¿Contratistas en campaña política? La denuncia sobre el Hospital de Líbano, Tolima

El representante conservador Gerardo Yepes Caro fue designado hace unas semanas como uno de los coordinadores ponentes de la reforma a la salud en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. Su responsabilidad es analizar cuidadosamente el proyecto, así como las otras alternativas que se han presentado, para elaborar un informe detallado que recomiende el archivo o no de la iniciativa.

Sin embargo, una denuncia conocida por CAMBIO siembra dudas sobre la idoneidad del representante Yepes para esta tarea, ya que podría tener un conflicto de intereses. La denuncia fue presentada por los diputados liberales Carlos Arturo Reyes y Julio César Morato ante la Superintendencia Nacional de Salud, la Contraloría, la Procuraduría y el Ministerio de Salud. Según los denunciantes, varios contratistas y funcionarios del Hospital Regional Alfonso Jaramillo, de Líbano, Tolima, hicieron proselitismo entre 2021 y 2022 a favor de Yepes y de su fórmula Óscar Barreto Quiroga, exgobernador y hoy senador.

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Una de las evidencias adjuntadas en la denuncia de los diputados corresponde a fotografías de agosto y noviembre de 2021 en las que se ve a Magda Sánchez Calderón, coordinadora de personal del hospital, participando en eventos de campaña de Óscar Barreto y Gerardo Yepes cuando era contratista del hospital. Uno de los eventos en los que estuvo presente fue la entrega de tabletas a niños de Líbano, en el que aparece utilizando un botón a favor de Barreto.

Después de la campaña, Sánchez Calderón ha apoyado activamente a través de sus redes sociales al senador Óscar Barreto, a quien incluso le dedicó una publicación en la que lo llamó "jefe".

Igualmente, Sánchez, quien sigue trabajando en el hospital, ha apoyado y participado en la campaña de Adriana Magali Matiz, la actual candidata a la Gobernación del Tolima del grupo político de Óscar Barreto. Matiz apareció recientemente en un video junto a Alberto Santofimio Botero, condenado por el asesinato de Luis Carlos Galán.

Otra de las contratistas mencionadas en la denuncia es Paula Andrea Tovar, periodista encargada de las comunicaciones del hospital de Líbano. Tovar aparece en fotografías de febrero de 2022 utilizando prendas a favor de Barreto y Yepes en un acto de campaña, trabajando para la institución. La periodista también comparte contenido en sus redes sociales a favor de la exrepresentante Adriana Matiz.

El doctor Diego Padilla Mendieta también aparece en una fotografía de agosto de 2021 acompañando al candidato Óscar Barreto junto a Gerardo Yepes en una reunión política en Líbano; y en otra, de noviembre del mismo año, inaugurando la sede del partido en el mismo municipio. Para esa época, Padilla era el coordinador de urgencias del hospital vinculado como contratista. Entre 2010 y 2018, ofició varias veces como gerente encargado. 

En 2019, Padilla renunció al hospital donde era funcionario y se lanzó a la alcaldía de Líbano por el Partido Conservador, pero no le alcanzaron los votos. Sin embargo, apoyó a Ricardo Orozco, quien sí llegó a la Gobernación con el apoyo del clan Barreto. Posterior a esas elecciones, Padilla volvió al centro médico pero como contratista. Además, en el 2022, recibió dos contratos que sumaron 72 millones de pesos para asesorar la Secretaría de Salud de la Gobernación del Tolima.

Según dos fuentes en la región, Padilla se desvinculó del centro médico a mediados de 2022 para iniciar una nueva campaña a la alcaldía y evitar su inhabilidad para ocupar cargos públicos. En diciembre pasado, estuvo en eventos públicos entregando regalos a nombre suyo y de Magali Matiz, y su nombre ya circula en medios locales como precandidato.

En la denuncia también se relacionan por lo menos 15 contratistas más que trabajaban para la época en el hospital de Líbano y que aparentemente participaron en actos de proselitismo político a favor de Yepes y Barreto, incluso en horario laboral.

Según el Departamento de la Función Pública, los contratistas de entidades públicas pueden participar en política, por lo que es una figura tradicionalmente utilizada para prácticas clientelistas.

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"De acuerdo con las sentencias anteriormente citadas, se concluye que los contratistas no tienen la calidad de servidores públicos. Los contratistas, como sujetos particulares, no pierden su calidad de tales porque su vinculación jurídica a la entidad estatal no les confiere una investidura pública, pues si bien por el contrato reciben el encargo de realizar una actividad o prestación de interés o utilidad pública, con autonomía y cierta libertad operativa frente al organismo contratante, ello no conlleva de suyo el ejercicio de una función pública", dice el concepto del Departamento de la Función Pública del 11 de abril de 2014.

No obstante, la denuncia también recoge testimonios que aseguran que funcionarios del hospital también participaron en las campañas políticas. A diferencia de los contratistas, los funcionarios públicos sí están impedidos para participar en política, según el artículo 127 de la Constitución Política, a pesar de que todavía no se ha debatido ni sancionado ninguna ley estatutaria que reglamente esas inhabilidades. Ante el vacío legal, el Departamento de la Función Pública establece: 

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"Los servidores públicos no podrán tomar parte en las actividades de los partidos y movimientos políticos y en las controversias políticas, sin perjuicio de ejercer libremente el derecho al sufragio, hasta en tanto el legislador no expida la ley estatutaria que establezca las condiciones en que se permitirá su participación", dice el concepto 153941 de 2021.

Para los diputados que presentaron la denuncia, la instrumentalización política del Hospital Regional Alfonso Jaramillo ha producido el declive de la gestión administrativa. Entre 2018 y 2021, el déficit del centro médico pasó de 8.000 a 20.000 millones de pesos. Los gastos en contratación de personal por prestación de servicios también aumentaron, pasando de 7.800 millones en 2018 a 23.200 millones de pesos al cierre de 2021. En 2022 se firmaron 564 órdenes de prestación de servicios por un valor total de 35.526 millones de pesos.

Según el informe que presentó el gerente actual, Jaime González Enciso, a la Contraloría en 2021, el aumento del déficit en ese año se produjo por los gastos para atender la emergencia por el Covid-19 en el municipio:

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“Se evidencia incremento (de los costos) en la relación con el año inmediatamente anterior en 18.902 millones, esto relacionado con la prestación de servicios de la Unidad de Cuidados Intensivos, mayor contratación de personal asistencial, mayor adquisición de materiales de todo tipo para la eficiente prestación de los servicios de salud y atención de la pandemia de Covid-19”.

El saneamiento de las finanzas del hospital de Líbano depende principalmente de la recuperación de la cartera que les deben las EPS. Según el informe de gestión del periodo 2022-2023, la cartera para esta vigencia ascendió a 64.000 millones de pesos. El gerente González Enciso se ha dedicado en el último año a gestionar la recuperación de la cartera del hospital, especialmente de entidades ya liquidadas, como Medimas.