Así planea el Gobierno de Gustavo Petro desmontar a los grupos ilegales en su nueva política de seguridad y defensa
La nueva política de seguridad y defensa para los próximos cuatro años tiene como uno de sus ejes fundamentales, la estrategia de Paz Total, en la que la fuerza pública cumplirá un rol fundamental para la protección de la vida y la reducción de los grupos ilegales.
Por: Redacción Cambio
Las Fuerzas Militares y la Policía, durante los últimos años, habían centrado sus planes operacionales en realizar trabajos de inteligencia para infiltrar grupos ilegales tras la captura de sus principales cabecillas. Esos operativos lograron varios éxitos, pero también afectaciones a la población civil, algo que rompió la relación entre autoridades y comunidades.
Para profundizar
Estas acciones fueron aprovechadas por los grupos ilegales para intimidar a los pobladores, reclutando a sus hijos y realizando campañas de desprestigio a la fuerza pública, lo que llevó también a afianzar sus negocios ilegales de narcotráfico y minería ilegal.
Sin embargo, esto está por cambiar. Según el documento conocido en primicia por CAMBIO, la nueva política contempla el fortalecimiento de la Unidad Policial para la Edificación de la Paz (UNIPEP), el Cuerpo Élite de la Policía Nacional, el Comisionado para los Derechos Humanos de la Policía Nacional y el Comando Conjunto Estratégico de Transición (CCOET), “buscando afianzar el relacionamiento de la fuerza pública con las comunidades e instituciones, en un marco de respeto por los derechos humanos y con el fin de brindar seguridad, así como de contribuir a la paz territorial”.
Desarticulación de organizaciones ilegales
Para el actual Gobierno las desmovilizaciones que realizaron las Autodefensas Unidas y las Farc en las que se creía era el final del conflicto armado y de las organizaciones armadas, fue diferente al presentarse “una transformación a organizaciones 'multicrimen' que se disputan territorios por medio del control social y tienen una influencia importante en la criminalidad urbana”.
En la política, que será presentada este martes 26 de abril, el propósito del Gobierno de acabar con las actuales organizaciones ilegales, “es un asunto de largo plazo y se debe procurar la reducción de los efectos negativos a través de procesos de negociación o de sometimiento a la justicia, dependiendo de sus características y orígenes y, de una política de seguridad acorde con las dinámicas de control sobre la población en áreas rurales y urbanas”.
La iniciativa propone crear el Sistema de Concurrencia y Coordinación para la Desarticulación del multicrimen, que actuará “mediante análisis interdisciplinario de contexto, diseño de investigación macrocriminal, con un especial enfoque hacia la persecución del lavado de activos, la corrupción estatal, el contrabando y la extorsión con procesos de protección y compartimentación de información".
En este Sistema confluirán la comunidad de inteligencia, la Policía judicial, las funciones de policía judicial de las Superintendencias de Notariado y Registro, Financiera, Sociedades y de Seguridad Privada, además de la Unidad de Investigación y Análisis Financiero (UIAF) y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, los Ministerios de Justicia y del Derecho y del Interior, entre otras entidades. Además, contará con estrecha cooperación con agencias internacionales, y con la Fiscalía General de la Nación.
Finalmente, se busca fortalecer la cooperación internacional para la lucha contra el crimen transnacional, en particular el narcotráfico, lavado de activos y contrabando, con ayuda de las diferentes agencias de inteligencia y policía judicial de Estados Unidos, Europa, Asia, Sur y Centro América.
