
Gobierno Petro anuncia acciones legales contra gobernadores que rechazaron emergencia económica
Diecisiete mandatarios departamentales anunciaron que se abstendrán de acatar las disposiciones establecidas en el decreto expedido por el Gobierno nacional. Ante esta decisión, los ministros del Interior y de Justicia anunciaron acciones legales contra los gobernadores que desconozcan la medida.
Por: Jonathan Beltrán
La tensión entre el Gobierno nacional y administraciones regionales se intensificó este jueves luego de que 17 gobernadores anunciaran públicamente su decisión de no acatar el decreto de emergencia económica firmado por el presidente Gustavo Petro. La postura de los mandatarios generó la respuesta inmediata de miembros del gabinete que advirtieron sobre posibles consecuencias jurídicas para quienes desconozcan la declaratoria.
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El anuncio de los gobernadores se conoció solo una semana antes de que concluya la emergencia económica declarada por el Gobierno nacional, tras el hundimiento de la reforma tributaria. En ese contexto, el Ministerio de Hacienda defendió la legalidad del decreto y sostuvo que las medidas adoptadas buscan garantizar la estabilidad fiscal y la continuidad de programas sociales.
En rechazo a las nuevas cargas tributarias establecidas bajo el estado de excepción, los gobernadores del país participaron en una reunión extraordinaria en Bogotá para manifestar su preocupación sobre la autonomía fiscal de los departamentos tras advertir que las medidas afectarían la prestación de servicios esenciales en salud, educación y deporte.

La Federación Nacional de Departamentos (FND) confirmó que los gobernadores estudiarán un instrumento jurídico para frenar la implementación de medidas como el incremento del impuesto a licores. Con la acción legal, los mandatarios departamentales buscarían limitar la aplicación de las medidas en sus territorios hasta que la Corte Constitucional se pronuncie de fondo.
La decisión se conoció un par de horas después de que el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, confirmara que su administración no implementaría las medidas definidas por el Gobierno Petro. Ahora, tras el encuentro con otros mandatarios regionales, se estableció que solicitarán un espacio ante la Corte Constitucional para presentar sus conceptos sobre la declaratoria del estado de emergencia económica.
“Es un mal ejemplo”: ministro Armando Benedetti sobre posible desacato
Desde las instalaciones de la FND, los mandatarios reiteraron que las medidas afectan las finanzas de sus departamentos y explicaron que su decisión estaría respaldada por la excepción de inconstitucionalidad. Según el anuncio, quienes presentarían sus motivaciones ante el alto tribunal serían los gobernadores de Tolima, Valle del Cauca, Antioquia, Nariño, Caquetá y Córdoba.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, cuestionó la decisión de los gobernadores y enfatizó que la Corte Constitucional es la encargada de avalar la declaratoria, suspender provisionalmente sus efectos o confirmar su posible inexequibilidad. En ese sentido, advirtió que ninguna autoridad territorial puede decidir de manera unilateral sobre la vigencia de un decreto con fuerza de ley.
“Es un mal ejemplo que los gobernadores estén invitando a no acatar la ley. La Corte Constitucional es quien tiene esa función. Si ellos dicen que no acatan la norma, están usurpando las funciones del alto tribunal”, sostuvo el ministro Benedetti, en el mensaje en el que reiteró que los magistrados revisarán la constitucionalidad de las medidas.

La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, rechazó las declaraciones del ministro del Interior y sostuvo que los gobernadores buscarían garantías para evitar afectaciones económicas en sus territorios. A su vez, detalló que el FND entregará a cada administración departamental un documento para sustentar el incumplimiento de las medidas y confirmó que algunos departamentos interpondrán tutelas particulares.
Los gobernadores reunidos en Bogotá argumentaron que las medidas adoptadas mediante el decreto de emergencia económica vulneran la autonomía territorial, al trasladar cargas tributarias que comprometen recursos destinados a la prestación de servicios básicos. Además, sostuvieron que el incremento de impuestos como el aplicado a los licores y al consumo afectaría directamente la inversión regional y el equilibrio fiscal de las entidades territoriales.
Las acciones legales contra gobernadores anunciadas por el Gobierno Petro
El ministro de Justicia, Andrés Idárraga, calificó como un exabrupto jurídico el anuncio de los gobernadores de rechazar la implementación de las medidas fijadas durante la emergencia económica. En ese sentido, anunció que se llevarán a cabo acciones legales tras analizar los actos administrativos en los que se materialice el desconocimiento del decreto.

“El decreto de emergencia económica se tiene que aplicar. ¿Será que pretenden desconocerlo vía excepción de inconstitucionalidad? Tampoco es legítimo invocar ese mecanismo para el caso que nos ocupa. Se estarían atribuyendo competencias ajenas y desconociendo la Constitución Política”, sostuvo el también secretario de Transparencia.
La posición de Idárraga fue respaldada por el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, quien sostuvo que el desconocimiento de la declaratoria de emergencia corresponde a una supuesta desviación del poder mediante falsa motivación. Por eso, insistió en que los mandatarios regionales y locales que rechacen las disposiciones establecidas podrían incurrir en prevaricato.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, señaló que los gobernadores que incumplan con las medidas ordenadas por el Gobierno nacional podrían enfrentar incluso sanciones individuales. “Podrían responder con sus propios bienes y sus recursos lo que se pretende recoger con los impuestos”, explicó en su rechazo al anuncio del FND.
Los ministros explicaron que, por ahora, la declaración del estado de emergencia económica y las medidas establecidas bajo su amparo son de estricto cumplimiento hasta que la Corte Constitucional ordene lo contrario. Asimismo, anunciaron que las acciones legales se adelantarán una vez se verifique formalmente el incumplimiento de las disposiciones.
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