El ‘yo con yo’ en millonarios contratos de un fondo de fomento del agro: piden explicaciones a la ministra Carvajalino

El Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola, que está bajo la supervisión del Ministerio de Agricultura, es uno de los 15 fondos de fomento del agro que recauda recursos parafiscales de los productores y campesinos del país. Desde hace unos meses afronta serios cuestionamientos que fueron puestos en conocimiento de la Contraloría General de la República y de la ministra Martha Carvajalino. 

La administración del Fondo de Fomento Hortifrutícola, asignada desde el año 1996 a la Asociación Hortifrutícola de Colombia, Asohofrucol, organización gremial presidida por el empresario Álvaro Palacio Peláez, recauda anualmente el 1 por ciento del total de las ventas por las frutas y hortalizas del país e invierte dichos recursos en programas y proyectos para beneficiar al subsector, tal y como dispone la Ley 118 de 1994. 

Por concepto de la cuota de fomento, dicho fondo recaudó en 2024 51.180.142.786 pesos, en 2023, 46.373.803.235 pesos y, en 2022, 43.371.240.991 pesos. Dichos recursos son considerados de carácter público, aunque no hagan parte de los ingresos de la Nación, y la forma en que se ejecutan es controlada, inspeccionada y evaluada por el Ministerio de Agricultura, que preside la junta del fondo. 

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CAMBIO accedió a quejas que comprometen a los administradores del fondo por un presunto conflicto ético y de interés, o un ‘yo con yo’, por contratos por 3.196.047.818 pesos adjudicados, desde el año 2020, a una empresa creada por uno de los miembros de la junta directiva del fondo: el actual alcalde de Andes, Antioquia, Germán Alexander Vélez Orozco, quien desde hace siete años representa en la junta a Asohofrucol, la entidad que a su vez los termina contratando.

Los millonarios contratos con la empresa del alcalde Germán Vélez

CAMBIO revisó los contratos suscritos y ejecutados por Asohofrucol, desde el año 2020 y hasta la fecha, con los recursos que recauda del Fondo. Desde esa fecha, Asohofrucol entregó 26 contratos a la empresa Mascampo SAS que suman 3.196.047.818 pesos, cuyas misiones son diversas: contratos de suministro, compraventa y de prestación de servicios. 

En 2020 obtuvo contratos por 236.137.720 pesos, mientras que en 2021 esa cifra fue por 45.698.346 pesos y en 2020 por 47.921.280 pesos. Al año siguiente ya fueron 15 contratos por 1.768.697.119 pesos. Y en 2024, Mascampo SAS fue contratada con recursos del fondo por 548.100.014 pesos.

Lo particular de la empresa Mascampo SAS es que fue constituida en 2009 por Germán Vélez Orozco, quien desde hace siete años tiene un asiento en la junta del Fondo de Fomento Hortifrutícola, y por Nury Isabel Ramírez Piedrahita, su esposa. Toda una empresa familiar pues Vélez Orozco ha fluctuado en su rol como accionista en su propia firma, pero su esposa siempre ha conservado acciones. Y otros familiares, como hermanos y sobrinos suyos, han entrado y salido de dicho rol. 

En 2024, el alcalde Vélez, ya posesionado en su rol como mandatario de Andes, y en una anualidad en la que su empresa seguía recibiendo contratos de Asohofrucol, regresó como accionista de Mascampo SAS con un 40 por ciento, con el otro 60 por ciento en poder de su cónyuge. 

La empresa familiar, que ha crecido con los años, no siempre se llamó así. En 2009 fue denominada Agrogvélez, con la misión de formular y ejecutar proyectos productivos y con un capital de 10 millones de pesos. En 2010 cambió su nombre a Comercializadora San Juan de los Andes y aumentó su capital al doble. En 2012 ya acumulaba activos por 237 millones de pesos y en 2014 adoptaron su nombre actual, Mascampo SAS. En 2021 registró activos por 2.421 millones de pesos,  los cuales, en 2023, crecieron a 5.560 millones de pesos y en 2025 llegaro a 2.876 millones. 

La abogada Yescerina de La Hoz, que representa al gremio Fenalcup, de productores de plátano, y quien ha impulsado múltiples quejas por estos contratos con el alcalde Vélez, advierte que los procesos adjudicados con Mascampo pueden ser más: cercanos a los 8.200 millones de pesos. 

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“La dinámica de Asohofrucol respecto de los contratos a celebrar en virtud de la administración del Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola ha restringido la libre competencia para proveer los servicios e insumos que deben ser contratados para el desarrollo de los objetivos del fondo, contribuyendo a su vez a otorgar dichos contratos bajo el favoritismo, y el interés de quienes están implicados en la aprobación de los proyectos”, expresó De la Hoz en una solicitud que presentó ante la Contraloría. 

De La Hoz agrega que el alcalde estaría vulnerando el régimen de inhabilidades pues, citando el artículo 44 de la Ley 136 de 1994 sobre la inegibilidad simultánea, advierte que “nadie podrá ser elegido para más de una corporación o cargo público ni para una corporación y un cargo, si los respectivos períodos coinciden en el tiempo, así sea parcialmente”.

CAMBIO envió numerosos correos a las direcciones registradas por Mascampo y del alcalde Vélez, pero no obtuvo respuestas sobre los 26 contratos que obtuvieron desde 2020, año en el que el alcalde ya integraba la junta directiva del fondo de fomento, una junta que se encarga de aprobar las inversiones y el presupuesto del mismo, así como de darle aval a los proyectos. Con quien sí dialogamos fue con otros integrantes de la junta que negaron conocer la adjudicación de contratos a la empresa del alcalde Vélez, y con Álvaro Palacio, el presidente de Asohofrucol, quien responde por la entrega de los mencionados contratos.

Las respuestas de Álvaro Palacio: de negación a aceptación

En diálogo con CAMBIO, el presidente de Asohofrucol y administrador del Fondo de Fomento, Álvaro Palacio, catalogó inicialmente de “falso” el hecho de que se hayan suscrito contratos con la empresa de Germán Vélez, quien representa a su gremio en la junta del fondo y quien además ha sido vicepresidente del gremio de platanicultores Fedeplacol.

“Yo no sé de dónde sacaron que Germán Vélez tiene 40 por ciento o 60 por ciento. Eso lo ignoro, no lo conozco. Mascampo es una organización como cualquier otra que contratamos. Y hasta donde sé y veo la Cámara de Comercio, en ninguna parte aparece Germán Vélez. Se paran a decir mentiras en un escenario y entonces todo el mundo se las cree. Estamos terminando una demanda por injuria y calumnia contra toda esa serie de cosas que han venido diciendo y la semana entrante la vamos a presentar de la Fiscalía General de la Nación”, expresó Palacio en diálogo con CAMBIO.

“Yo no sé de dónde sacaron que Germán Vélez tiene 40 o 60 por ciento, eso lo ignoro, no lo conozco. Mascampo es una organización como cualquier otra que contratamos. Y hasta donde sé y veo la Cámara de Comercio, en ninguna parte aparece Germán Vélez”, expresó Álvaro Palacio, de Asohofrucol.

Luego explicó que el fondo no se rige por las normas que imperan sobre la contratación estatal.  

“Nosotros no estamos sujetos a la Ley 80 del 93, el estatuto de contratación del Estado. Las inhabilidades, incompatibilidades de la Ley 80 no nos aplican, de ninguna manera, y así mismo nos audita el único órgano que es la Contraloría General de la República, del cual tenemos unos resultados maravillosos, donde hemos demostrado el buen manejo y la transparencia de los recursos durante de los 13 años y medio que llevo yo al frente de Asohofrucol”, añadió.

Posteriormente agregó que es un comportamiento normal que se le otorguen proyectos a las empresas de quienes integran la junta.

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“Analdex puede presentar un proyecto a la junta y va y lo ejecuta. Porque no hay ningún impedimento para que un miembro de la junta presente un proyecto y lo vaya a ejecutar él mismo. Y eso pasa en todos los fondos, ahí no hay ninguna irregularidad. Organizaciones como Fedeplacol, que es una federación de platanicultores, han presentado proyectos históricamente. Revise, por favor eso para quitarle la duda de Germán Vélez y si en el caso de que tenga el 40 por ciento de la empresa, él no ejecutó un proyecto: lo ha ejecutado también Fedeplacol”, dijo Palacio.

Finalmente, aseguró que él puede contratar con quienes quiera: “Yo puedo contratar con la persona que quiera. Así de sencillo. Yo puedo contratar con cualquier empresa que cumpla los requisitos y tenga la idoneidad y el objetivo se cumpla. ¿Cuál es mi obligación? Cumplir con el objeto social y con lo que manda la junta, con lo que aprobó la junta y listo”.

Para concluir el tema de su representante en la junta, Germán Vélez aseguró que en el evento en que él aparezca en la empresa Mascampo SAS “tampoco es del otro mundo, porque los proyectos se ejecutan cabalmente”. E invitó a CAMBIO a poner en conocimiento de la Contraloría los contratos encontrados. También indicó que están persiguiendo a Germán Vélez. 

Dirigentes gremiales que prefieren permanecer en el anonimato le advirtieron a CAMBIO que existe un conflicto de interés en este caso, admitido por Palacio, pues “una cosa es que Analdex, que es un gremio, ejecute un recurso para beneficiar a productores y otra que un integrante de junta termine al final derivando ingresos por que su empresa se beneficia”.

Miguel Palencia, presidente de Fenalcup, la Federación Nacional de Cultivadores y Productores de Plátano de Colombia, expresó que “eso es como un ‘yo con yo’. ¿El Ministerio por qué permite eso, teniendo ellos esa información de muy buena fuente? Ya nosotros alertamos eso y serán las autoridades quienes se pronuncien”, agregó.

“Eso es como un ‘yo con yo’ ahí. ¿El Ministerio por qué permite eso, teniendo ellos esa información de muy buena fuente?”, expresó Miguel Palencia, presidente de Fenalcup.

La auditoría al fondo de fomento que fracasó

CAMBIO consultó al Ministerio de Agricultura sobre esta controversia y le respondió a este medio que se encuentran analizando las quejas presentadas. Indicó que, a través de la directora (e) cadenas agrícolas y forestales, Silvia Becerra Ostos, quien tiene asiento en la junta del fondo, han pedido explicaciones sobre algunos requerimientos recibidos.

“El Ministerio se ha enterado de algunos señalamientos e inclusive se han conocido procesos de solicitudes ante órganos de control -Contraloría General de la Republica- que por supuesto han llamado la atención del Ministerio, pero hay que ser claros e informar que tanto el proceso legislativo, como las solicitudes ante la contraloría desbordan las competencias que el ordenamiento jurídico asigna al Ministerio y por tanto carecemos de la competencia para dar trámite a las presuntas denuncias informadas”, respondieron oficialmente a este medio.

También aseguró que a través de Becerra Ostos , el pasado 15 de julio se “requirió de manera formal a Asohofrucol como Administrador del Fondo, para que se sirviera responder las peticiones radicadas por la firma Tello de la Hoz y enviar la información requerida, registrando dicha solicitud mediante acta de la sesión”.

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Sobre el rol del Ministerio respecto de la contratación que ejecuta con la cuota de fomento, advirtió que es Asohofrucol la que “adelanta los procedimientos, acorde con los lineamientos y directrices dadas por la junta”, pero que en todo caso el Ministerio vigila y supervisa la ejecución de los recursos para que “cumplan con los objetivos específicos de la cuota de fomento correspondiente”.

Al respecto, CAMBIO conoció que el Ministerio propuso en la última reunión de la junta directiva del fondo  realizar una auditoría externa, pero la doctora Becerra Ostos se quedó sola, pues su propuesta tuvo cinco votos negativos y dos impedimentos, entre ellos el de Germán Vélez y el de otra representante de Asohofrucol en la junta. 

“Lamentamos la decisión negativa de la junta y señalamos a la opinión pública que mantenemos el compromiso por la transparencia, el fomento de la agricultura campesina, familiar, étnica y comunitaria, el manejo democrático de los recursos públicos y la defensa del bien común”, expresó el Ministerio en un comunicado. 

“Lamentamos la decisión negativa de la junta y señalamos a la opinión pública que mantenemos el compromiso por la transparencia”, señaló el Minagricultura ante la negativa de una auditoría externa.

El lío por la elección del próximo administrador del Fondo

Aunque Asohofrucol ha recaudado la cuota de fomento desde el año 1996, mediante un contrato que suscriben con el Ministerio de Agricultura, lo cierto es dentro de diez meses se vencerá una prórroga concedida por la cartera dirigida por Martha Carvajalino, que está abierta a revisar si otras organizaciones cumplen con los requisitos para asumir como administradores del Fondo de Fomento Hortifrutícola para los próximos cinco años.

Para ello, el Ministerio realizará un estudio de representatividad “con el fin de garantizar cuál es el gremio más representativo del sector, es algo que no nos podemos saltar”, declaró la directora Becerra Ostos en una audiencia pública convocada en agosto por la senadora del Pacto Histórico Isabel Cristina Zuleta.

En esa audiencia quedó claro que antes del año 2022 no existía una supervisión sobre las actividades del Fondo. “Qué pasaba antes de 2022, pues no lo sabemos”, advirtió Zuleta en la referida audiencia. En ese escenario hubo múltiples críticas contra Asohofrucol, que fueron contestadas efusivamente por el señor Palacio. 

Por su parte, la Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario le confirmó a CAMBIO que adelantará una revisión a la contratación que ha salido de recursos del fondo con la empresa familiar del señor Vélez.

El borrador de decreto para cambiar la elección en las juntas

Alterno al examen que realizará el Ministerio sobre el administrador del fondo, CAMBIO también estableció que hay molestia por un borrador de decreto que divulgó el Ministerio en el que se plantean cambios en la elección de los dignatarios del sector privado, que integran las juntas directivas de los fondos parafiscales y de los fondos de estabilización del sector agro. 

El presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia -SAC-, Jorge Bedoya, le expresó en una carta a la ministra Martha Carvajalino que el Gobierno estaría excediendo su facultad reglamentaria al cambiar la elección de los dignatarios del sector privado. 

“El principio de legalidad tributaria impone límites a la potestad reglamentaria del Gobierno nacional en materia de los procesos de elección de los representantes que integran los órganos directivos de los fondos parafiscales de fomento del sector agropecuario (FPFSA) y Fondos de Estabilización (FEP)”, expresó la SAC.

“La elección de representantes del sector privado a los órganos de dirección de los FPFSA y FEP es una decisión del legislador que no puede ser modificada vía reglamentaria” y que, de acuerdo con la ley, “es una manifestación de la autonomía de los gremios administradores”, agregó Bedoya.

Los organismos de control tendrán la última palabra sobre la controversia y suspicacia generada alrededor del Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola y de los contratos otorgados a la empresa del integrante de la junta: el señor alcalde.

ana.cuesta@cambiocolombia.com.