¿Cómo terminó Iván Velásquez acusado de corrupción en Guatemala?

Las acciones legales del caso Odebrecht en América Latina están lejos de terminar. En las últimas horas, la Fiscalía Especial contra la Impunidad de Guatemala (Feci) emitió tres nuevas órdenes de captura contra algunos de sus exfuncionarios y antiguos miembros de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CIGIG), un órgano independiente que operó en ese país entre 2006 y 2019 y tenía como misión apoyar a las instituciones públicas en la investigación de ciertos crímenes. Durante los últimos seis años, la CIGIG fue presidida por Iván Velásquez, hoy ministro de Defensa de Colombia y sobre quien –según informaron las autoridades guatemaltecas– existen serios indicios que lo involucrarían en la comisión de delitos, tras aprobar acuerdos de cooperación con directivos de Odebrecht.

Pese a que ninguna de las órdenes de captura es contra Velásquez, quien confirmó que no ha sido notificado de ninguna acción, el revuelo mediático y diplomático ya inició. El presidente Gustavo Petro rechazó las medidas tomadas por el gobierno de la nación centroamericana y declaró que llamará a consulta a Victoria González, embajadora colombiana en Tegucigalpa.

El primer mandatario sugiere una persecución a su jefe de cartera por cuenta del trabajo que este realizó durante su periodo como comisionado de la CIGIG. Durante ese lapso, Velásquez destapó más de diez casos de fraude tributario y aduanero, contaminación y daño al medioambiente, financiamiento electoral ilícito, tráfico de influencias y anomalías en contratación. El éxito de sus investigaciones causó malestar en el estamento político de Guatemala, hasta el punto de que Jimmy Morales, presidente de ese país entre 2016 y 2020, ordenó la disolución unilateral de la comisión.

Pero desde la perspectiva guatemalteca, la realidad es otra. El jefe de la Feci, Rafael Curruchiche, conversó con diferentes medios de comunicación sobre la decisión de investigar a Velásquez y, según afirmó, cuenta con múltiples pruebas documentales que demostrarían su participación en actos ilícitos.

“El señor Velásquez intervenía de forma directa en las reuniones y estaba al tanto de lo que ocurría”, aseguró Curruchiche a Blu Radio, en referencia a los supuestos acuerdos irregulares que se cerraron con directivos de Odebrecht en Guatemala y sobre los que tendría responsabilidad el hoy ministro de Defensa. En su criterio, el excomisionado “actuó de forma dolosa”.

Una serie de hechos sistemáticos, sin embargo, restan credibilidad a las palabras del jefe de la Feci. En marzo de 2022, el secretario general de las Naciones Unidas, el portugués Antonio Guterres, expresó su intranquilidad por la persecución que diferentes instituciones guatemaltecas habían emprendido en contra de funcionarios judiciales que investigaban actos de corrupción y que trabajaron de la mano con la CIGIG, antes de que fuera disuelta.

"El secretario general toma nota con preocupación de recientes informaciones sobre acciones legales contra fiscales y jueces guatemaltecos que tuvieron un papel prominente en los esfuerzos contra la impunidad", señaló a través de Stéphane Dujarric, su portavoz.

Un mes antes de esta declaración, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció en el mismo sentido e instó al gobierno de Guatemala para tomar los correctivos correspondientes.

“La Comisión sigue recibiendo información sobre la criminalización, denuncias penales temerarias y persecución judicial contra personas jueces, fiscales, exfiscales, magistradas como forma de hostigamiento, debido al trabajo de investigación o juzgamiento de estructuras criminales vinculadas con el poder político y económico, casos emblemáticos de graves violaciones a derechos humanos durante el conflicto armado; o bien, porque en su momento apoyaron la labor de CICIG”, advirtió el órgano multilateral en un comunicado.

Así las cosas, la investigación a Iván Velásquez sería un episodio más de la represalia en contra de todos aquellos que persiguieron la corrupción en Guatemala.

CAMBIO conversó con Juan Pappier, subdirector en funciones de la división para las Américas de Human Rights Watch, sobre esta situación y cómo el ministro es solo un chivo expiatorio de una institucionalidad que favorece la impunidad.

“Hay 35 operadores de justicia, jueces o fiscales, que están en el exilio. Dos fiscales mujeres están presas y hay numerosas causas penales en contra de periodistas. El periodista José Rubén Zamora, por ejemplo, está preso”, aseveró.

Zamora, un galardonado periodista, fue capturado en agosto del año pasado bajo los cargos de tráfico de influencias, lavado de dinero y conspiración. Organizaciones internacionales condenaron su privación de la libertad y aseguraron que fue producto de sus investigaciones a la administración del presidente Alejandro Giammattei.

Pappier recordó que el fiscal Curruchiche fue sancionado por el gobierno de Estados Unidos en julio de 2022 por "obstruir las investigaciones sobre actos de corrupción" y "presentar denuncias aparentemente espurias".

El proceso que se surtirá en contra de Velásquez en Guatemala está bajo reserva. Es decir, las pruebas solo se conocerán tan pronto inicien las audiencias. Hasta el momento parece prevalecer la teoría de que se trata de un hostigamiento por su antiguo trabajo en territorio centroamericano. Hay precedentes que así lo confirman y los buenos resultados del hoy ministro al mando de la CIGIG dan para pensar que su encarcelamiento sería provechoso a más de uno.