
Guerra fría en Palacio: ¿qué podría pasar con los servidores públicos que omitan denunciar delitos?
El excanciller Álvaro Leyva encendió esta semana una nueva discusión con el Gobierno. Pero no se trata del único exfuncionario que ha salido a criticar hechos que se han cometido en la administración de Gustavo Petro y durante la campaña. ¿Podrían incurrir en omisión de denuncia? ¿Qué efectos tendría esto?
Por: Claudia Quintero
“Por lo pronto, presidente, desvincule a quienes han abusado de usted, que se han aprovechado de su complejísima situación y que le han hecho y continúan haciendo terrible daño”, le dijo Álvaro Leyva, exministro de Relaciones Exteriores al jefe de Estado en una cuestionada carta que publicó en sus redes sociales.
Leyva, que desde que dejó la cartera viene criticando al Gobierno, aseguró que “pudo confirmar que el presidente tenía el problema de la drogadicción” y dejó entrever que Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, Laura Sarabia, ministra de Relaciones Exteriores, y Armando Benedetti, ministro del Interior, se han aprovechado del jefe de Estado por alguna razón.
Este es solo uno de los funcionarios que ha salido a cuestionar hechos de este Gobierno. A él, por ejemplo, se suman el exministro Luis Carlos Reyes o el mismo Augusto Rodríguez, quien hoy sigue al frente de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Si bien tener diferencias ideológicas no es ningún delito, ni la adicción tampoco, sí hay otros temas que podrían generarles problemas legales a los exfuncionarios que esperan a dejar sus cargos para denunciar posibles delitos. ¿Cuáles son las guerras en el Palacio de Nariño y los efectos de las mismas?
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