400.000 millones en tres años: así es el millonario gasto en camionetas y escoltas para los congresistas

La Toyota TXL se convirtió casi en un símbolo nacional. A diario estas camionetas -ideales para ser blindadas- atraviesan la avenida circunvalar en Bogotá, congestionan las estrechas calles del Centro Histórico, hacen fila a las afueras de costosos restaurantes, omiten semáforos, se cuelan en carriles exclusivos y hasta se filtran como fondo en las apresuradas entrevistas que funcionarios conceden a los medios de comunicación.

Sin embargo, hay un lugar que concentra a centenares de ellas: el Capitolio Nacional. En los parqueaderos del Congreso se hacen maromas para acomodar a estos vehículos que llevan y traen a los parlamentarios a un costo altísimo para el bolsillo de los colombianos. 

Cada cierto tiempo y con plata de los contribuyentes se debe financiar el arrendamiento de 600 vehículos e igual número de escoltas para 296 parlamentarios y más de 20 funcionarios. 

Atender semejante demanda de automotores y hombres de protección han convertido al Senado y la Cámara en uno de los mejores clientes de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Esta entidad tiene a su cargo, desde hace más de ocho años, el alquiler de camionetas para el Capitolio a través de onerosos convenios, pues el Congreso ya no es propietario de los carros como ocurría antes. 

Para entender la magnitud del gasto, CAMBIO revisó los contratos que se han firmado entre 2022 y 2025 para que cada congresista y funcionario 'en riesgo' pueda movilizarse en sus respectivas Toyota. Las cifras muestran una inversión que se ha incrementado con el tiempo y representa un alto porcentaje del presupuesto del Legislativo. 

Las millonarias cuentas de la Cámara

Al ser la corporación más grande del Congreso, la Cámara de Representantes tiene el gasto más alto en esquemas de protección. Según los estudios previos del convenio más reciente, la demanda de vehículos de la Cámara se distribuye de la siguiente manera:

• Los 188 representantes a la Cámara tienen derecho a tener dos camionetas blindadas.
• Los 16 representantes de las curules de paz tienen derecho a una más.

Además, el director administrativo de la Cámara, John Abiud Ramírez, también tiene derecho a dos camionetas, y los siete secretarios de las comisiones constitucionales lo tienen para un vehículo convencional. En ese orden de ideas, son 401 camionetas que están presupuestadas en el convenio con la UNP.

Los vehículos convencionales corresponden a camionetas tipo ‘station wagon’, con tracción 4x4, cilindrada superior a los 2.300 centímetros cúbicos (cc) y modelo no inferior a 2020. Por su parte, las camionetas blindadas deben tener un cilindraje superior a los 2.980 c.c. 

La UNP garantiza el mantenimiento de todos los vehículos, y si llegan a tener fallas o accidentes, esa entidad debe encargarse del traslado del funcionario o congresista y su esquema de protección a la ciudad intermedia más cercana. Además, la Unidad asume el costo del seguro obligatorio, certificado de gases, así como el pago de todos los impuestos de movilidad, gastos de matrícula y su legalización, además de los servicios de grúa y desvare cuando sean necesarios.

Por su parte, la Cámara solo se hace cargo del pago de las multas de tránsito de los vehículos. Los gastos en gasolina, peajes y viáticos de los escoltas los asumen los congresistas. Cada parlamentario tiene derecho a dos hombres de protección, los cuales están equipados con chaleco antibalas, armamento y equipo de comunicación. Sin embargo, así como con los vehículos, algunos pueden tener un esquema más robusto de acuerdo a la evaluación de seguridad.

Entre 2022 y 2025, la Cámara ha firmado tres contratos con la UNP: uno en febrero de 2022 por 103.622 millones de pesos, otro en junio de 2023 por 59.638 millones y el más reciente, en febrero de 2024, por 115.957 millones, el cual estará vigente hasta este mes. 

En suma, el gasto de esa corporación en los últimos tres años ha sido de 279.218 millones de pesos, el más alto comparado con cualquier otra entidad con convenios con la UNP. Tres de los cinco contratos más onerosos que ha firmado la Unidad en los últimos siete años han sido con la Cámara, los otros dos corresponden a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP).

Además, al sumar los siete convenios que ha firmado la Cámara y la UNP desde 2018 a la fecha, el gasto de esa corporación en camionetas asciende a los 493.596 millones de pesos, sin una tendencia a la baja. Se pasó de gastar 38.000 millones en 2018 a 115.000 millones en 2024.

El Senado: contratación fragmentada

Aunque todos los convenios del Senado para el arrendamiento de camionetas son con la UNP, se hacen contratos por separado para los esquemas de los senadores y los asignados a algunos funcionarios. 

El convenio más reciente se firmó el 27 de febrero de 2025 y estará vigente hasta el 30 de junio. Su objeto es el arrendamiento de 10 camionetas para el mismo número de funcionarios administrativos del Senado, lo que implica, según los estudios hechos por esa corporación, un gasto mensual de más de 175 millones de pesos.

El costo total del contrato es de 1.194 millones de pesos, divididos de la siguiente forma:

• El Senado aporta 703 millones de pesos en dinero para el arriendo de las camionetas.
• La UNP aporta 491 millones de pesos en especie (salario, prestaciones sociales y equipamiento de los escoltas).

Los protegidos tienen derecho a camioneta y escoltas gracias al concepto del Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (Cerrem), integrado por delegados del Ministerio del Interior, la Policía Nacional, el Ministerio de Defensa, la Unidad de Víctimas y la Alta Consejería de Derechos Humanos.

En los últimos tres años, el gasto del Senado en los esquemas de funcionarios ha sido de 4.555 millones de pesos a través de cuatro contratos.

A esto hay que sumarle el gasto más alto: la seguridad de los 108 senadores. A cada uno le corresponden dos camionetas, más los vehículos adicionales para quienes tengan mayor riesgo de seguridad, según los estudios del Cerrem.

Para cubrir las camionetas de los parlamentarios se han firmado cuatro contratos en los últimos tres años por un total de 116.193 millones de pesos. El más reciente (por 24.464 millones de pesos) fue firmado en diciembre de 2024 e irá hasta junio de este año, cuando se podrá prorrogar como ya es costumbre hacer.

De acuerdo a los estudios del contrato más reciente, el Senado arrienda en total 218 camionetas para la protección de senadores y funcionarios. Lo anterior ha representado un gasto total en los últimos tres años de 120.749 millones de pesos.

Las cuentas consolidadas arrojan que, entre 2022 y 2025, el Congreso ha gastado más de 399.000 millones de pesos en el arrendamiento de las camionetas para senadores y representantes, teniendo un parque automotor de 619 vehículos.

Mientras la UNP se ve a gatas para atender las solicitudes de protección en los territorios, los congresistas seguirán con el derecho adquirido de tener dos camionetas. Una de esas costumbres que se han vuelto paisaje esquivando las reflexiones de conveniencia.