Así está la seguridad de los precandidatos presidenciales: infografía de la realidad detrás de los esquemas de protección

"Ningún niño en Colombia debería repetir la historia que está viviendo mi hijo hoy: contar a sus cuatro años que su papá sufrió un disparo en la cabeza”, dijo, con la voz entrecortada, María Claudia Tarazona, luego de que su esposo, Miguel Uribe Turbay, fuera baleado en parque del barrio Modelia, en el occidente de Bogotá. El atentado revivió viejos miedos y heridas que los colombianos creían cicatrizadas. 

Más allá de pugnas ideológicas y diferencias políticas, mientras Uribe Turbay lucha por su vida en la clínica Fundación Santa Fe, el ataque en su contra desnudó la fragilidad de los esquemas de seguridad de los candidatos, que empezaron a moverse para robustecer su protección. 

El Gobierno también reaccionó. El esquema de seguridad de Miguel Uribe ya fue fortalecido y en esta semana que pasó se convocó una reunión de emergencia en la Casa de Nariño para analizar, discutir y tomar decisiones urgentes sobre cómo proteger a quienes aspiran a guiar el país en los próximos años.

En medio de este panorama, CAMBIO recopiló los datos sobre la situación actual en materia de seguridad de aquellos que buscarán participar en las elecciones presidenciales de 2026. Esta infografía refleja los niveles de vulnerabilidad y los retos que tiene Colombia si quiere garantizar la protección que sus futuros líderes merecen.

Así están protegiendo a los aspirantes 

El análisis realizado por CAMBIO, basado en la información obtenida de 19 precandidatos, revela un panorama complejo: mientras 16 cuentan con algún tipo de esquema asignado por la Unidad Nacional de Protección (UNP), tres no tienen ninguna protección oficial. La razón es que tienen realidades diferentes. 

Ahora, entre los aspirantes inscritos oficialmente, el abanico de protección es amplio: hay desde quienes caminan sin ningún esquema hasta quienes cuentan con una seguridad robusta. Esta realidad refleja las diferencias en el nivel de riesgo reconocido, pero también muestra la capacidad de la UNP para responder. 

Los presidenciables que ya inscribieron su candidatura son: David Luna, Claudia López, Mauricio Lizcano, Santiago Botero y Juan Daniel Oviedo. De estos cinco aspirantes, uno no cuenta con ningún esquema, otro tiene protección ligera, dos disfrutan de una seguridad media, y solo uno posee un esquema robusto. Ninguno tiene el nivel máximo de protección.

Hay un grupo de 14 precandidatos no inscritos, que incluye a figuras como Miguel Uribe, Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, Sergio Fajardo y Gustavo Bolívar, entre otros. Del total, tres no cuentan con ningún esquema de protección, seis tienen un esquema medio y otros cinco gozan de una protección fuerte. Al igual que en el grupo anterior, ninguno posee el nivel máximo de protección. Hay incluso dos personas que hoy se movilizan en bicicleta. 

La filiación política puede influir también en la asignación de seguridad. Mientras que en el Gobierno solo tres de sus cinco precandidatos están protegidos, en la oposición y en el grupo independiente la mayoría cuenta con esquemas. Como ya se ha dicho, la protección no es igual para todos, pues depende del riesgo que tenga cada uno. 

CAMBIO pudo establecer que nueve de los 19 aspirantes han pedido reforzar sus esquemas, y que algunos incluso lo han solicitado en varias oportunidades este año. No obstante, a siete se les fue negado, y dos aún están esperando respuesta.

Las solicitudes de refuerzo de la seguridad desatendidas aumentan los niveles de frustración de los precandidatos que coinciden en criticar a la Unidad Nacional de Protección. El caso de Miguel Uribe Turbay se volvió emblemático y, para algunos de los aspirantes que hablaron con CAMBIO, evidencia la falta de gestión. 

El senador envió 23 solicitudes para recibir acompañamiento en sus viajes fuera de Bogotá y todas fueron negadas. “Este silencio institucional, incluso ante el riesgo concreto, expone la falta de atención y el incumplimiento de responsabilidades”, le dijo a este medio uno de los precandidatos.

Además, llama la atención que, en las respuestas enviadas al senador del Centro Democrático, a las cuales CAMBIO pudo acceder, se ve que el formato siempre es el mismo, como si se tratara de un mensaje prediseñado sin un estudio profundo y específico de las solicitudes que analice qué tan alto es el riesgo en cada viaje. 

Los precandidatos consultados denuncian que la excusa recurrente es la falta de recursos presupuestales, un argumento que para ellos no justifica la vulnerabilidad en la que los dejan. Hace apenas una semana, a un precandidato le informaron que su esquema será reducido; a otro, que reportó amenazas directas, no le han reforzado la protección,

Al respecto, Augusto Rodríguez, director de la UNP, reconoció hace unos días en entrevista con CAMBIO que “el asunto fiscal es un poco difícil”. Sin embargo, aseguró que ya están hablando con el Ministerio de Hacienda para encontrar una solución y aclaró que la UNP trabaja de acuerdo con la demanda. “Estamos haciendo todos los esfuerzos por cubrirla”, dijo. 

¿Cómo funciona la protección a los precandidatos según la ley? 

Aunque la mayoría de los precandidatos hoy goza de protección, no disponen de ella por su condición de aspirantes. Muchos están resguardados porque son congresistas, porque recientemente estuvieron en un cargo público o porque en algún momento han estado amenazados. Como la campaña para el próximo proceso electoral no ha arrancado todavía, no todos los aspirantes gozan de seguridad. Es más, algunos ni siquiera la han solicitado.  

Así lo explicó el director de la UNP, quien aseguró que quienes tienen esa aspiración deben manifestarla a la entidad competente para poder estudiar el caso y así tomar las medidas apropiadas. 

Sin embargo, Rodríguez también señala que como los partidos están seleccionando sus candidatos y algunos van a participar en consultas, eso implica una serie de movimientos con su electorado y actividades proselitistas que pueden poner a los precandidatos en riesgo. Esa situación los enmarca en la categoría de dirigentes o activistas de grupos políticos, directivos y miembros de organizaciones declaradas en oposición, o simplemente políticos, los cuales, según el Decreto 1066 de 2015, pueden y deben tener protección estatal.
 
William Devia, líder de uno de los sindicatos de la UNP, le dijo a CAMBIO que “según el Decreto 1066 de 2015, la UNP debe asumir esa responsabilidad por trámite de emergencia o por la ruta ordinaria según las condiciones de cada caso”. 

Las medidas de emergencia, según la citada norma, se aplican cuando hay casos de riesgo inminente y excepcional y permiten que el director de la Unidad Nacional de Protección adopte, sin necesidad de la evaluación del riesgo y contemplando un enfoque diferencial, medidas provisionales de protección inmediata para los usuarios del programa.

¿Cómo es el proceso para obtener protección y esquema de seguridad? 

La ruta ordinaria de la que habla William Devia es la que se hace a través del Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (CERREM). Ese órgano, del que hacen parte varias entidades estatales, incluyendo a la Policía, es el encargado de valorar integralmente el riesgo que enfrentan las personas que solicitan protección, con el objetivo de recomendar las medidas más adecuadas para cada caso. 

Los precandidatos que no tienen protección deben hacer la solicitud a la UNP. El primer paso es realizar un estudio a través del Grupo de Valoración Preliminar (GVP), que elabora un documento con recomendaciones para que el CERREM las estudie y recomiende o no las medidas de protección a la UNP, que finalmente es la entidad que las debe adjudicar. 

Uno de los precandidatos que habló con CAMBIO dijo que desde hace cinco meses le hicieron el estudio con el que se buscaba reforzar su seguridad y que, aunque el resultado fue incrementar el esquema por el nivel de riesgo que tiene, el GVP no ha llevado las recomendaciones al CERREM para que se haga efectiva la medida. 

Otros dos aspirantes que también solicitaron aumentar su seguridad le contaron a este medio que se encuentran a la espera de la aprobación por parte del CERREM. Uno de ellos dijo que el comité “no quiere sesionar porque saben que no hay plata para poder poner más escoltas y, en algunos casos, entregar más carros”. 

En todo caso y tras el atentado contra Miguel Uribe, el Gobierno le puso el acelerador al tema y convocó a la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales. Allí, según una fuente que conoce el funcionamiento de esa instancia, los partidos políticos deben priorizar a los precandidatos que por ahora tienen más riesgo. Después de esa sesión, a varios aspirantes les han anunciado que van a implementar medidas adicionales en sus casos.

La última vez que se reunió esa comisión fue el pasado 28 de enero de 2025, en la sala de estrategia de la Policía Nacional, según le confirmó el Ministerio del Interior a CAMBIO. 

Los viajes: el otro gran problema de seguridad para los precandidatos 

“Cuando hacemos desplazamientos fuera de Bogotá, nos toca viajar solos”, le dijo otro de los precandidatos a CAMBIO al referirse al peligro que enfrentan cuando van a las regiones porque a los escoltas no les autorizan viáticos ni les pagan pasajes. 

Otro testimonio se suma a esa preocupación. “Cuando viajamos al interior del país toca enviar la solicitud tres días hábiles antes, de modo que para los viajes que surgen inesperadamente es difícil contar con la autorización del esquema. Además, en los territorios no hay suficiente disponibilidad de vehículos blindados”, advirtió el precandidato. 

Eso le estaba pasando a Miguel Uribe. Las solicitudes de acompañamiento que envió fueron negadas porque el convenio que existe entre la UNP y el Senado para brindar la protección a los legisladores no contempla ese tipo de apoyos. Sin embargo, Augusto Rodríguez explicó que la alternativa es el desplazamiento oportuno del esquema. “Él puede mandar la avanzada a la ciudad a la que va. Él puede mandar una o dos personas: esa es una solución”, indicó el director de la UNP. 

Pero ¿qué pasa con los precandidatos que no son congresistas? Andrés Bohórquez, dirigente de otro de los sindicatos de la UNP, explicó que, en esos casos, y si tiene protección de la entidad, el aspirante debe hacer la solicitud de traslado del personal y de los viáticos, la cual es aprobada por el operador privado que esté a cargo. “De la empresa privada es que depende si se aprueba o no el viaje”. 

Tras el ataque a Uribe Turbay, la seguridad de los precandidatos presidenciales ha tomado un lugar protagónico en la opinión pública. Los aspirantes hacen un llamado al Gobierno: piden que les garanticen la protección que merecen y las mismas reglas del juego en medio de un escenario en el que la violencia vuelve a ocupar los titulares de prensa, despertando al fantasma de otras épocas oscuras. El respaldo que reciban será garantía para mantener la democracia en el país.