Violencia política contra las mujeres: los avances del CNE para proteger una participación con garantías

La violencia contra las mujeres en el ejercicio político es uno de los obstáculos más grandes para su participación tanto en procesos electorales como en espacios de deliberación de los asuntos públicos. La discriminación y agresiones tanto simbólicas como psicológicas suponen una barrera para que las mujeres puedan ejercer sus derechos políticos con plenitud en Colombia.

Por ello, el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha emprendido en el último año una lucha para erradicar este fenómeno de cara a las próximas elecciones de 2026 y avanzar en la implementación de la Ley 2453 de 2025, norma que busca prevenir, atender y sancionar la violencia política basada en género. El proceso ha sido liderado por las magistradas Fabiola Márquez y Alba Lucía Velásquez.

Avances normativos e innovación institucional

Para atender la problemática de la violencia contra la mujer en la política, el CNE ha desarrollado una agenda normativa, investigativa y pedagógica sin precedentes. “Las mujeres están sometidas a unas circunstancias muy difíciles para ejercer su derecho a participar”, le dijo a CAMBIO la magistrada Alba Lucía Velásquez.

Gracias a esa labor, en el último año se consolidaron tres hitos institucionales:

• La aprobación de una nueva resolución integral para los casos de violencia política contra las mujeres.
• El primer diagnóstico nacional de implementación de la Ley 2453 por parte de los partidos.
• La alianza técnica entre el CNE y la Universidad de los Andes para prototipar el nuevo procedimiento de atención de quejas de violencia política en contra de la mujer.

El primer punto hace referencia a la resolución 10946 del 21 de noviembre de 2025, la cual, según la magistrada Fabiola Márquez, quien lideró su construcción, “representa el hito más importante en la historia del país en materia de lucha contra la violencia contra la mujer en política”.

El documento establece el procedimiento sancionatorio con tiempos definidos, la ruta de atención centrada en la víctima y las garantías procesales de celeridad, seguridad jurídica y previsibilidad. Además, fija herramientas para garantizar la participación de la mujer en todos los niveles, desde elecciones de Juntas Administradoras Locales hasta la Presidencia. 

La magistrada Márquez explicó que, por ejemplo, respecto a los tiempos de investigación y sanción, se le da un tratamiento especial, pues se fija un plazo máximo de 100 días para tener una decisión final sobre cualquier denuncia al respecto. Además, se podrán decretar medidas cautelares en cualquier momento del proceso.

Márquez también destacó que la construcción de este protocolo tuvo el acompañamiento de la Universidad de los Andes: “Los lineamientos técnicos se hicieron con la asesoría de una de las mejores universidades del país”.

Por su parte, la magistrada Alba Lucía Velásquez recalcó que el acto administrativo fija un conjunto de buenas prácticas enfocadas en evitar la revictimización de la denunciante. “El objetivo es proteger y no crear nuevas situaciones victimizantes”, dijo Velásquez.

La magistrada también destacó la necesidad de una articulación institucional para proteger los derechos de las mujeres mientras se surte el proceso de investigación y se llega a la etapa sancionatoria, si fuera el caso. “Cada vez que una mujer nos diga que está en riesgo, nosotros tenemos la obligación de creerle”, dijo Velásquez.

Ambas funcionarias coinciden en que la labor pedagógica también ha sido fundamental para el CNE en su objetivo de erradicar la violencia contra la mujer en la política. Estas socializaciones se han hecho con actores sociales y políticos como organizaciones y partidos.

Justamente, el trabajo con los partidos es de vital importancia para reducir las brechas y garantizar la paridad en la participación electoral de la mujer. La magistrada Márquez resaltó en este punto que varias organizaciones de este tipo han venido actualizando sus normativas internas para ajustarse a la nueva normativa de protección a los derechos políticos de la mujer. 

Además, la funcionaria explicó que el CNE ha requerido a todos los partidos para que informen los avances que han hecho en este sentido, sin embargo, varios de ellos no han emitido respuesta.

Por último, las magistradas invitaron a los medios de comunicación a sumarse a las iniciativas para erradicar la violencia política contra la mujer a través de mejores prácticas como: evitar la transmisión y resonancia de mensajes violentos hacia mujeres que participan en política, dar un tratamiento diferencial a candidaturas de mujeres que enfrentan más barreras que las de muchos hombres, garantizar la pluralidad en espacios de opinión y fortalecer la investigación de casos de violencia.