
Armando Benedetti, ministro del interior, y Antonio Sanguino, ministro del Trabajo.
Crédito: Colprensa.
¿Consulta popular sí, pero después de elecciones? La propuesta que no cae bien en el Gobierno
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El Gobierno ya llevó las 12 preguntas de la consulta popular al Congreso. Así que desde el 1° de mayo comienzan los 30 días de plazo que tiene el Legislativo para aprobarla o negarla. Una de las apuestas es que se vote sí, pero que se convoque después de las elecciones. ¿Qué dicen los congresistas oficialistas y los expertos?
Por: Claudia M. Quintero

El presidente Gustavo Petro, con un discurso combativo, agitando a sus bases y “desenvainando la espada de Bolívar”, ya presentó ante el Congreso las 12 preguntas que tendrá la consulta popular. Con ese acto también arrancan los 30 días que tiene el Legislativo para darle vía libre —o no— a la consulta popular.
Mientras el presidente y el Pacto Histórico hacen campaña por el sí, algunos sectores críticos en el Congreso están buscando la manera de atajar el ímpetu con el que el Gobierno impulsa las reformas laborales y también hacer campaña de cara a 2026. Entre las estrategias están la apelación a la laboral y la ‘mini’ reforma laboral que presentó el partido Liberal.
Ahora, aparece sobre la mesa una nueva propuesta: votar sí a la consulta popular en el Senado, pero condicionarla a después de las elecciones de 2026.
¿Se puede o no? Las voces en el Congreso

Esa es una propuesta que viene impulsando la senadora Angélica Lozano, del Partido Alianza Verde, quien promovió la consulta anticorrupción. En varios foros y entrevistas, la parlamentaria ha dicho que esa experiencia le mostró que sí se puede hacer la consulta después de las votaciones de marzo y mayo de 2026.
“Yo promoví una consulta popular en 2018 y esa vez se aprobó, pero para que se hiciera después de las elecciones. Esto, para que no interfiriese en las votaciones para elegir al nuevo Congreso y al nuevo presidente”, dijo la senadora en diálogo con La W Radio.
Ella explica que eso resulta sano, porque pone por encima la importancia del contenido. En este caso, de las políticas públicas en materia laboral.
Sin embargo, en el Pacto Histórico no reciben esta propuesta con buenos ojos. Primero, porque consideran que es una estrategia para detener el avance de la consulta. “No es cuando uno quiera. La ley 1757 de 2015 dice que desde el día en que se radica la consulta, el Congreso tienen 20 días y 10 más de prórroga para emitir su concepto. Luego de ese concepto, se debe convocar la consulta dentro de los tres meses siguientes”, dijo en diálogo con CAMBIO la senadora Esmeralda Hernández.
En ese sentido, dice que es una medida "inviable". Por un lado, por las normas y, dos, porque ellos sí o sí quieren sacar adelante la consulta. Basta ver con las afirmaciones del ministro del Interior, Armando Benedetti, y del presidente, Gustavo Petro.
Las voces de los expertos: “los tiempos están claros”
Las dos congresistas tienen razón, según los expertos. Primero, porque es cierto que las normas establecen los tiempos. Como le explica a este medio Franklin Torres, abogado constitucionalista, el Congreso tiene un mes para emitir su concepto y, luego de eso, están los tres meses para que el Gobierno convoque la consulta.
“Habría restricción temporal en cuanto a la fecha para convocar la consulta si, de pronto, hubiera elecciones a Congreso este año, pero ellas son en 2026. Así, la consulta se haría, en un eventual caso, entre septiembre y octubre de este año. A menos que la ley que la apruebe se demande ante la Corte Constitucional y se pida su suspensión provisional hasta que se emita sentencia”, detalló.
Con eso coinciden Mateo Torres, asesor jurídico de la representante Lina María Garrido, y Alfonso Portela, experto en derecho electoral. Para este último, “los tiempos no son conciliables. La norma es clara y los tiempos son estrictos. Lo único sería que el Gobierno retirara la consulta o que se defina otra medida”.
Esto es justo a lo que le apuesta la propuesta de la senadora. Es decir, que el Gobierno acuerde hacer la consulta después de elecciones, que se apruebe el aplazamiento y que ya se vote en la plenaria del Senado si se aprueba o no la consulta. Pero, en este caso, el Gobierno tendría que aceptar el aplazamiento.
Entonces, no es un camino que ahora parezca viable teniendo en cuenta la fuerza con la que el Gobierno está promoviendo para este año la consulta, que también le sirve para hacer campaña de cara a 2026.
