¿Qué tan viable es que la ONU frene los ataques de Estados Unidos en el Caribe?

La Organización de Naciones Unidas reconoció, por primera vez desde el inicio de las operaciones militares de Estados Unidos en el Caribe, que los ataques ejecutados en aguas internacionales corresponden a “ejecuciones extrajudiciales”. El presidente Gustavo Petro anunció que presentará una proposición para exigir el cese definitivo de ese tipo de actividades.

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En los últimos dos meses, las tropas del Comando Sur han ejecutado al menos 15 ataques contra embarcaciones que se movilizaban en el mar Caribe al vincular a sus pasajeros con redes del narcotráfico. Sin embargo, hasta la fecha, la administración de Donald Trump no ha presentado pruebas adicionales a los vídeos de registro de cada bombardeo.

El primer ataque se ejecutó el pasado 2 de septiembre en contra de una embarcación en la que se movilizaban 11 personas vinculadas por Estados Unidos al Tren de Aragua. Desde entonces, han muerto al menos 62 marineros —un promedio de una cada día— en el desarrollo de las actividades militares de los buques de guerra desplegados cerca a las costas de Venezuela.

El presidente Petro ha rechazado los bombardeos recientes tras reiterar que es posible que en las embarcaciones se transporten pescadores que se movilizan por el área controlada por las tropas estadounidenses. En ese sentido, el primer mandatario pidió a la ONU adoptar medidas inmediatas para evitar nuevos ataques en la región.

Congresistas demócratas y organizaciones defensoras de derechos humanos han exigido al Gobierno de Donald Trump suspender las agresiones en aguas internacionales y presentar pruebas sobre los presuntos vínculos con organizaciones ilegales. Sin embargo, el mandatario republicano ha ordenado intensificar las operaciones, que ahora se han extendido también al océano Pacífico.

“Estos ataques, y su creciente costo humano, son inaceptables”: ONU

Ante la presión de organizaciones internacionales para condenar los ataques ordenados por Trump, el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, se pronunció por primera vez sobre los bombardeos. En su declaración oficial, sostuvo que los 15 ataques ejecutados en aguas internacionales violan el Derecho Internacional Humanitario.

El Departamento de Estado ha vinculado a quienes se transportaban en las embarcaciones hundidas en el mar a organizaciones armadas que intentarían llevar droga a su territorio. Sin embargo, para la ONU, las denuncias del Gobierno Trump no han sido acompañadas de evidencias verificables y carecen de la justificación exigida por la ley para el uso de la fuerza letal.

“Estos ataques, y su creciente costo humano, son inaceptables. Estados Unidos debe ponerles fin y tomar todas las medidas necesarias para evitar las ejecuciones extrajudiciales de personas a bordo de las embarcaciones, independientemente de la conducta delictiva que se les impute”, explicó Türk, desde la oficina de la ONU en Ginebra (Suiza).

El organismo internacional reconoció este 31 de octubre que entre las decenas de muertos que han dejado los ataques aéreos recientes se encuentran ciudadanos de Colombia, Venezuela y Trinidad y Tobago. En ese sentido, advirtió que Estados Unidos estaría violando normativas vigentes sobre el uso de la fuerza en espacios marítimos internacionales.

El alto comisionado para los derechos humanos reiteró que este tipo de bombardeos solo se podrían realizar como último recurso ante una amenaza inminente para la vida de los oficiales. Por eso, enfatizó en que ninguna de las personas que se movilizaban en las embarcaciones representaban un riesgo real ante buques de guerra equipados con sistemas avanzados de defensa.

La viabilidad y el alcance de la proposición de Colombia ante la ONU

Dorian Kantor, experto en seguridad internacional y política estadounidense, explicó a CAMBIO que la reciente declaración de la ONU representa un espaldarazo a la iniciativa anunciada por el presidente Gustavo Petro para exigir el fin de los ataques. Sin embargo, advirtió que la posibilidad de que la propuesta avance depende de la disposición de otros Estados a cuestionar directamente la estrategia militar de Washington en la región.

De acuerdo con el docente universitario, el Gobierno Petro tendría que presentar su propuesta a través de su misión diplomática con una nota verbal sobre los temas que se quieren poner en debate en escenarios como el Consejo de Seguridad. Para avanzar en el proceso, se requiere del respaldo de otros países con el objetivo de establecer las solicitudes específicas y votar la iniciativa.

En la más reciente sesión de la Asamblea General de la ONU, el presidente Trump cuestionó la legitimidad del organismo y aseguró que sus actividades resultaban ineficientes. Por eso, incluso si la proposición supera las etapas formales y recibe un pronunciamiento favorable, el trámite no garantizaría que Estados Unidos cese de inmediato sus ataques.

El profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana, Germán Camilo Prieto, explicó que la iniciativa debería centrarse en el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario. En ese sentido, advirtió que se debe exigir a las tropas detener a los presuntos responsables de tráfico ilícito, adelantar el proceso penal y determinar o desestimar su participación en actividades ilegales.   

El experto en diplomacia destacó que los ataques ejecutados desde inicios de septiembre representan un precedente peligroso para el respeto de los derechos humanos en la región y podrían aumentar las disputas diplomáticas. Además, reconoció que la declaración de la ONU representa un primer paso que debe concretarse en otras instancias para definir mecanismos que evalúen el alcance de ese tipo de operaciones.

El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, reiteró que las tropas estadounidenses deben priorizar la interceptación de las embarcaciones y exigió investigar a funcionarios por posibles violaciones a los principios como debido proceso y juicio justo. Sin embargo, los expertos coinciden en que la declaración podría quedarse —como ha planteado el propio Trump en sus críticas al organismo— en “cartas muy enérgicas con poco alcance”.