
17 años después del descalabro, por fin hay un imputado por el acueducto La Mesa-Anapoima: Manuel Nule
Manuel Nule, llamado nuevamente a responder por presunta corrupción en la contratación.
El acueducto de La Mesa- Anapoima es un proyecto de 2006 en el que se invirtieron más de 70.000 millones de pesos y todavía está lejos de ser una realidad. El contratista Manuel Nule fue imputado por el descalabro y se declaró inocente. La Fiscalía tiene pendiente la imputación a Miguel y Guido Nule, a quienes no ha podido notificar.
Por: Sylvia Charry
CAMBIO conoció en primicia la audiencia de imputación de cargos contra Jerónimo Camilo Daza Daza, exsecretario de Obras Públicas de la Gobernación de Cundinamarca y Manuel Nule, uno de los propietarios de las empresas que componían el Consorcio Anapoima, quienes, según la Fiscalía, son algunos de los presuntos responsables de la corrupción que se ha presentado en la construcción del acueducto de La Mesa-Anapoima, un proyecto que, después de 17 años y más de 70.000 millones de pesos invertidos, no ha culminado. Aunque para la justicia ambos son responsables de interesarse indebidamente de la contratación y de robarse los dineros de la contratación, se declararon inocentes por lo que el caso irá a juicio.
Según expuso la fiscal Angélica Monsalve, entre 2006 y 2007, Manuel Francisco Nule, junto con su hermano Miguel y su primo Guido, condenados por el denominado carrusel de la contratación, en su calidad de socios accionistas de H&H Arquitectura Ltda., MNV S.A., Aguas del Alto Magdalena y Gas Kpital S.A., Bitácora soluciones, Reinpro Ltda., Hidrotec Ltda Consultores en Reestructuración e Interaudit S.A., suscribieron dos contratos de obra y dos de interventoría, con la Gobernación de Cundinamarca, a través de los consorcios Anapoima, Acueducto Regional, Interventoría Redes de Cundinamarca e Intersubachoque, y lograron que el departamento les desembolsara más de 29.313 millones de pesos por una obra que nunca terminaron. El chanchullo consistió, según la Fiscalía, en que eran ellos los contratistas y los interventores de sus contratos, es decir, quienes vigilaban que las obras se ejecutaran adecuadamente para, posteriormente, cobrarle a la Gobernación por ellas.
Dice la Fiscalía que gracias a la información falsa que ponían en las actas de interventoría lograron que el departamento les desembolsara más de 29.313 millones de pesos por cosas que no hicieron.
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