El doloroso panorama de la violencia política en Colombia: un drama que no se detiene

A Karina García la emboscaron y la asesinaron a tiros de fusil el 11 de agosto de 2019 en el corregimiento La Betulia de Suárez, Cauca. Luego, los criminales incendiaron la camioneta en la que iba junto con su mamá, dos líderes sociales y el candidato al Concejo de ese municipio Yeison Obando. Todos murieron. García quería ser la primera mujer alcaldesa del municipio y había denunciado días antes el riesgo en el que estaba. Nada pasó.

A José Daniel Gómez del Partido Conservador, quien buscaba volver a ser elegido alcalde de El Cairo, Valle, le dieron cuatro tiros en plena plaza central del municipio el 6 de abril de 2019. Al líder campesino Hermer Antonio Monsalve, candidato a la Junta de Acción Comunal de Carrizal, Antioquia, lo increparon cuatro hombres armados y encapuchados que se lo llevaron a la fuerza y le dispararon 15 veces en la vía que conduce a Segovia, fue el 18 de noviembre de 2021. El líder indígena y candidato al Concejo de Pradera, Valle, Luis Eduardo Timaná fue asesinado a tiros cuando iba al resguardo indígena kwet wala el 4 de agosto de 2023.

A la lideresa Yenifer Córdoba Henao, del Colectivo Vamos por los Derechos, apoyado por el Polo Democrático, quien aspiraba al Concejo de Calamar, Guaviare, y defendía la protección del medioambiente, la encontraron muerta en una vereda el 16 de mayo de 2023. Luis Eduardo Caldera candidato al Concejo de San Jacinto del Cauca, Bolívar, lo encontraron con las manos atadas, flotando en el río Cauca, tres días después de su desaparición el 15 de agosto de 2019. Y a Maryuri Cárdenas, candidata al Concejo de Mutatá, Antioquia, sicarios la asesinaron frente a la puerta de la Registraduría local.

La lista podría seguir y seguir, porque es larga. Según datos de la Misión de Observación Electoral (MOE), entre 2019 y 2025 han sido asesinados 31 candidatos a diferentes cargos de elección popular y 57 excandidatos.

Además, se han presentado 192 atentados entre 2018 y 2023, algunos tan recordados como la explosión el 3 de mayo de 2018 de un tatuco en el evento de cierre de campaña de la senadora y candidata al Congreso Olga Suárez Mira junto al también candidato a la Cámara por Antioquia Horacio Gallón. O el atentado con múltiples artefactos explosivos del ELN al precandidato del Centro Democrático Jahir Corredor en 2019 que inicialmente se creyó que era contra una guarnición militar por su gran magnitud.

Se trata de un panorama de violencia política desalentador, que muestra que la conflictividad no ha parado desde la firma del Acuerdo de Paz, que se ensaña especialmente contra los políticos locales que aspiran principalmente a las JAL y a los concejos, y que ha tocado casi que por igual a todos los movimientos políticos. En ese escenario, se reportan intentos contra la vida de cinco candidatos al Congreso y que no había tocado, hasta el momento, a un precandidato a la Presidencia de la República.

Los disparos, a corta distancia, que tienen entre la vida y la muerta al precandidato y senador del Centro Democrático Miguel Uribe Turbay, marcan el pasado 7 de junio como un punto de inflexión en este escenario político violento, un hecho gravísimo que anticipa una dura contienda electoral, y que toca por primera vez en décadas a un precandidato a la Presidencia de la República.

Una dinámica que cambió, pero que sigue

Diego Alejandro Rubiano, coordinador del Observatorio Político Electoral de la MOE, le dijo a CAMBIO que desde la firma del acuerdo de paz sí se ha notado un cambio en los hechos de violencia, siendo las elecciones de 2018 las más pacíficas de la historia.

“Los primeros registros los tenemos en 2019 para las elecciones locales y, desde ahí, hay una pendiente al alza. En 2019 registradas 16 personas candidatas asesinadas y en 2023 ese número ascendió a 27”.

El monitoreo que hace la MOE ha permitido evidenciar que los sectores más afectados son los 167 municipios priorizados en las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep) en Antioquia, Cauca o Valle del Cauca. Además, los hechos de violencia se han presentado en todo el espectro político.

“No hemos logrado detectar ningún patrón de afectación en contra de ningún lado del espectro político. Desde el año 2019 que tenemos el primer registro de un homicidio, 28 organizaciones políticas registran al menos un asesinato. Tenemos asesinatos de personas del Partido Liberal, del Partido de la U, de Opción Ciudadana, de la Unión Patriótica, de la Colombia Humana, del Partido Conservador, también del Centro Democrático”, agregó Rubiano.

De los registros que tiene la MOE que refieren a atentados, el panorama también es desalentador. Son 192 atentados desde 2016, sin contar el de Miguel Uribe, que incluyen casi todas las regiones del país. Hay hechos en Antioquia, Boyacá, Valle del Cauca, Cauca, Magdalena, Norte de Santander, Cundinamarca, Boyacá, Atlántico, Huila, Tolima, Putumayo y Bogotá.

Las cifras de la MOE, son diferentes a las que tiene Indepaz que también tiene en cuenta liderazgos campesinos. Así, mientras la Misión no tiene registros en 2016, Indepaz tiene el crimen de Aníbal Coronado, líder comunal de Ciénaga de Oro perpetrado el 18 de febrero.

Según Leonardo González de esa organización, “entre 2016 y 2024, al menos 74 candidatos a cargos de elección popular fueron asesinados, según un consolidado de datos que hemos revisado. De ellos, 53 eran candidatos al Concejo, la mayoría en zonas rurales o municipios intermedios. Nueve eran mujeres, muchas de ellas con procesos comunitarios o de base”.

Se trata, dice González, de personas que no son figuras nacionales con esquemas de protección, sino de liderazgos locales “que se enfrentan a diario al abandono estatal, la violencia criminal y la intolerancia política. Estas personas aspiraban a cargos públicos, pero también eran líderes comunales, defensores de sus territorios, activistas ambientales o voceros de sus comunidades. Muchos de ellos acompañaban procesos sociales o a candidaturas regionales más amplias”.

En sentido estricto, se puede afirmar que tanto el atentado contra Miguel Uribe como al menos 80 crímenes más contra líderes sociales, candidatos y excandidatos, implican un incumplimiento a las garantías para la participación política en el país, que toca a todos los candidatos, en un escenario desigual: quienes son más visibles y hacen parte de la “política tradicional”, frente a los candidatos locales en zonas de conflicto, los candidatos locales en áreas donde la conflictividad es menor y los liderazgos campesinos, indígenas. A esto se suma los liderazgos sociales y la situación particular de los firmantes del Acuerdo de Paz.

Miguel Uribe, un punto de inflexión y lo que viene

Esta situación de violencia ahora tocó a un precandidato presidencial. La campaña oficialmente no arranca hasta noviembre, pero el atentado contra Miguel Uribe marca un antes y un después. No solo porque les trajo a los colombianos los malos recuerdos de los magnicidios del pasado, sino por todo lo que representa el joven senador, integrante de una de las familias más tradicionales del país y una de las voces de la oposición del Centro Democrático al Gobierno de Petro.

Diego Rubiano de la MOE señala que se deben tomar medidas de inmediato para garantizar la protección de estas personas que están en correría política ahora o que empezarán a recoger firmas o impulsar precandidaturas. En su criterio, el ambiente claramente está marcado por la polarización y se requiere bajar el tono del discurso para evitar que, a medida que avance el proceso electoral, para evitar hechos tan graves como el atentado del 7 de junio.

“Hay que acercar la actuación del Gobierno nacional a los partidos de manera diferenciada. Nosotros recomendamos que se acerquen o que se construyan mesas con enfoques políticos, de acuerdo a si están declarados en oposición, en independencia o afines al Gobierno, porque las necesidades de protección sí varían de acuerdo con esa declaratoria”, expresó.

De otro lado, Indepaz pide fortalecer los mecanismos de protección colectiva para liderazgos sociales que entran en el escenario electoral, especialmente en municipios priorizados por su nivel de riesgo, lo que incluye garantizar el acceso equitativo a recursos de campaña, medios y seguridad, de modo que no solo quienes tienen maquinaria o respaldo estatal puedan aspirar sin miedo.

También se pidió “investigar y sancionar con prontitud los crímenes políticos, para romper con la impunidad que alimenta la repetición e implementar una pedagogía pública contra la estigmatización política, desde las instituciones, los partidos y los medios de comunicación”.