Las sanciones de la Procuraduría, un dolor de cabeza sin fin: ¿hora de reformar la entidad?

El presidente de la Corte Constitucional, magistrado José Fernando Reyes, dijo en entrevista con CAMBIO que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) no es superior funcional de esa corte ni del Consejo de Estado. Además, insistió en que la Corte Constitucional hizo lo correcto cuando, en 2023, permitió que la Procuraduría General de la Nación siguiera sancionando a los elegidos por voto popular, incluso con destitución, y que luego fuera un juez administrativo el que haga una revisión automática de esa sanción y tenga la última palabra.

La entrevista generó múltiples reacciones entre los expertos y en redes sociales, que cuestionaron el razonamiento de Reyes para indicar que el fallo de la Corte IDH, en el caso de Gustavo Petro, y que dice que sólo un juez penal puede afectar los derechos políticos de estos servidores, debe cumplirse porque es vinculante para el Estado colombiano. Además, señalan que esta vía sigue sin solucionar el problema porque la Convención Americana no sólo habla de que la decisión la tome un juez penal, sino que sea resultado de un proceso penal.

La Corte Constitucional y el Consejo de Estado insisten en que, si bien el fallo de la Corte IDH en el caso de Gustavo Petro habla de juez penal, lo que debía hacerse es una interpretación armónica y evolutiva de lo que estipula la Convención Americana –que es de 1969– para entender que lo que se pretende es que cualquier juez intervenga y evite desafueros a la hora de emitir una sanción de destitución e inhabilitación para ejercer cargos públicos.