Primicia: en nuevo fallo, Consejo de Estado ratifica facultad de la Procuraduría de sancionar a elegidos por voto

La Procuraduría General de la Nación acaba de ganar un nuevo round en el debate sobre las facultades de ese órgano para sancionar, incluso con suspensión y destitución, a los funcionarios elegidos por voto popular. Como se sabe, la Corte Constitucional ratificó en 2023 (y lo reiteró ya este año dos veces) ya determinó que esa entidad sí puede expedir ese tipo de sanciones, con la aclaración de que estas solo quedan en firme cuando un juez administrativo revise toda la actuación del Ministerio Público.

A pesar de ello, en el Consejo de Estado (que es un juez administrativo) hay diferencias internas sobre esa postura de la Corte Constitucional pues muchos magistrados consideran que es contraria al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Gustavo Petro, que señala que solo un juez penal puede afectar los derechos políticos de los elegidos por voto. Y en la Sección Segunda del Consejo de Estado se han dictado múltiples fallos que han optado por tumbar las sanciones disciplinarias dictadas por la Procuraduría a múltiples funcionarios, alegando que la Procuraduría nunca tuvo la facultad para emitirlas.

Con ese argumento, fueron anuladas las sanciones dictadas contra: Rodolfo Hernández, exalcalde de Bucaramanga; José Páez, exalcalde de Caldas (Boyacá); Javier Osorio Cortés, exalcalde de Dagua; Sandra González, exconcejal de Bogotá; Óscar Cerón, exalcalde de Colón; Juan Ramos; exalcalde de Juan de Acosta (Atlántico); Marco Rodríguez; exrepresentante a la Cámara; Carlos Malaver; exalcalde de Anapoima; y Sonia Prada, exalcaldesa de Lebrija.