Homicidios, control social y abuso: la dura imputación contra cinco exFarc por más de 400 crímenes contra pueblos indígenas
La JEP atribuyó responsabilidad a cinco comparecientes del Bloque Caribe de las extintas Farc-EP por crímenes cometidos contra los pueblos étnicos de la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá. Entre ellos están homicidios, violencia sexual, desplazamiento y desaparición forzada. Detalles.
El 6 de noviembre de 2004 el mamo arhuaco Mariano Suárez fue asesinado en Aracataca, Magdalena, por la entonces guerrilla de las FARC. Era una de las figuras más importantes de su comunidad y era considerado un “gestor de unidad” cultural del pueblo. Su crimen lo perpetró alias Alfonso del Frente 19 y, en su momento, se intentó minimizar, señalando que había sido un hecho aislado y no una orden de sus superiores en la guerrilla.
Pero la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) acaba de incluir este caso dentro de un patrón criminal en el que incurrieron las Farc para vaciar el territorio en el que estaban las autoridades y liderazgos étnicos, políticos y sociales. Es decir, las Farc sabían de los pueblos étnicos y los vieron como un obstáculo para su accionar ilegal y por eso asesinaron a Suárez.
En este patrón también se encuentra el homicidio y la desaparición forzada del mamo Guillermo Torres Izquierdo en Fundación, Magdalena, perpetrada el 1 de marzo de 2003. El dirigente arhuaco fue sacado de su casa en donde estaba con su compañera y dos niños pequeños y, hasta la fecha, no hay rastro suyo. Igualmente, se incluyó el crimen del indígena wiwa Luis Fernando Montaño, ocurrido el 8 de abril de 2004, por parte de integrantes del Frente 59 en San Juan del Cesar, La Guajira.
“De manera violenta, a través de asesinatos, desplazamientos forzados, extorsiones y amenazas, pretendieron cooptar sus procesos organizativos e instrumentalizarlos para alcanzar sus fines e intereses, así como imponer una política hegemónica que desconocía sus derechos fundamentales, entre ellos, a la existencia física, cultural y espiritual, a la autonomía, a la autodeterminación y al territorio”, dijo la JEP.
Casos, lamentablemente, hay muchos. La Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP decidió imputar y atribuir responsabilidad a cinco comparecientes del Bloque Caribe de las extintas Farc-EP como máximos responsables en crímenes cometidos contra los Pueblos Étnicos de la Sierra Nevada de Santa Marta y algunos municipios de la Serranía del Perijá, entre 1996 y 2007.
Se trata de los exintegrantes del Estado Mayor del Bloque Caribe de las extintas Farc Abelardo Caicedo Colorado, quien fue conocido como Solís Almeida; Luis Alejandro Cuadras Solórzano, alias Leonardo Muñoz; Gilberto Giraldo, alias Aldemar Altamiranda; y Héctor Hernández, quien fue conocido como Fabio Borges. Además, fue imputado Marcos Martínez, conocido como Silfredo, quien, a pesar de no haber pertenecido al Estado Mayor del bloque para el periodo priorizado, tuvo una participación determinante en la ejecución del patrón macrocriminal.
Todos fueron vinculados a 423 hechos, de los cuales 318 sucedieron entre 1996 y 2007, que fueron calificados como crímenes de lesa humanidad en las modalidades de asesinato, desaparición forzada, exterminio, traslado forzoso de población, tortura, persecución y violación. Del mismo modo, se determinó la configuración de crímenes de guerra bajo las figuras de homicidio, desplazamiento de población civil, tortura, violación, saqueo y destrucción de bienes culturales y lugares de culto.
Esta decisión hace parte del subcaso Sierra Nevada de Santa Marta y algunos municipios de la Serranía del Perijá, del caso 09, en el que se investigan los crímenes no amnistiables cometidos contra pueblos y territorios étnicos durante el conflicto. Esta es la primera imputación que se hace en este expediente, tras una investigación que encontró que las Farc incurrieron en cinco patrones criminales que afectaron al pueblo negro afrocolombiano y a los pueblos indígenas kankuamo, wiwa, kogui, arhuaco, wayúu, ette ennaka y yukpa.
El segundo patrón criminal tuvo que ver con eliminar, amenazar o desterrar a quienes eran considerados “enemigos” o colaboradores de otros grupos armados. Según la JEP, este motivo para matar implicó una estigmatización generalizada, ajusticiamientos e impactos diferenciados sobre pueblos étnicos. Las personas eran asesinadas por rumores y sospechas.
“Esta lógica se vio reforzada por el entorno de sospecha generado por la política estatal de seguridad democrática implementada durante la presidencia de Álvaro Uribe Vélez, en cuyo marco se promovió una red masiva de informantes. Aunque esta red respondía a una política pública estatal, fue utilizada por las extintas Farc-EP como justificación para castigar a miembros de la población civil a quienes consideraban informantes”, apuntó la JEP.
“Como resultado, se perpetraron asesinatos, desplazamientos y amenazas contra personas que, en muchos casos, no tenían relación alguna con actores armados, pero que fueron señaladas por su actividad económica, ubicación geográfica o vínculos con instituciones del Estado. Entre las víctimas, se encontraban miembros de Pueblos Étnicos asentados en la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá, quienes fueron objeto de estigmatización, violencia y restricciones por parte de la estructura armada, pese a su neutralidad y arraigo territorial”, agregó la Sala.
En esta lógica fue incluido el crimen de Leiver Mendoza, indígena kankuamo, perpetrado el 28 de junio de 1998 en zona rural de Valledupar; el asesinato de José Eduardo Mendoza, un músico del pueblo afro conocido como Piyayo, perpetrado el 3 de noviembre de 1999, quien fue señalado de ser informante de las AUC, atado y asesinado luego de ponerle un letrero en el cuerpo con el fin de humillarlo.
Wilfredo Mendoza y Adulfo Martínez del pueblo kankuamo, así como Alonso de la Cruz Nieves y su hijo Luis Carlos del pueblo wiwa o los campesinos afro Aldo López, Neris José Daza, Omar Daza y un menor de 17 años, son otras víctimas incluidas en este patrón por parte de la JEP. El último caso fue una masacre realizada el 14 de noviembre de 2002 en el corregimiento de Totumo de San Juan del Cesar.
Abuso sexual de mujeres, tortura y trabajos forzados
La investigación de la JEP señala que las Farc también asesinaron como castigo a personas que no cumplieran con las reglas impuestas por ellos en los territorios. Esto implicaba, por ejemplo, que las personas no podían negarse a colaborar, asistir a reuniones o seguir orientaciones de los frentes de esa guerrilla.
Igualmente, la JEP encontró que las Farc incurrieron en múltiples crímenes con el fin de controlar a las mujeres y niñas de los pueblos étnicos mediante violencias diferenciadas. El objetivo era imponer su autoridad, desde una visión patriarcal, heteronormativa y cisnormativa. La JEP indicó que los hechos de violencia sexual encontrados fueron una práctica tolerada por los miembros del Estado Mayor y los comandantes de frentes del Bloque Caribe.
“Se documentaron situaciones en las que, aunque no mediara violencia sexual explícita, las mujeres fueron instrumentalizadas en roles de género impuestos por la organización, como cocinar o realizar labores domésticas bajo coacción, lo cual constituye una forma de violencia basada en género que expone a la población civil a la estigmatización en un entorno de lucha armada”, indicó la Sala.
Entre las víctimas está Luz Amparo Torres Daza quien el 11 de agosto de 2000 fue retenida, torturada y desaparecida. Tita, como se le conocía, era indígena kankuama y vivía en Valledupar. Fue asesinada porque el Ejército la obligaba a que les lavara la ropa y les cocinara.
En agosto de 2003 fue retenida y abusada una bacterióloga, cuyo nombre se protege. Ella estaba haciendo una jornada médica en la comunidad windiwa del territorio arhuaco ubicado en Fundación cuando fue llevada a la fuerza por integrantes del frente 19 de las Farc. Fue golpeada, violada y amenazada de muerte. Una semana después la entregaron a la comunidad indígena.
En este patrón también fue incluido el caso de una mujer indígena arhuaca quien, entre 1999 y 2001, fue retenida, sometida a trabajos forzados y víctima de violencia sexual en zona rural de Fundación por parte del frente 19. Su testimonio, es desgarrador:
“Yo vivía en Fundación con mi compañero y mis dos hijos que tenían menos de 18 años. El día 15 de noviembre de 1999 llegó un miliciano a la finca de mi mamá y me dijo que subiera que Santrich necesitaba hablar conmigo. Yo subí (… ) Al día siguiente me dijo Santrich que no me iban a dejar bajar, porque estaba trabajando con el Ejército. Me pusieron a cocinar al grupo, que, así como colaboraba abajo tenía que colaborarles a ellos. Me pusieron uniforme, arma no me dieron, también lavaba los uniformes de Santrich y de la mujer de Santrich que su alias era Camila, ella es del interior. A los 15 días de tenerme allí, intenté fugarme sola, pero ellos estaban pendientes y me cogieron y me pusieron como castigo hacer una trinchera de un metro y en la cocina cuatro días cocinando para todo el grupo, me mandaban a buscar leña, pero acompañada, no podía salir sola”, contó.
“En el campamento había más indígenas, había una que le decían Seynake, era arhuaca, también había koguis, kankuamos. Yo duré seis meses, a los tres meses me dieron entrenamiento, después me dieron un fusil AK. Estando en ese campamento resultaron muchas mujeres embarazadas, una tuvo un niño, pero se lo entregaron a una familia que era miliciana. A ella no le practicaron el aborto, porque escondió su estado, se colocaba una faja y después del parto cuando se recuperó la pusieron a hacer trincheras como castigo”, agregó.
Luego de seis meses, en una caminata de siete horas por los lados de Codazzi, esta mujer rodó por el abismo y sufrió lesiones serias. “Me fracturé la pierna derecha desde arriba, pensaron que yo estaba muerta, pero cuando estaba en el filo donde me habían llevado yo reaccioné y me sacaron en hamaca para Codazzi. Allí llegamos a una finca de un miliciano, donde había un médico, allí duré cuatro meses mientras me recuperaba. Yo pedí que me dejaran ir para la casa, pero no me dejaban, me decían que el que entraba era para morirse. Yo le pedí que entonces me mataran, porque estaba sola, no sabía nada de mis padres, ni de mis hijos, ellos hicieron un consejo para decidir si me dejaban ir o me ajusticiaban, me dijeron que tenía que esperar 15 días”.
“Yo intenté matarme con un arma de los milicianos, pero ellos se dieron cuenta y me la quitaron, se dieron cuenta que yo estaba decidida. El consejo decidió que tenía que recuperarme. Finalmente decidieron sacarme para Caracolicito y allí me dejaron. Como pude, me fui para mi casa en Fundación a donde mi compañero y mis hijos”, agregó esta mujer.
En medio del horror, la JEP encontró que las Farc también cometió crímenes para dominar el área y corredores estratégicos de la región ocasionando graves afectaciones al territorio, la naturaleza y los lugares sagrados de las comunidades.
Las cifras
La investigación calculó un universo provisional de hechos compuesto por 423 crímenes atribuidos al Bloque Caribe de las extintas Farc-EP, cometidos contra integrantes de Pueblos Étnicos en los 27 municipios priorizados en este subcaso.
De los 423 hechos victimizantes documentados, 163 corresponden a asesinatos, 211 a desplazamientos forzados, 53 a desaparición forzada y 25 a violencia sexual y violencia basada en género. 318 de estos hechos ocurrieron entre los años 1996 y 2007, periodo priorizado en esta línea de investigación.
La sala se concentró en 83 hechos ilustrativos de las 5 modalidades del patrón macrocriminal.
En cuanto al universo de víctimas, la subsala documentó una cifra de 1.590 personas desplazadas forzosamente. Entre las cuales, los pueblos con mayor victimización reportada ante esta jurisdicción son el pueblo wiwa con 734 víctimas individuales; el pueblo negro afrocolombiano con 616 víctimas; y el pueblo kankuamo con 91 víctimas.
En lo que respecta a los asesinatos, el mayor número de víctimas individuales registradas corresponde al pueblo kankuamo con 95 personas; seguido del pueblo wiwa con 54; y del pueblo negro afrocolombiano con 42.
Con esta decisión, la Sala de Reconocimiento da por concluida la etapa de investigación de las extintas Farc en el subcaso 09 y ahora avanza hacia las fases de reconocimiento de verdad y responsabilidad, juicio y sanción de estos máximos responsables.
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