El reencauche de Barbosa

Gustavo Petro y Francisco Barbosa protagonizan un enfrentamiento que sube de tono con el paso de los meses. Los errores del primero fortalecen al segundo y se desenvuelven en un escenario que nadie habría imaginado en agosto de 2022, cuando se posesionó la actual administración. Hasta ahora, el primer presidente de izquierda, apalancado por más de 11 millones de votos y una prometedora propuesta de cambio, es la bala de oxígeno que requería con urgencia uno de los fiscales más opacos y cuestionados en la historia del país. Los capítulos de esta enemistad transcurren en una dinámica sencilla: el gobierno se pronuncia sobre un tema que genera opiniones divididas y el fiscal busca cómo sacar el mayor provecho político y personificar un contrapeso al primer mandatario.

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Los gestores de paz fueron el primer round. El pasado 9 de diciembre se expidió el Decreto 2422, que creó la Comisión Intersectorial para la Promoción de la Paz y le otorgó facultades para devolver la libertad a “ciudadanos pertenecientes a organizaciones sociales y humanitarias” que se encontraran recluidos en cárceles. La administración Petro, amparándose en esta disposición legal, benefició a varios miembros de la primera línea detenidos por hechos relacionados a las protestas y los nombró gestores de paz, para que fungieran como mediadores en medio de conflictos sociales de menor escala. La determinación no estuvo exenta de polémica y el fiscal Barbosa fue uno de los primeros en meter la cucharada.