La millonaria deuda que la SAE no ha cobrado por la venta de la Triple A

Una de las primeras batallas que libró el Gobierno del presidente Gustavo Petro fue por la venta de la Triple A, que se llevó a cabo en diciembre de 2021, durante el mandato de Iván Duque. El presidente le pidió a la Superintendencia de Servicios Públicos que adelantara un estudio de valoración de la compañía con el fin de aclarar si se había vendido por debajo de su valor. Lo que determinó esa entidad fue demoledor: la Triple A no costaba los 565.000 millones de pesos por los que fue vendida, valor estimado por Deloitte, una de las consultoras más grandes del mundo, sino cuatro veces más, 2,4 billones de pesos.

Ese veredicto de la Superservicios, una entidad que no es un órgano de valoración, dio para que el presidente de la SAE, Daniel Rojas, suspendiera la venta hasta que se pronunciara la Contraloría. Lo curioso es que al final, la suspendida no fue la venta sino el presidente de la SAE. La procuradora barranquillera Margarita Cabello actuó a través de dos de sus delegados. Uno, que suspendió a Daniel Rojas y a otros dos altos directivos de la SAE, y otro, que sentó a la SAE, representada por el entonces influyente abogado Héctor Carvajal, a negociar con la Alcaldía de Barranquilla. Mientras los barranquilleros jugaban de locales, la SAE, acéfala por la suspensión de su presidente, negociaba con la bota de la Procuraduría puesta en el cuello. Así las cosas, el negocio quedó resuelto en una sola sentada, en donde el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, puso las condiciones y los representantes de la SAE dijeron la última palabra: sí. El gol de la honrilla del Gobierno nacional, que salió desplumado de este negocio, fue determinar que el comprador de la Triple A sería otra empresa pública: EPM de Medellín, controlada hasta ahora por el alcalde Daniel Quintero, pero que en unos meses seguramente estará bajo el dominio de Federico Gutiérrez.

Contrario a lo que pensaba el Gobierno Petro, en junio pasado, la Contraloría dijo que el valor estaba soportado y que no había detrimento patrimonial. Lo que nadie sabía hasta hoy es que hay una cláusula del contrato de venta que se pudo hacer efectiva desde diciembre de 2022, pero que todos han venido ignorando. Se trata del pago por earn out, una futura compensación económica que quedó estipulada en la venta y que subiría el valor de la compañía en, por lo menos, 277.000 millones de pesos. Ese saldo está en mora. Según expertos en contratación estatal, la actitud de la SAE no es normal.