Consejo de Estado admite demanda contra elección de Luz Adriana Camargo como fiscal general

La Sección Quinta del Consejo de Estado admitió para su estudio una demanda que pide anular la elección de Luz Adriana Camargo como fiscal general de la nación y que fue presentada por Samuel Alejandro Ortiz Mancipe.

La demanda alega que se presentaron vicios en el proceso que realizó la Corte Suprema de Justicia porque Amelia Pérez, una de las ternadas por el presidente Gustavo Petro, renunció a su aspiración minutos antes de que la Sala Plena se reuniera a votar en la sesión en la que fue elegida efectivamente Camargo.

Para Ortiz Mancipe, la renuncia implicaba que la votación ya no podía hacerse: "La Corte debía elegir, en esta oportunidad, a la fiscal general de la nación de una “terna” y, para el momento de la votación y nombramiento de la doctora Luz Adriana Camargo, ya no había una “terna”, puesto que solo había dos candidatas".

"La renuncia de Amelia Pérez obligaba a suspender la elección de fiscal general de la nación en la Corte y lo que debía proceder era que le solicitaran al presidente de la república que recomponga la terna. El presidente podía en este escenario incluir un nuevo candidato, o cambiar la terna por completo", alega el recurso.

La demanda dice que tras cuatro intentos de elegir fiscal y con la renuncia de Pérez, lo que debía hacerse era reemplazar a la ternada: "lo que procedía es que el presidente de la república ejerciera nuevamente su facultad de postulación, esta vez cambie la terna en todo o en parte, sustituyéndola por completo, revocando así la designación anterior, o recomponiendo la terna, completándola".

Según la demanda, la Sala Plena también habría incurrido en una desviación de poder: "(La desviación) se ha manifestado en los sesgos y prejuicios que se les aplicaron a las candidatas Ángela María Buitrago y Amelia Pérez Parra durante el proceso de elección, además de la manera como en la Corte Suprema de Justicia se han ido instituyendo costumbres clientelistas que les quitan independencia a los candidatos, convirtiéndolos en sus vasallos".

La demanda fue admitida para estudio por el magistrado Luis Alberto Álvarez Parra, quien ordenó notificar de este proceso tanto a Camargo, como a la Corte Suprema, a la Presidencia de la República y a la Procuraduría General para que den su concepto sobre los argumentos.