho constitucional: hasta dónde respeta uno la autonomía indígena. Nosotros tomamos una decisión, con ponencia mía, que fue una sentencia muy bonita, en la cual reconocimos que la perspectiva de género puede intervenir dentro de la autonomía de la jurisdicción indígena. Protegimos a una niña que no la estaban dejando participar como representante de un cabildo frente al Estado, señalamos que había que proteger los derechos de la mujer al interior de una comunidad indígena. Antes se decía que la Corte podía intervenir en lo que se llama el núcleo duro, la vida y la integridad personal de las mujeres y de los hombres indígenas, pero esta es una decisión que va un poquito más allá, tratando de extender los derechos de las mujeres aún al interior de una comunidad indígena que se supone que no está sujeta a los estándares occidentales de perspectiva de género. Esa decisión fue criticada por ser neocolonialista, en el sentido de que por qué nosotros los occidentales estamos interviniendo dentro de la autonomía indígena, pero creo que más y más está haciendo carrera la tesis de que incluso las comunidades étnicas tienen que cumplir con ciertos estándares que están en los instrumentos de derechos humanos internacionales. Ese es un debate, no solo en Colombia, en el mundo. Creo que la Corte en estas decisiones lo que trata es de proteger a las mujeres indígenas, unas mujeres que están en dificultades y en situaciones de vulnerabilidad.

A.C.R.J.: A propósito de derechos humanos, hay una sentencia [C-674/17] que nos sorprendió a muchos: usted es cercano al expresidente Juan Manuel Santos, siempre ha estado del lado de los Acuerdos de La Habana. ¿No cree que la CC se equivocó al excluir a los terceros civiles de la comparecencia forzosa ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)? Estos terceros civiles no estuvieron en Justicia y Paz, existen más de 13.000 compulsas a terceros en Fiscalía (sospecho que muchas no se moverán de ahí). ¿La Corte Constitucional no desconoció el DIH con esa decisión?

A.L.C.: Esa pregunta es extraordinaria, pero me toca explicar el contexto. Creo que tanto las Farc, como el Gobierno Nacional, cuando le entregaron a la Corte la facultad de revisar todo el Acuerdo Final y su implementación, le entregaron a la Corte un regalo envenenado. Es decir, convirtieron un tema político en un tema jurídico y yo todavía me estoy preguntando por qué la Corte tuvo esa función tan importante. Mirando el balance en el largo plazo creo que fue positivo. Ahora, eso no quiere decir que no nos hayamos equivocado en algunas decisiones. Por ejemplo, el otro día estaba hablando con un académico de Yale que me hizo la misma pregunta que usted me hace. Hay varios tipos de respuestas. La real es que sólo había dos votos. La respuesta que está en la sentencia es que el juez natural de los civiles, o sea, los no combatientes, es la justicia ordinaria. En ese sentido, lo que estaba haciendo el acto legislativo es imponer otro juez natural a las personas que no hayan sido parte del conflicto, a los que no hayan sido armados. Eso es lo que dice la sentencia C-674 del 17, cuyo ponente fue el magistrado Luis Guillermo Guerrero: esa era la propuesta que él le hizo a la sala plena. Pero en la sala plena, sólo dos magistrados queríamos declarar la constitucionalidad de esa norma. Entonces, mi respuesta pragmática es que no hubo el ambiente suficiente en la sala plena para poder cambiar, después de una guerra, el juez natural de los terceros combatientes. 

A.C.R.J,: Le pido que sigamos en “modo profesor”. Entonces, ¿por qué los militares, que tienen como juez natural la justicia penal militar, sí tienen otro tratamiento?

A.L.C.: Buena pregunta. No quiero sonar que estoy haciendo mansplaining, pero los militares sí son combatientes, además están sometidos al derecho internacional humanitario. Los militares quedaron sometidos a la JEP de una manera simétrica con los excombatientes de las Farc. Es una justicia distinta, pero de manera simétrica los militares se sometieron a la JEP. La distinción está en que como estamos cerrando una guerra entre las Farc y el Estado colombiano, en esa guerra se acordó un nuevo juez, sometido al Estatuto de Roma, que era la JEP. Esa tesis del cierre de la guerra no les aplicaba a los que no habían estado en la guerra. A mí me parece interesante que la JEP acabó de admitir a [Salvatore] Mancuso, en el sentido de que consideró que él era una bisagra entre una de las partes del conflicto armado: el tema de fondo ahí es si ese grupo o si esas personas eran o no parte del conflicto armado, porque se supone que la JEP es una justicia sobre las personas que participaron. Nosotros señalamos que la comparecencia de los terceros debería ser voluntaria, y los terceros que se quisieran someter a la JEP lo podían hacer dentro de los tres meses siguientes. Eso se señaló en la ley estatutaria de la JEP. Infortunadamente, los terceros no se han sometido, como usted señalaba, pues hay muchas compulsas de copias. Sin embargo, creo que desde el punto de vista práctico también, en la medida en que ve uno la JEP relativamente congestionada, es mejor que primero juzguen a los máximos responsables y después pensemos en el futuro, porque yo creo que los procesos de paz son secuenciales. En el futuro habría que pensar en una fórmula para incluir no solo a las partes del conflicto, sino a terceros dentro de una jurisdicción para la paz. Si uno hiciera la paz con el ELN (no estoy diciendo que el ELN deba ir a la JEP), en el mecanismo de justicia que se consagre, seguramente muchos terceros van a querer ir. Además, teóricamente, si uno se queda en la justicia ordinaria, le están aplicando las penas ordinarias, mientras que en la JEP hay unas sanciones propias, hay unas sanciones distintas, pero no son tan fuertes como las penas de la justicia ordinaria. Si uno fuera tercero, que hubiera participado ayudando a alguna de las partes en el conflicto, recibiría un tratamiento penal mucho mejor, más beneficioso en la JEP que en la justicia ordinaria. El problema es la inoperancia de la justicia ordinaria en esos casos.

A.C.R.J.: Usted me dice que los militares son combatientes, obvio, son un ejército; pero la decisión de la CC parece asumir que esos terceros no tuvieron ejércitos, cuando sabemos que hubo terceros que no solamente fueron bisagras, sino que comandaron ejércitos. ¿Usted tiene fe en la paz total?

A.L.C.: Soy partidario de la paz, más que la paz total, de la ‘paz grande’, de la que hablaba el padre Francisco de Roux. Creo que hay que solucionar el conflicto armado en Colombia, no tengo duda. La paz con los grupos políticos tiene un camino constitucional ya labrado, maduro. Creo que hay que sentarse con grupos tan fuertes como el Clan del Golfo, no a negociar, pero sí a hacer acercamientos, porque si uno logra la paz con los grupos que tienen naturaleza política, pero no logra desmantelar las estructuras armadas, eso puede generar problemas; por ejemplo, que esas estructuras maten a quienes se sometan al Estado de Derecho. Si se hace la paz con el ELN, nada garantiza que estructuras armadas organizadas de alto impacto, puedan empezar a afectar la seguridad personal de las personas que se desmovilizan. Desde un punto de vista macro, si uno no desmantela esas estructuras armadas organizadas, pero negocia acuerdos de paz con grupos de naturaleza política, tiene que tener la capacidad de copar los espacios que dejan esos grupos de naturaleza política. Dentro de la visión que yo le entiendo al presidente Petro, creo en la ‘paz grande’, en el sentido de que no solo son los grupos que están con una naturaleza política tipo ELN, sino también creo que grupos como el Clan del Golfo tienen que someterse a la justicia: entiendo la visión del presidente Petro. Es una visión más amplia, que va más allá de la historia de Colombia, porque históricamente nuestros conflictos eran de naturaleza con grupos políticos, pero creo que cómo ha permeado el narcotráfico y la minería ilegal en esos grupos que tienen control territorial, hay que desmantelarlos con sometimiento, obviamente hay que darles unos beneficios penales, pero también hay que obligarlos a reparar a las víctimas. Hay una serie de condiciones que hay que fijar en una ley de sometimiento. El problema de hacerlo secuencialmente es lo que pasó con el Acuerdo de Paz con las Farc: al no ocupar esos territorios que dejaron las Farc, los ocuparon otros grupos como el Clan del Golfo, el ELN o los Chotas, o los distintos grupos que delinquen. Definitivamente creo que la idea es buena, la implementación es difícil, pero creo que ese es el camino del futuro para Colombia.

A.C.R.J.: Hace unos segundos usted dijo que no se ocuparon los territorios después de los Acuerdos de la Habana. Los problemas de implementación son evidentes; pero hay quienes sostienen que hubo fallas de diseño del Acuerdo. Mirando hacia atrás, ¿cuáles son esos errores y el futuro que usted le ve a la negociación de La Habana? 

A.L.C.: No. Creo que Sergio Jaramillo hizo un muy buen diseño. Yo creería que el problema no es el diseño, sino la implementación. Digamos, cuando uno se lee el ladrillo del acuerdo de paz, el capítulo uno está muy bien concebido, la reforma rural integral. El capítulo dos, sobre participación política, es muy bueno. El tres, sobre la movilización, yo creo que se cumplió casi a la perfección. Hay problemas de implementación con las garantías de seguridad. El capítulo cuatro, que es cultivos ilícitos, está bien diseñado, pero la implementación falló. Creo que las mayores fallas son, en la realidad, llevar a la práctica un acuerdo de ese tamaño y de esa profundidad. Creo que el presidente Petro está avanzando en algunos temas. Tal vez Duque, donde se implementó fue a través de la oficina de Emilio Archila, a través de los PDET: eso hay que reconocerlo. Pero en los otros temas hubo falta de implementación. Yo creo que, como lo señala el Acto Legislativo N. 2 de 2017, el Estado tiene que cumplir de buena fe ese Acuerdo. Y por tres gobiernos, a partir del de Duque, el de Petro y el próximo presidente o presidenta, tendrían que continuar. No es que se haga de la noche a la mañana, sino hay que implementarlo progresivamente. Ahora, todos esos territorios, las zonas PDET, requieren mucho apoyo del Estado central, también de los alcaldes y gobernadores; eso es un programa de desarrollo a largo plazo, hay que tratar de cumplirlo, porque si no se cumple, pues tiene un impacto muy negativo sobre cualquier futura negociación de paz o de sometimiento, porque muestra que el Estado es muy incumplido. Y lo que uno tiene que hacer es que el Estado cumpla sus obligaciones bajo el Acuerdo.

A.C.R.J.: “El Estado siempre llega tarde”, dice la magistrada de la JEP, Julieta Lemaitre.

A.L.C.: Eso dice Julieta en un libro muy bueno. Sí. El Estado influye. No sólo llega tarde, sino que incumple sus obligaciones, infortunadamente. 

A.C.R.J.: Retomando al expresidente Duque, hablemos de los estados de excepción. Prácticamente se declaran presumiendo que la Corte los va a declarar inexequibles, y los pronunciamientos de la CC suelen llegar tarde. ¿Para qué sirve eso?

A.L.C.: No, yo creo que la Corte no siempre llega tarde. Se demora un poquito, pero toma decisiones importantes. En la pandemia fue muy complejo, realmente sobreviniente. La Corte trató de no tumbar esas emergencias, porque fueron una y la prórroga del covid-19. Vimos que la situación era muy grave y que se requerían algunas medidas importantes. No obstante, tumbamos una que otra medida, pero en general, diría que en esa declaratoria de emergencia de Duque, las dos del covid fueron bien manejadas por la Corte. La situación era lo suficientemente grave como para que se hubiera decretado la emergencia. Lo que pasó fue que el presidente Duque, tal vez con cierta habilidad, sacó como decretos reglamentarios y no por emergencia económica o por decretos legislativos, algunos decretos que limitaban derechos fundamentales, que reglamentaban ciertas normas, por ejemplo, el Código de Policía. Y esos decretos van al control del Consejo de Estado. Algunos de ellos se cayeron, otros los controlamos a través de tutelas. Ese decreto que señalaba que no podían salir a la calle los mayores de 80 años, ahí estaban Rudolf Hommes y Humberto de la Calle: esa tutela finalmente se fue un poco tarde, pero se falló en favor de la libertad personal. La Corte, en una tutela, con ponencia de la magistrada [Paola] Meneses, señaló que ese decreto era inconstitucional. Es tarde, pero queda el precedente para una futura emergencia donde se quieran limitar derechos de personas, por ejemplo, mayores de 80 años. El mensaje es que a futuro un presidente no podrá volver a hacer ese tipo de limitaciones de las libertades. 

A.C.R.J.: Esta es una pregunta “sobreviniente”: el presidente Petro y la Guajira. Por ahora, le ha ido bastante mal. ¿Esto es idealismo? ¿Es mal asesorado? ¿Qué pasa ahí?

A.L.C.: No, yo no creo que hay idealismo, ni que sea mal asesorado. Filosóficamente hablando, uno de los temas de la Constitución del 91 era que fuera muy excepcional que los presidentes legislaran a través de los estados de excepción. Veníamos de las épocas del estado de sitio y cuando uno lee los antecedentes de la Constitución, y todo lo que tiene que ver con los estados de excepción, lo que se busca es limitar el poder presidencial de legislar. Hay una jurisprudencia muy estricta de la Corte y en este caso: cuando yo escuché al presidente Petro en la audiencia pública, a mí me dejó convencido de que los hechos eran sobrevinientes. Él dijo que era una combinación de factores humanos con factores de la naturaleza. Hizo una exposición brillante, el presidente Petro es muy inteligente y profundo, sí eran sobrevinientes los hechos, pero había un problema: no utilizó las herramientas que establece el sistema jurídico colombiano para manejar esas situaciones. En otras palabras, es lo que se llama el juicio de necesidad jurídica en el sentido de que había, por lo menos, dos leyes que permiten ciertas herramientas ordinarias para manejar problemas y desastres y riesgos y había otra ley que había prorrogado la existencia del Fondo de Adaptación. Hoy en día, el Fondo de Adaptación está hecho para mitigar los efectos del riesgo. El problema era el cambio climático, lo que la Corte consideró en esa decisión es que si bien pudieron haber hechos sobrevinientes en La Guajira, el problema era que no se habían utilizado por parte del gobierno las herramientas ordinarias que ya están en la legislación para hacerle frente a esa problemática. Creo que el presidente, con la mejor intención de solucionar la crisis humanitaria en La Guajira, no contaba con las condiciones de excepcionalidad para legislar. En La Guajira definitivamente hay una crisis humanitaria, una crisis con la nutrición de los niños wayuu, de las comunidades indígenas, creo que es un problema de la mayor gravedad. La Corte ya ha emitido varias tutelas al respecto, en el año 2017 sacó la sentencia T-302 que básicamente está declarando un estado de cosas inconstitucionales en La Guajira. La Corte es consciente de esa problemática, pero no es una problemática que se solucione exclusivamente con normas, sino que hay que solucionarlo con gestión, no solo del gobierno central, sino también de las autoridades locales, de los alcaldes, del gobernador de La Guajira. Eso requiere un trabajo consensuado y coordinado entre todos los niveles de gobierno. No pienso que una crisis tan grave se solucione solo con el fetiche de una norma. Además hay temas culturales muy difíciles, entrar a la cultura wayuu es difícil. El tema más grave de La Guajira es la corrupción, tampoco se soluciona mandando grandes cantidades de dinero, porque puede ir a los políticos o a los cabildos indígenas. Uno de los problemas serios que hay con la niñez wayuu es la corrupción, eso obedece mucho a esa visión colombiana de que creemos que los problemas se solucionan o con normas o con plata. Creo que ni con normas ni con plata, eso requiere desarrollo institucional, requiere educación, una maduración de las instituciones locales. Nosotros a veces pensamos que desde Bogotá podemos solucionar todos esos problemas.

A.C.R.J.: ¿Qué podemos esperar de la Corte Constitucional, en la cual usted ya no va a estar, cómo le va a ir a las reformas a la salud y las pensiones, con base en los elementos que tenemos ahora?

A.L.C,: Yo diría que a la CC le va a ir bien, creo que todas las cortes constitucionales en el mundo, pero en particular en Colombia, son frenos al poder. Siempre va a haber escaramuzas o tensiones entre el Ejecutivo y la Corte, incluso entre el Legislativo y la Corte, y yo pensaría que la Corte es una gran institución, muy ponderada, el hecho de que haya nueve magistrados quiere decir que caben todas las visiones del mundo... no del ciento por ciento, nos faltan algunas visiones: de las comunidades étnicas. Ojalá en el futuro eso se mejore, pero son visiones políticas de lo que le conviene a este país que son diversas, eso hace que las decisiones sean más institucionales, muchos más frenos al poder, pero dentro de los cauces democráticos. 

A.C.R.J.: Pero es que usted me cambió la pregunta: yo no le pregunté cómo le iba a ir a la Corte, sino cómo le iba a ir a las reformas en la Corte.

A.L.C.: Todo depende de qué pase con las reformas, la verdad, todavía no se han aprobado. Por ejemplo, hay quienes dicen que la reforma a la salud, por ser una ley estatutaria, debe ir por comisiones primeras. Yo todavía no he estudiado ese tema, pero eso sería un buen tema para que lo estudie la Corte. La CC ya sacó una decisión en la cual señaló que es posible suspender ese tipo de leyes: eso podría ser una posibilidad, pero eso requeriría primero que se apruebe la reforma a la salud en el Senado, que pasen las dos vueltas en Cámara y en Senado. Yo veo que esas reformas estructurales del presidente Petro tendrían que pasar primero por el Congreso. Es muy difícil hacer futurología, pero creo que todo depende de cómo queden aprobadas esas reformas, porque obviamente hay que mirar la calidad de los debates, los temas, cómo quedan al final del día, porque la Corte recoge siempre la voz del país. Ante la Corte es un proceso siempre abierto, público, cualquier ciudadano puede participar, eso ayuda a construir decisiones que obedecen a lo que se soñó con la Constitución del 91. 

A.C.R.J.: Vimos lo que pasó en Argentina con Javier Milei, el pendulazo que se movió completamente de izquierda a derecha. Si llegara a ocurrir eso en Colombia, ¿estaría en algún momento en riesgo la Constitución de 1991?

A.L.C.: Yo honestamente no creo. Yo creo que personas que han llegado al poder en nuestros países como el presidente Petro, en el otro extremo Bukele o Milei, muestran la posibilidad de que personas de distintas ideas lleguen al poder y eso se hace dentro de los cauces democráticos. Yo no creo que ni el presidente Petro ni un Milei puedan de la noche a la mañana cambiar una Constitución. En el caso colombiano, la Constitución del 91 fue fruto de un consenso después de un acuerdo de paz con el M-19, con unas fuerzas políticas divididas. Yo creo que nuestra Constitución es una Constitución muy legítima, es una Constitución que todos queremos. Por ejemplo, la acción de tutela, la Corte Constitucional, la Carta de Derechos, la independencia del Banco Central, son elementos que hacen que sea difícil de reversar, son temas que han venido madurándose en los últimos treinta años y veo muy difícil que, independientemente de un Milei o de un Bukele o incluso de un Petro, se echen para atrás. La gente lo que quiere es avanzar en la implementación de los derechos, la gente lo que quiere es avanzar en la inclusión, la gente lo que quiere es mejorar la Constitución, la calidad de vida de los colombianos, sobre todo reducir la pobreza, independientemente, de ideas de derecha o de izquierda. Creo que la Constitución es un muy buen marco del cual no nos podemos salir para implementar políticas, no importa el color político que haya detrás de quién gane. Si me pregunta quién creo que va a ser el presidente el futuro, yo pienso que el presidente no va a ser ni bogotano, ni con barriga, ni blanco, ni heterosexual. Yo pensaría que hay muchas probabilidades de una persona afrodescendiente como Luis Gilberto Murillo, o de una persona como Claudia López, o de incluso una persona como Abelardo de la Espriella. Tiene que ser una persona diferente a los presidentes que hemos elegido en el pasado. Los bogotanos, los blancos, los heterosexuales no tenemos cabida, porque el país ha cambiado, lo cual me parece muy positivo. Hoy somos más diversos y aceptaríamos un presidente con distintas orientaciones sexuales, o una presidenta con otras orientaciones, o una persona afrodescendiente, o un outsider, es sorprendente cómo le fue bien a Juan Daniel Oviedo en la alcaldía de Bogotá. Creo en los outsiders, en las personas que vienen de afuera del mundo político, o incluso en un tuitero o un youtuber. La tranquilidad que le da a uno es que hay una Constitución dentro de la cual tienen que gobernar estos personajes. De hecho ya tuvimos a Rodolfo Hernández, que casi llega a la presidencia, yo creo que, a pesar de todo lo que él decía, el marco constitucional hubiera sido que hubiera tenido que canalizar todas sus iniciativas a través del Estado de Derecho. 

A.C.R.J.: Si tenemos una constitución que es liberal, no confesional, una constitución tan hermosa, ¿por qué nos va tan mal?

A.L.C.: El problema no es de leyes sino de implementación. Yo creo que el marco constitucional es muy bueno, el problema somos los seres humanos, las pasiones que tenemos los seres humanos. En últimas, una constitución es como el mástil al cual uno se ata para no tener pasiones y deseos. La constitución funciona bien, el problema somos los hombres encargados de implementarla. El problema no es de diseño, sino como señalaba, incluso con el Acuerdo de Paz de implementación: hay muchos intereses que no quieren ceder y me parece que el discurso de Petro por lo menos está generando un cambio en las actitudes de las personas. Es un discurso muy positivo que nos lleva hacia la diversidad y yo creo que uno de los problemas más graves que tiene que solucionar el país, además del narcotráfico y además de la pobreza, es el tema de la violencia. Mientras nos sigamos matando unos a otros, pues vamos a seguir teniendo problemas. 

A.C.R.J,: ¿Para dónde se va, exmagistrado?

A.L.C.: Me voy para los Estados Unidos, para el sueño que siempre tuve: estudiar en la Universidad de Stanford, me voy ahora como visiting scholar. Voy a estar unos meses allá para básicamente no hacer nada, pero reflexionar un poco sobre el rol de la Corte Constitucional en el proceso de paz. Voy a ver si trato de escribir algo, incluso sobre la pregunta difícil que usted me hizo sobre los terceros, porque creo que quiero llegar a analizar el tema, no solo desde la perspectiva jurídico-filosófica, sino de las implicaciones prácticas que tuvo esa medida, que para algunos fue un error. Creo que sí fue un error, fue de los pocos errores que cometió la Corte con ese regalo envenenado que nos dieron las dos partes en el acuerdo. 

A.C.R.J,: ¿Qué va a extrañar de la Corte?

A.L.N.: ¿Qué voy a extrañar? Los debates. Los debates porque los debates lo enriquecen a uno de una forma increíble. Los debates lo hacen ver a uno más humilde, porque muestran que uno no tiene la verdad. La verdad, pues obviamente no existe, pero la verdad que uno tiene y que cree que es que tiene la razón siempre, no. Uno siempre escucha a sus colegas y creo que al escuchar uno lo que piensan los demás, aprende mucho, aprende a mejorar sus propios argumentos. Esa riqueza de los debates en la Corte es apasionante. Voy a extrañar a mis colegas. Voy a extrañar un poco el tema de la estrategia judicial, que es muy interesante. Voy a extrañar ese análisis previo a las salas plenas para ver cómo trabaja uno y tratar de llegar a consensos. Eso es lo que hace bonita la Corte. Esa diversidad, esa confrontación de ideas, ese intercambio no solo de ideas, sino también de visiones del mundo es muy interesante.

Muchas mujeres, y sobre todo las mujeres más vulnerables en Colombia, vamos a extrañar un magistrado que les haga tanta fuerza a nuestros derechos. Muchas gracias, magistrado Alejandro Linares, tanto en la banca como de titular. 

 

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