Confirmado: Irene Vélez sale del Ministerio de Minas y Energía

Fuentes confirmaron a CAMBIO que el presidente de la República, Gustavo Petro, le solicitó la renuncia a la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, quien hasta hace poco era considerada como una la ficha intocable en el gobierno. La renuncia deberá presentarla cuando el presidente vuelva al país desde Bruselas, Bélgica. Aunque la ministra tenía previsto unirse a la comitiva del presidente en ese país, regresó a Colombia desde España en donde estuvo en eventos sobre energías renovables.

La decisión del presidente se da en medio de sus más recientes polémicas relacionadas con un presunto tráfico de influencias. El primer reproche a la ministra surgió cuando se conoció la contratación de su esposo holandés, Sjoerd Van Grootheest, quien trabajará liderando la estrategia de comunicación sobre sustitución de cultivos ilícitos en Colombia del Fondo Colombia en Paz. De acuerdo con el contrato, a Grootheest se le pagará $128.770.332 durante un año, lo que significa que recibirá  $10.730.861 mensuales.

El segundo reproche ya pasó a instancias judiciales. La Procuraduría y la Fiscalía está indagando un presunto tráfico de influencias de su parte porque, al parecer, la ministra usó su poder para que funcionarios de Migración Colombia salir del país a su hijo menor de edad sin el permiso exige la ley.

El hecho se remonta al pasado enero cuando la ministra asistía al Foro Económico de Davos, Suiza. Según una fuente citada por El Tiempo, Vélez pretendía reunirse con su hijo en España, aunque el menor de edad no contaba con el permiso de los dos padres por escrito que debe ir con autenticación de notaría. Incluso, Migración Colombia anunció que está adelantando una acción disciplinaria contra el funcionario que permitió la salida del país del menor desde el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, cerca de Cali.

No es la primera vez que la ministra Vélez es blanco de críticas. A principios de este año, Belizza Ruiz, exviceministra de Energía, acusó a Irene Vélez de mentir, presentar informes falsos y poner funcionarios a dedo en juntas directivas que no cumplen con los requisitos técnicos que exige la ley.