Las graves acusaciones de Augusto Rodríguez contra el ministro de Justicia
Augusto Rodríguez, director de la UNP; Andrea del Pilar Verdugo, esposa del ministro de Justicia y quien hasta el martes se desempeñaba como alta funcionaria de la Fiscalía General de la Nación; y el ministro de Justicia, Andrés Idárraga. Fotos: Colprensa.
El director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), uno de los hombres de confianza del presidente Gustavo Petro, aseguró que Andrés Idárraga habría influido —a través de su esposa, Andrea del Pilar Verdugo— en investigaciones en su contra. Verdugo renunció a su cargo en la Fiscalía General de la Nación.
Por: Armando Neira
La mejor defensa es el ataque. Pero, ¿vale la pena esta estrategia cuando se ponen en entredicho instituciones o se afecta la estabilidad política? ¿Se justificaba en este caso? Esas son las preguntas que surgen tras las recientes declaraciones de Augusto Rodríguez, quien dejó en el ambiente la idea de que las posibles investigaciones en su contra por parte de la Fiscalía General de la Nación no obedecen a una actuación autónoma del ente acusador, sino a una supuesta influencia ejercida por el ministro de Justicia, Andrés Idárraga, a través de su esposa, Andrea del Pilar Verdugo, quien hasta el martes se desempeñaba como funcionaria de la entidad.
¿Midió Rodríguez el impacto de lanzar señalamientos de ese calibre contra otro integrante del gabinete presidencial? Quizás sí, porque no es un hecho inédito en esta administración. No se trata de un episodio aislado que en el pasado ha eclipsado los problemas reales.
En el pasado reciente, Rodríguez —actual director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), amigo del presidente Petro desde hace décadas y exintegrante del M-19— afirmó durante un consejo de ministros televisado, que terminó convirtiéndose en un punto de quiebre para el gabinete, que Armando Benedetti tenía presuntos vínculos con Diego Marín, alias Papá Pitufo, señalado como el zar del contrabando.
En ese momento, Benedetti acababa de ser nombrado jefe de Despacho del presidente y respondió denunciando a Rodríguez por injuria, calumnia y abuso de autoridad. Todo ocurrió ante el silencio del jefe de Estado.
Este nuevo episodio de confrontación interna se produjo tras un hecho que causó sorpresa. El lunes en la tarde se conoció que la Fiscalía tenía previsto imputar a Rodríguez por su presunta responsabilidad en el crimen del senador Miguel Uribe Turbay.
El caso de Uribe Turbay
La gravedad del anuncio radicaba en que, en la práctica, trasladaba parte de la responsabilidad del asesinato del joven senador del Centro Democrático al Estado, y no únicamente a las disidencias de las Farc, como se había sostenido hasta entonces.
La hipótesis apuntaba a una posible omisión estatal en la adopción de medidas de protección para un líder de la oposición que mantenía una postura abiertamente crítica frente al Gobierno y que, por ello, debía contar con esquemas de seguridad reforzados.
Nada de eso ocurrió. Miguel Uribe Turbay, un férreo crítico del Gobierno de apenas 39 años, fue atacado a balazos por un joven de 16 años que logró acercarse a menos de dos metros sin que nadie se lo impidiera en un mitín político en el occidente de Bogotá.
El caso volvió al centro del debate horas después, cuando la Fiscalía anunció que retiraba la solicitud de imputación presentada ese mismo lunes contra el director de la UNP por el delito de prevaricación por omisión.
La entidad explicó que la solicitud había sido radicada por un fiscal de la Unidad de Administración Pública de Bogotá que no tenía competencia para hacerlo. Se trataba, según la Fiscalía, de una falla de procedimiento, lo que no implica necesariamente que el caso quede archivado.
“Luego de advertir la competencia integral del Grupo de Tareas Especiales creado para investigar el magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, la Fiscalía 295 de la Unidad de Administración Pública de Bogotá retiró la solicitud de imputación por presunto prevaricato por omisión contra el director”, señaló la entidad en un comunicado.
El ataque contra la esposa
En este escenario, Rodríguez emprendió una defensa mediática y, sin presentar pruebas, sugirió que Andrea del Pilar Verdugo habría tenido algún tipo de incidencia en el proceso judicial, por su condición de esposa del ministro Idárraga.
“El doctor Idárraga siempre ha dicho que tiene poder en la Fiscalía porque su esposa es la directora de Asuntos Internacionales”, afirmó.
Añadió: “Él tiene una esposa que ocupa un alto cargo en el área jurídica de la Fiscalía. Entonces, una de las opciones que llego a pensar es que haya hecho algún movimiento para explicar por qué se da esta situación en la que a mí no me escuchan, pero sí me imputan”.
Rodríguez profundizó sus señalamientos. “Cuando hago averiguaciones relacionadas con la seguridad del presidente, he detectado actitudes del doctor Idárraga que no son las más éticas”, sostuvo.
Además, aseguró haber sido víctima de amenazas en otras ocasiones, derivadas de investigaciones internas relacionadas con presuntos hechos de corrupción, supuestas presiones en la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y posibles influencias indebidas en la Fiscalía.
Tras estas declaraciones, Verdugo presentó su renuncia a la Fiscalía General de la Nación, la cual fue aceptada.
Entre tanto, el director de la UNP elevó el tono de sus afirmaciones. Según Rodríguez, existen comportamientos del ministro de Justicia que no se ajustan a los estándares éticos exigidos en el servicio público.
“A mí y a otros funcionarios de la Casa de Nariño nos llegó información sobre solicitudes y presiones de Idárraga en entidades como la Sociedad de Activos Especiales y el Inpec”, dijo.
Rodríguez afirmó conocer “hechos del señor Idárraga que me hacen pensar que no está en la línea ética correcta” y aseguró haber compartido esta información con el presidente Petro.
¿El Gobierno chuza al Gobierno?
Este cruce de acusaciones ocurre en medio de otro incendio que aún no se apaga. Idárraga denunció que su teléfono habría sido intervenido mediante el software de espionaje Pegasus, utilizado en el pasado en Colombia para interceptar ilegalmente a opositores, periodistas y magistrados.
El ministro de Justicia informó que, según una investigación de una compañía forense contratada por él, entre agosto y noviembre —cuando se desempeñaba como secretario de Transparencia de la Presidencia— se habrían extraído al menos 2,3 gigabytes de información de su dispositivo y se habrían registrado más de 8.000 acciones remotas, incluida la activación del micrófono en 134 ocasiones.
Crédito: Colprensa.
Idárraga acusó al Ministerio de Defensa, encabezado por el general (r) Pedro Sánchez, de haber ordenado el espionaje. El ministro respondió de inmediato y aseguró que Pegasus no opera en Colombia desde 2022.
A la controversia se sumó una nueva declaración de otro alto funcionario que también se subió al ring. “En mis teléfonos está Pegasus”, afirmó el ministro del Interior, Armando Benedetti.
Ante estas denuncias, surgieron preguntas sobre un eventual vínculo entre el presunto uso de Pegasus y la UNP. Rodríguez negó cualquier relación. “No conozco nada sobre Pegasus ni sobre interceptaciones ilegales; la UNP no tiene nada que ver con eso. Pero sí conozco algunas indelicadezas del señor Idárraga, y se las he comentado al presidente”, insistió.
Por su parte, el ministro Sánchez afirmó: “Jamás se ha ordenado desde el Ministerio de Defensa ni desde ninguna fuerza hacer un seguimiento como el que describe esa información falsa que le hicieron llegar a nuestro ministro de Justicia”.
Benedetti le añadió el factor emocional y expresó su solidaridad con Idárraga y aseguró conocer “la rabia y la impotencia que produce ser objeto de esa bajeza”.
También afirmó que, por el alto costo del software, “solo los gobiernos lo tienen”, lo que —según dijo— abre el interrogante sobre si Pegasus está en manos de agencias del Estado o de funcionarios estatales.
Estaba claro que, en medio de la confrontación interna en el Gobierno, Benedetti, adversario político de Rodríguez, se alineaba con el ministro de Justicia.
Benedetti entra al ‘ring’
En el ambiente aún gravitan los señalamientos de Rodríguez contra Benedetti y que le costó una denuncia penal en su contra. Durante el consejo de ministros en el que el presidente comparó a Benedetti con Jaime Bateman, fundador del M-19, la confrontación quedó abierta y con una herida profunda.
“No acepto que se compare al señor Benedetti con Jaime Bateman, un hombre limpio, transparente y alegre, que nos enseñó a luchar con coherencia”, dijo entonces Rodríguez.
En ese momento, el director de la UNP recordó que los problemas de gobernabilidad de la actual administración comenzaron cuando Benedetti asumió un rol protagónico en el Gobierno. También evocó el audio en el que Benedetti atacó a Laura Sarabia, hoy embajadora en Londres, y habló de un supuesto aporte millonario a la campaña presidencial.
“Después de una ‘semiconfesión’ del señor Benedetti ante los medios, realizada en un estado de exaltación, sobre hechos que no sabemos si ocurrieron o no, pero que revelan su temperamento, considero que este espacio no es para él”, concluyó en aquella oportunidad Rodríguez.
Pareciera que el director de la UNP no modera sus afirmaciones cuando se trata de confrontar. Sus declaraciones generan un fuerte ruido mediático y afectan la imagen del Gobierno, mientras el presidente Petro guarda silencio. En este escenario, para Rodríguez, la mejor defensa sigue siendo el ataque.
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