¿Es viable eliminar el requisito de inglés para ser embajador? Expertos analizan a fondo la polémica propuesta del Gobierno de Petro

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia publicó recientemente un borrador de resolución que propone eliminar el dominio del inglés –o cualquier otro idioma oficial de la ONU– como requisito para quienes sean designados embajadores extraordinarios y plenipotenciarios. La medida, impulsada por el presidente Petro, se justifica en términos de equidad y simplificación administrativa.

Sin embargo, la medida deja una serie de preguntas ¿es jurídicamente viable? ¿Es funcional desde una perspectiva de política exterior? ¿Qué implicaciones tendría para la carrera diplomática? Tres reconocidos expertos en temas internacionales ofrecen en CAMBIO un análisis crítico sobre la medida.

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¿Qué dice la norma? El debate jurídico detrás del requisito

Sandra Borda, profesora del Departamento de Ciencia Política y Estudios Globales de la Universidad de los Andes, parte de un hecho concreto: “El requisito del inglés está estipulado en el manual de funciones y competencias del Ministerio de Relaciones Exteriores, y es un requisito vinculante”.

En esa línea, Enrique Prieto-Ríos, profesor de Derecho Internacional en la Universidad del Rosario, detalla el marco normativo: “Hay un decreto ley, el Decreto Ley 274 de 2000, que, aunque se llama ‘decreto ley’ –es decir, lo emite el presidente y no el Congreso–, tiene el mismo rango de una ley. (…) Ese decreto exige que los embajadores hablen inglés. La única excepción que contempla es cuando se trata de una designación provisional para reemplazar a alguien de carrera diplomática”.

Desde esta óptica, modificar el requisito no sería tan sencillo como emitir una resolución o decreto aislado. Incluso si se modifica el Manual Específico de Funciones del Ministerio, persistiría un marco legal superior que obliga a acreditar el idioma, al menos para los nombramientos definitivos.

Juan Gabriel Gómez, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional, refuerza esta visión al afirmar que eliminar el inglés como requisito sí podría considerarse ilegal: “Hay una causal en el Derecho Administrativo que es el error manifiesto de apreciación, y aquí es obvio que el Gobierno está cometiendo ese error”.

El inglés: ¿barrera elitista o herramienta indispensable?

Una de las principales justificaciones del Gobierno es que el requisito del inglés constituye una barrera de acceso que excluye a personas de sectores sociales menos favorecidos. Pero ¿se trata realmente de una medida excluyente?

Borda no lo considera así: “El requisito del inglés no es arbitrario. Es, de hecho, un requisito mínimo, porque el inglés es el idioma de la diplomacia internacional. (…) Si un representante colombiano no habla inglés, se produce un problema serio, porque en los escenarios más importantes –los informales, como los pasillos o encuentros no oficiales– es donde ocurren las negociaciones más sensibles. Y en esos espacios, generalmente, no hay traductores”.

Prieto-Ríos concuerda: “El idioma del derecho internacional público y de las relaciones internacionales, aunque en el pasado fue el latín o el francés, hoy día es el inglés. (…) El embajador debería hablar, como mínimo, la lengua del país al que es enviado. Y si no la habla, al menos debe hablar el idioma que permite una comunicación global: el inglés”.

Ambos académicos coinciden en que, si bien el dominio del inglés está vinculado a las desigualdades educativas en Colombia, la solución no es eliminar el requisito, sino adoptar una política pública que democratice el acceso al bilingüismo.

La meritocracia en riesgo: el retroceso institucional y el “clientelismo” instaurado

La propuesta también genera preocupación por lo que implica para la profesionalización del servicio exterior y la carrera diplomática. Según Sandra Borda: “Es un poco absurdo que la gente de carrera tenga que cumplir con más requisitos –con requisitos más exigentes y más altos– que los que eventualmente van a ser sus jefes, que son los embajadores nombrados políticamente y el canciller”.

Juan Gabriel Gómez va aún más lejos: “Eso no es democrático, eso es demagógico. Eso no es construir Estado, eso es destruirlo. Eso es debilitarlo, porque eliminar ese requisito es simplemente abrirles la puerta a personas que el Gobierno quiere nombrar, ya sea porque forman parte de su cuota política o porque necesita llenar esos espacios para hacer acuerdos con partidos políticos”.

Para Gómez, este cambio no es un simple ajuste técnico, sino un atentado contra el principio del mérito en la administración pública: “La carrera diplomática, junto a la judicial y la militar, ha consolidado fortalezas a lo largo del tiempo. (…) Eliminar el requisito del inglés, que, porque eso es más democrático, es clientelismo disfrazado”.

¿Qué hacer? Propuestas alternativas desde la academia

Los tres entrevistados coinciden en que eliminar el inglés como requisito para embajadores no es la vía correcta. Para ellos, la solución está en fortalecer estructuralmente la educación pública y las políticas de formación.

Prieto-Ríos plantea la alternativa: “Creo que la verdadera apuesta del Gobierno debería ser: ¿cómo fortalecemos el acceso a un inglés de calidad en la educación pública? Es decir, que desde los colegios se enseñe un inglés sólido, generando así condiciones de igualdad”.

De forma similar, Borda concluye: “Si no queremos que el inglés sea un requisito excluyente, lo que debemos hacer no es eliminarlo –lo que tendría un impacto negativo en el desempeño internacional del país–, sino mejorar las políticas de bilingüismo en Colombia”.

Una decisión política con consecuencias técnicas

En conclusión de los expertos, la eliminación del inglés como requisito para ser embajador puede ser jurídicamente posible si se ajusta el marco normativo de forma cuidadosa, pero desde una perspectiva institucional, funcional y técnica, sería un retroceso para el servicio exterior colombiano. Como concluye Juan Gabriel Gómez: “Gustavo Petro Urrego no está construyendo un Estado fuerte, lo está desmantelando”.

Lejos de ampliar la equidad, según los expertos, la medida podría deteriorar aún más el profesionalismo en el servicio diplomático y consolidar prácticas clientelistas. Las decisiones estructurales requieren soluciones estructurales, no atajos políticos.