Fiscalía llama a juicio a Ricardo Roa por la misteriosa compra del apartamento 901

Dos días después de que CAMBIO revelara que por las cuentas de Ricardo Roa circularon 58.323 millones de pesos durante el año electoral y que existe un faltante de 7.034 millones de pesos sin explicación aparente en los registros revisados por este medio, la Fiscalía General de la Nación anunció la radicación del escrito de acusación contra el presidente de Ecopetrol por el delito de tráfico de influencias de servidor público. Sin embargo, la decisión del ente acusador se refiere exclusivamente al caso del apartamento 901 en Bogotá.

La Fiscalía informó que, a través de la Dirección Especializada contra la Corrupción, radicó el escrito de acusación contra Roa y que la formalización de esa actuación se realizará una vez se surta el reparto ante los juzgados penales de conocimiento. El anuncio representa un avance procesal importante en uno de los dos expedientes más sensibles que enfrenta el presidente de Ecopetrol. No obstante, deja abierta una pregunta inevitable sobre el alcance real de las investigaciones que adelanta el ente acusador.

El caso por el que ahora será acusado Roa corresponde a la compra del apartamento 901, ubicado en el norte de Bogotá. Según la hipótesis de la Fiscalía, el entonces presidente de Ecopetrol habría recibido un beneficio económico indebido en la adquisición del inmueble, cuyo valor comercial habría sido superior al precio efectivamente pagado. La entidad sostiene que ese supuesto descuento estaría relacionado con actuaciones posteriores realizadas por Roa desde la presidencia de Ecopetrol, particularmente por haber presionado, supuestamente, al entonces presidente de Hocol, Luis Enrique Rojas, para que adjudicara el proyecto de regasificación Chuchupa-Ballena, a una empresa vinculada a Juan Guillermo Mancera, vendedor del inmueble. Es la misma investigación por la que Roa había sido imputado en marzo de este año.

Sin embargo, mientras ese expediente avanza, otro frente permanece congelado. En diciembre de 2024, la Fiscalía recibió el informe MT-DIR 100060412024 de la UIAF, un documento elaborado precisamente a solicitud de la Fiscalía 26 Especializada contra la Corrupción. Ese informe fue una de las piezas centrales de la investigación publicada por CAMBIO esta semana.

Tras contrastar el documento con registros bancarios, reportes electorales, declaraciones tributarias y fuentes de los distintos procesos, este medio encontró que durante 2022 por las cuentas de Ricardo Roa circularon 58.323 millones de pesos. En ese mismo periodo, la consulta interpartidista del Pacto Histórico y la campaña presidencial de Gustavo Petro reportaron gastos por 50.340 millones de pesos.

La diferencia inicial es de 7.983 millones de pesos. Pero incluso si se suman los 949 millones de pesos que Roa reportó como ingresos personales ante la DIAN durante ese año, sigue existiendo un faltante de 7.034 millones de pesos cuyo origen y destino no aparecen explicados ni en las cuentas de campaña ni en los ingresos personales declarados por el hoy presidente de Ecopetrol. Sobre ese tema no se conocen, aún, desarrollos en la justicia.

CAMBIO no afirma que esos recursos tengan origen ilícito ni que correspondan necesariamente a dineros de campaña. Lo que sí demuestra la documentación revisada es que existe una diferencia contable y financiera que no ha sido explicada públicamente y que tampoco aparece abordada en las actuaciones conocidas de la Fiscalía.

La situación resulta aún más llamativa porque la información no proviene de una denuncia reciente ni de un hallazgo sobreviniente. Se trata de un informe oficial de inteligencia financiera que la propia Fiscalía solicitó y recibió hace un año y medio. Pese a ello, el ente acusador ha concentrado sus actuaciones públicas en los expedientes relacionados con el apartamento 901 y con la presunta violación de topes electorales, sin que hasta ahora se conozcan decisiones concretas sobre los hallazgos financieros contenidos en el informe de la UIAF.