“Caos total”: así dice Augusto Rodríguez que era el manejo de los vehículos de la UNP

El director de la UNP, Augusto Rodríguez, paró los pagos a contratistas mientras revisa el recorrido diario de los vehículos de la entidad, porque ha encontrado una especie de manguala entre algunos funcionarios y el hampa para utilizar los carros asignados a los protegidos para cometer delitos.

Aunque debe el 30 por ciento de las obligaciones (cerca de 60.000 millones de pesos), dice que no piensa pagar hasta estar seguro de que los vehículos están prestando los servicios para los que están contratados.

CAMBIO: Casos como el del narcochofer Manuel Castañeda, capturado en un vehículo de la UNP lleno de coca que estaba asignado a Ronald Rodríguez Rozo, exsubdirector de Protección de la entidad, ¿son aislados o es algo sistemático?

Augusto Rodríguez: Un día después de mi llegada a la entidad cogieron a Castañeda: la primera vez, con 400 kilos de marihuana, en un vehículo de la UNP, en Risaralda; cuatro meses después, lo cogieron con cocaína. Sí, eso se volvió en algo normal en la entidad. Por eso, me puse en la tarea de buscar los vehículos y me encontré con que el desorden de la entidad permitía que los vehículos fueran usados para actividades presuntamente ilícitas que generaban detrimento patrimonial.

CAMBIO: El exalcalde de Arauca, Benjamín Socadagui Cermeño, fue condenado en febrero por manipular las cuentas de su campaña. ¿Cómo es que la UNP no se dio cuenta de que el carro llevaba dos meses parqueado?

A.R.: No tuvimos conocimiento inmediato. La información debió entregarla el personal de protección, pero no lo hicieron y, aparentemente, tampoco le reportaron al enlace que tiene la entidad en esa zona del país. Así que el vehículo permaneció parqueado. Después nos enteramos de que al señor le dieron domiciliaria, pero seguía como si nada transportándose por las calles en el vehículo oficial. Lo que me preocupa es que casos como esos se están presentado muy frecuentemente. También, casos sobre vehículos que se dañan, se los llevan a talleres y nosotros seguimos pagándolo porque no hay quien lo reporte.

CAMBIO: ¿Hay algún tipo de manguala entre funcionarios y contratistas para no reportarle a la UNP y seguir cobrando la plata?

A.R: Pues sí, es algo entre las personas de protección y contratistas. Dicen 'quédese callado, no informemos a la UNP'; hasta que aparece el protegido y dice: 'oiga, llevo un mes sin carro'; y, entonces, nos enteramos de que la persona todo el tiempo estuvo en riesgo. Por eso decidimos no pagar un solo día de un vehículo que no haya prestado el servicio.

CAMBIO: ¿Cuáles son los casos que más le han generado indignación?

A.R.: En esa búsqueda de vehículos, nos hemos enterado que están dedicados a otras actividades presuntamente ilícitas. Por ejemplo, los vehículos que utilizó el señor Ronald Rodríguez, que no tienen GPS, los vimos relacionados con probables actividades del narcotráfico. Encontramos nexos de Ronald con alias Douglas, jefe histórico de mafia en Medellín. Tienen nexos hasta familiares: la prima de Douglas es la esposa de él y uno de sus escoltas también es familiar. Ronald Rodríguez obligaba a un protegido de Antioquia a que le prestara el vehículo asignado a un escolta de su confianza. Cuando el protegido se quejó en la UNP, le balearon el vehículo. Ese fue el vehículo asignado a Ronald que cogieron con la coca que estaba siendo manejado por Castañeda.

CAMBIO: ¿Fue cuando tomó la decisión de parar los pagos?

A.R.: Por situaciones como esa paramos la facturación. Es que no podemos pagar las facturas sin tener la certeza de que los vehículos están prestando el servicio para el que fueron contratados.

Otro ejemplo que pasa frecuentemente: como un alto porcentaje de la flota de la UNP es vieja, esos carros se viven varando. El protegido pide que se le comunique a la UNP, pero el escolta se queda callado. El vehículo se lo llevan para el taller y el protegido se queda esperando. Por eso, todos los vehículos se están revisando.

En octubre se generó una crisis porque paramos el pago de las facturas de aproximadamente 4.500 vehículos. Estamos haciendo una arqueología de todos los recorridos, y encontramos un caos total, pero en mayo terminaremos de conciliar los servicios.

CAMBIO: Y ahora le va a apostar a cambiar el modelo de contratación. ¿Por qué?

A.R.: Hay unas situaciones cartelares entre los oferentes de vehículos blindados. La Superintendencia de Vigilancia tiene 22 empresas habilitadas para el blindaje de vehículos, de las cuales solo diez han participado en esas licitaciones de la UNP. En el último proceso se presentaron solo seis. La mayoría de esas empresas no son dueñas de los vehículos, sino que los subcontratan. Nosotros soñamos con que nos arrienden directamente, pero, por problema de presupuesto, no se atreven. Así que ahora le apostaremos al modelo de las vigencias futuras, porque así las empresas les va a interesar tener inversiones largas. Queremos superar el gota a gota en materia de vehículos en el país.

CAMBIO: ¿Cómo va a cambiar el modelo de contratación?

A.R.: Para resolver ese problema de contratación, estamos hablando con el Gobierno y con el Ministerio de Hacienda para que nos entreguen el presupuesto de dos años para vehículos. De esa manera, podemos comprar o arrendar vehículos de manera directa, de tal forma que a las empresas se les haga atractivo contratar con nosotros.

El Gobierno debe tomar la decisión de adquirir los vehículos y en eso estamos, el proceso está andando y esperamos tener aprobadas las vigencias futuras a mitad de año. La meta es adquirir 1.000 vehículos en todo el país; con eso cubriríamos el 30 por ciento de la operación de la UNP.

CAMBIO: ¿Es necesario comprar vehículos?

A.R.: Sí, nosotros creemos que el 30 por ciento de los vehículos de la UNP están obsoletos.

El arrendamiento de un vehículo blindado le cuesta a la UNP entre 6 y 13 millones de pesos mensuales. Muchos de esos vehículos, según el director, son usados para actividades ilegales, pero también, por el estado de la flota, andan varados en talleres y, aun así, se siguen pagando como si estuviesen en funcionamiento. El detrimento patrimonial sería monumental y ya fue reportado a las autoridades competentes.