La batalla por el Invima que el Gobierno de Gustavo Petro le ganó a la gran Industria

Estoy terminando un libro que narra las mil y una historias que me han sucedido a lo largo de mi carrera, donde aparecen en muchas ocasiones los encuentros, desencuentros y contradicciones entre los intereses públicos y derechos de los ciudadanos, y los intereses privados de la industria farmacéutica. Aunque los intereses lucrativos de la industria son en general legales y en muchos casos legítimos, el comercio de medicamentos y vacunas en países en desarrollo plantea graves problemas éticos y de justicia social.

He tenido que vivir muchos episodios en escenarios internacionales, en los que las contradicciones entre los intereses de la gran industria y las posturas que he defendido durante muchos años como funcionario de organizaciones públicas, como la Organización Mundial de la Salud o el Centro Sur, me han costado problemas e incluso amenazas. Luché, en el interior de la OMS, por tomar partido en el debate más difícil, y todavía inconcluso, entre los derechos de la industria (especialmente los de propiedad intelectual) y los derechos humanos, el derecho a la salud y el acceso a medicamentos. Debate que ya tiene más de 20 años, y que tendrá en los próximos días otra batalla en las discusiones sobre un tratado para futuras pandemias, en el que no podemos repetir la inadmisible inequidad en la distribución de vacunas que nos sucedió con la pandemia del covid-19.

Voy a tener que incluir un capítulo especial en mi libro sobre lo que sucedió con la nominación con la que me honró el presidente Petro, para ser el director del Invima. Hubiera sido un honor para mí y para el Centro Sur poder colaborar con el primer Gobierno de izquierda en Colombia. Pero parece que a algunos no les gustó.

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 Trabajo en Ginebra (Suiza) desde hace 30 años, pero estoy muy atento a lo que pasa en Colombia por ser mi país de origen, y donde voy con frecuencia a colaborar en temas de salud. Desde el día en el que el presidente anunció mi nombre, he estado en permanente contacto con los amigos y colegas que tengo en Colombia, y he escuchado sus informaciones y análisis. Estuve en las audiencias sobre el Invima, tanto en el Congreso como en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Leí todos los artículos de prensa que sobre el Invima se publicaron.

Con todo lo que ha pasado y lo que he visto, es evidente que los intereses de la industria no han estado ausentes en el debate sobre mi posible llegada al Invima.

El primer indicador para formular esta hipótesis llegó aun antes de mi nominación. Fue la forma tan rápida y desafortunada como fue abandonada la propuesta del presidente Petro de crear una Agencia Regulatoria de medicamentos para América Latina y el Caribe. Había participado con entusiasmo en este empeño desde el Centro Sur, y fui testigo de la desatención por parte del Gobierno de esta iniciativa presidencial. Hubo claramente una fuerte oposición de la Gran Industria que se tradujo en las acusaciones de “bajar estándares”, “desmejorar la calidad de los productos” o perder la calificación de Agencia Regulatoria de Referencia.

El segundo indicador llego también antes de que el presidente anunciara mi nombramiento en el Invima. Como ya dije en alguna ocasión, se cayó en una trampa puesta por la industria: “Engañemos a los pacientes diciéndoles que no tienen sus medicamentos a causa del desastroso desgobierno de Petro”. Narrativa impulsada desde grandes instancias y algunos medios de comunicación. El desabastecimiento es un problema estructural de un mercado farmacéutico abandonado a la mano invisible del mercado, agravado por asuntos coyunturales derivados de la pandemia, la fractura de las cadenas de suministro y las guerras en curso.

Claro que hay que montar sistemas de información para el seguimiento del desabastecimiento y claro que hay que intervenir hasta donde lo permita la regulación sanitaria. Pero atribuir a 27.000 trámites “represados” en el Invima, la culpa del desabastecimiento, es una simplificación grotesca de un problema que existe en muchos países y del que Colombia no tiene la “exclusividad”.

Manifesté por diferentes medios mi desacuerdo con la postura del Ministerio y del Invima de acordar unos planes de contingencia para desatrasar los trámites. Asistí a la audiencia ante el Tribunal y observé el oportunismo de la gran industria para posicionar el concepto de que el problema fundamental del desabastecimiento era la demora en la aprobación de los medicamentos que todavía no habían llegado: los medicamentos novedosos, las innovaciones, es decir, los productos ya aprobados por la FDA y por la EMA, que el Invima demoraba “inexplicablemente”.

Por eso experimenté una enorme frustración en la audiencia en la comisión primera del Senado al observar la docilidad con la que las narrativas de la gran industria habían sido asumidas por el Invima. Frustración que se incrementó al conocer la gran cantidad de cambios en el personal que se fueron concretando, en particular el de Luis Guillermo Restrepo, director de Medicamentos.

La dirección interina durante los primeros meses del Gobierno de Petro había conseguido recuperar la imagen y el estatus de la Comisión Revisora de Medicamentos, valorizando su independencia y su alto nivel técnico. Había consolidado una robusta argumentación en contra del reliance, la propuesta de acelerar la aprobación de las innovaciones con base en las decisiones de la Food and Drug Administration (FDA) de Estados Unidos. y la European Medicine Agency (EMA). Postura que se basa en la notable cantidad de productos aprobados mediante el llamado fast track, que tuvieron que ser retirados posteriormente por problemas de eficacia o por efectos indeseables. Casos como el del analgésico “oxicontín”, uno de los más grandes escándalos sanitarios de los últimos años, cuyas consecuencias conoce el mundo (dependencia física y adicción) y cuyos efectos dañinos (hepatitis y, en algunos casos, la muerte) aún persisten.

Me causó una gran preocupación escuchar compromisos de “modernizar” la Comisión Revisora y de convocar expertos clínicos para “apoyar” a los actuales miembros, que al decir de alguien “ni siquiera son funcionarios públicos”.

A todo eso tuve que sumar el espectáculo de los debates sobre los requisitos de la función pública y sobre si un filósofo podría dirigir bien una entidad regulatoria. Concluí entonces que, en tales circunstancias, y con todos los obstáculos para los trámites de mi nombramiento, era preferible declinar la oferta y regresar al Centro Sur.

Cuando me enteré de la noticia de que Francisco Rossi había sido designado por el presidente Gustavo Petro como director general del Invima, tuve el sentimiento de que habíamos ganado los que defendíamos una visión del Invima como entidad que mejore el acceso a medicamentos para todos. Viéndolo bien, los ganadores fueron el presidente Petro, quien había sido acusado de haber abandonado y dejado a la deriva la agencia nacional de regulación de los medicamentos, y todos los ciudadanos preocupados por sus medicamentos.

La gran industria farmacéutica tiene mecanismos, bien conocidos, para influenciar en todo el mundo las decisiones de los gobiernos, parlamentos y tribunales. Colombia, desafortunadamente, no es una excepción.

Con el regreso del doctor Rossi al Invima, el Gobierno fija como prioridad la defensa del interés público. No se trata de cantar victoria frente a los intereses lucrativos de la “Bigfarma”. No se ha ganado una guerra sino solamente una batalla. La guerra solo se ganará el día en que aceptemos todos, Gobierno e industria, que por encima de todo están los derechos y el bienestar  de los ciudadanos antes que los intereses legítimos financieros de la industria privada, los cuales nadie pretende negar.
 
*Germán Velásquez, filósofo y doctor en economía de la salud de la Universidad de la Sorbona de París