De la Espriella propone ampliar la frontera agrícola en 1,5 millones de hectáreas: ¿qué riesgos implica para el medioambiente?
Foto: Colprensa
Convertir la altillanura en el "Mato Grosso colombiano" es una de las grandes apuestas del abogado en esta contienda presidencial. Expertos consultados por CAMBIO analizan los riesgos ambientales, los desafíos técnicos de la propuesta y las tensiones que implica compatibilidad con la promesa de proteger bosques y ecosistemas estratégicos.
Por: Jonathan Beltrán
Con cerca de 15 millones de habitantes en las zonas rurales del país, el voto campesino será decisivo en la segunda vuelta presidencial. Para conquistarlo, Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella han convertido el desarrollo rural y la productividad agrícola son uno de los ejes de la hoja de ruta con la que buscan llegar a la Casa de Nariño.
En medio de la disputa electoral, la principal discrepancia entre ambos candidatos está en su visión sobre la reforma rural agraria. El candidato del Pacto Histórico propone profundizar la reforma impulsada durante el Gobierno de Gustavo Petro, mientras que el abogado califica ese camino como un fracaso y plantea reemplazarlo por una apuesta centrada en la expansión de la producción agropecuaria.
“Acabar la falsa reforma agraria y volver propietario al campesino”, se lee en una de las tres páginas del plan de gobierno del líder de Defensores de la Patria. La frase resume buena parte de su apuesta para el campo, en la que pone el énfasis en la propiedad privada, la productividad y la expansión de la actividad agrícola en el territorio.
Dentro de esa estrategia, una de las propuestas más cuestionadas de De la Espriella es ampliar la frontera agrícola en 1,5 millones de hectáreas. La iniciativa está acompañada por una nueva política de formalización de la propiedad rural, con la que el abogado promete acelerar la titulación de tierras mediante puestos de mando unificados en cada departamento.
La propuesta no se limita a la titulación de predios. De la Espriella también plantea que convocará a los diez principales empresarios de cada departamento —a quienes se refiere como “cacaos regionales”— para que se comprometan a comprar productos agrícolas sin intermediarios. Su iniciativa, según ha explicado, es que esos alimentos sean donados y distribuidos entre poblaciones en condición de vulnerabilidad.
Las luces y sombras de Mato Grosso, el modelo que inspira la apuesta de Abelardo
Durante las últimas cinco décadas, Mato Grosso pasó de ser una región remota del centro de Brasil a convertirse en una de las mayores despensas agrícolas del mundo. Sus extensas sabanas dieron paso a millones de hectáreas dedicadas al cultivo de soya, maíz y algodón. Sin embargo, el modelo brasileño también ha estado en el centro del debate tras serios cuestionamientos por sus impactos medioambientales.
De acuerdo con el Ministerio de Agricultura de Brasil, Mato Grosso alcanzó en el último año una producción cercana a los 112 millones de toneladas de granos, tras expandir su superficie productiva a más de 22 millones de hectáreas. El estado concentra cerca de una tercera parte de toda la soya que produce el país y se ha convertido en uno de los principales motores de las exportaciones agropecuarias en la región.
Para sus defensores, Mato Grosso demuestra que es posible transformar regiones históricamente rezagadas en motores de crecimiento económico a través de la expansión agrícola. Pero organizaciones defensoras del medioambiente han advertido que el éxito productivo no puede analizarse de manera aislada, puesto que el avance de la frontera agropecuaria ha derivado en afectaciones a ecosistemas en ese estado brasileño.
En diálogo con CAMBIO, Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, advirtió que el debate sobre la ampliación de la frontera agropecuaria no debería centrarse en flexibilizar las restricciones ambientales, sino en aprovechar de manera más eficiente las áreas intervenidas. Para el magíster en Desarrollo Sostenible, el país aún cuenta con amplias extensiones de tierra subutilizada que podrían destinarse a actividades agrícolas sin generar nuevas presiones sobre ecosistemas estratégicos.
“La ampliación de la frontera agropecuaria no puede hacerse retirando las restricciones y determinantes ambientales, sino mediante la reconversión productiva de extensas zonas de ganadería en áreas de producción agropecuaria intensiva, dentro de los suelos habilitados para tal fin en el ordenamiento legal”, detalla Botero.
Más allá del espejo brasileño: los retos que enfrenta la apuesta de Abelardo de la Espriella
La apuesta de De la Espriella se concentra principalmente en la altillanura, una región que el candidato considera llamada a convertirse en el nuevo motor agroindustrial del país. Sin embargo, esa meta convive con otro compromiso consignado en su programa de gobierno: contener la expansión de la frontera agrícola sobre bosques y ecosistemas estratégicos.
En diálogo con CAMBIO, Brigitte Baptiste, rectora de la Universidad EAN y exdirectora del Instituto Humboldt, explicó que la propuesta de ampliar la frontera agrícola no es necesariamente incompatible con los objetivos ambientales, pero advierte que su viabilidad depende de dónde y cómo se implemente. En ese sentido, insiste en que el foco debe estar en los criterios que eviten replicar los impactos ambientales provocados por otros procesos de expansión agropecuaria en el país.
“Es una medida que solo tiene sentido en la Orinoquia colombiana y, más específicamente, en la altillanura. En el resto del país requerimos cerrar esa frontera que sigue deforestando y deteriorando, sobre todo, las regiones Caribe y Andina, mediante programas de restauración de bosques y fuentes hídricas que garanticen una mejor adaptación al cambio climático y aumenten la eficiencia productiva”, detalló Baptiste.
Para la exministra de agricultura Cecilia López, el principal riesgo de la propuesta está en asumir que la experiencia brasileña puede trasladarse automáticamente al contexto colombiano. Aunque reconoce el potencial de la altillanura, advierte que Mato Grosso fue el resultado de un proceso de transformación de largo plazo que involucró fuertes inversiones públicas, desarrollo científico y una institucionalidad capaz de acompañar la expansión productiva.
“Uno de los errores es creer que basta con abrir nuevas áreas para obtener los mismos resultados. Brasil construyó ese modelo durante décadas y bajo condiciones muy diferentes a las nuestras. Colombia todavía tiene desafíos pendientes en infraestructura, formalización de la propiedad, investigación agropecuaria y ordenamiento ambiental”, explicó López.
Los límites y desafíos de la propuesta de Abelardo sobre la frontera agrícola
En entrevista con CAMBIO, Sandra Bessudo, una de las responsables de la agenda ambiental de De la Espriella, aseguró que la expansión planteada por el candidato se concentraría en zonas con potencial productivo que no comprometan bosques naturales, páramos, humedales ni otros ecosistemas estratégicos. Para la fundadora de la Fundación Malpelo el debate no debe plantearse como una disyuntiva entre conservación y desarrollo económico, sino como un ejercicio de ordenamiento territorial basado en criterios técnicos.
La bióloga Brigitte Baptiste reconoce que la expansión agrícola en 1,5 millones de hectáreas puede desarrollarse sin comprometer ecosistemas estratégicos, pero advierte que ello dependerá de que la iniciativa se concentre exclusivamente en áreas aptas para la producción e incorpore salvaguardas ambientales que garanticen la protección de ecosistemas como los bosques de galería y los sistemas de humedales.
La exministra Cecilia López, por su parte, advierte que el desafío va más allá de identificar tierras aptas para la producción. Por eso, la economista plantea que esa apuesta exige resolver problemas históricos relacionados con la formalización de la propiedad rural, la asistencia técnica, el ordenamiento del territorio y el desarrollo de proyectos sostenibles.
Rubén Lizarralde, exministro de Agricultura, sostiene que el éxito de la expansión agrícola no dependerá únicamente de las hectáreas que se incorporen a la producción. Según el exfuncionario, el desafío pasa por construir condiciones económicas y sociales que permitan a las comunidades rurales encontrar alternativas sostenibles de ingreso. “Es necesario que les resulte rentable reemplazar los cultivos de uso ilícito y que puedan vivir de otras actividades productivas”, concluye.
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