Corrupción en el billonario divorcio del dueño de Panamericana: Fiscalía

Crédito: Crédito: Panamericana

23 Junio 2024 03:06 am

Corrupción en el billonario divorcio del dueño de Panamericana: Fiscalía

Tal y como lo denunció CAMBIO en noviembre pasado, la Fiscalía encontró que una funcionaria judicial incurrió en los delitos de prevaricato y falsedad en documento privado para favorecer al dueño de Panamericana en el pleito que lleva con su exesposa por una fortuna que suma más de un billón de pesos. La funcionaria judicial se declaró inocente. Cayó el primer eslabón de la cadena.

Por: Sylvia Charry

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Carlos Federico Ruiz, uno de los empresarios más importantes de Colombia, se divorció de Aura Lilia García en 2018 tras 47 años de matrimonio. Ruiz construyó el emporio de Panamericana con García a su lado, con quien tuvo dos hijos, pero después de infidelidades e hijos extramatrimoniales, la pareja se separó en 1997. Más de 20 años después empezó el trámite para la repartición del nada desestimable patrimonio de un billón de pesos.

Este sería un caso llamativo, sí, por la cantidad a repartir, pero privado en todo caso. No obstante, en 2023 CAMBIO reveló la novela jurídica en la que se había convertido el divorcio luego de que la Fiscalía abrió cinco procesos para investigar las sospechosas maniobras jurídicas con las que Ruiz, con ayuda de sus abogados y hasta de una funcionaria judicial, ha evadido la obligación legal de entregarle a su exesposa lo que le corresponde.

Para completar la novela, en este tiempo de disputas crueles, García, de 76 años, sufrió un daño cognitivo irreparable del que Ruiz ha intentado aprovecharse para que declaren nulo el proceso. Un juez de familia ya negó esta pretensión, pero la última palabra la tendrá el Tribunal Superior de Bogotá, a donde llegó un recurso de apelación.

La pita se enreda ahora más porque en uno de esos casos que investigaba la Fiscalía, al parecer sí hubo corrupción. Herly Matilde Huertas, funcionaria del juzgado de familia que lleva el divorcio y la liquidación de la sociedad conyugal, hizo varias movidas irregulares que terminaron por favorecer a Ruiz. La Fiscalía le imputó cargos por los delitos de prevaricato por omisión y falsedad en documento público. La funcionaria, que se declaró inocente de los cargos, podría enfrentar hasta 19 años de cárcel. Además, este podría ser solo el comienzo de un efecto dominó de varios involucrados y delitos.

CAMBIO le cuenta los detalles.

Así fue como Herly Matilde Huertas inclinó la balanza a favor de Ruiz

Herly Matilde Huertas es la secretaria judicial del juzgado 5 de familia, en donde se ha llevado el proceso del divorcio multimillonario de Panamericana. Las fechas en esta historia son muy importantes para entender cómo las acciones de Huertas se hicieron a propósito, con dolo, para favorecer al dueño de Panamericana.

Sobre el cargo de prevaricato contra Huertas, la explicación de la Fiscalía es la siguiente. En junio de 2018, el juzgado 5 de familia embargó los bienes de la familia Ruiz para proteger el patrimonio familiar mientras se definía el divorcio y la repartición de bienes. Luego, el 19 de noviembre del mismo año, el juzgado profirió sentencia anticipada de divorcio con la que declaró disuelta la sociedad conyugal y ordenó librar los oficios y expedir copias auténticas de la sentencia a las partes.

Esos documentos, los oficios y las copias auténticas de la sentencia, eran necesarios para inscribir el divorcio en los registros civiles de matrimonio y luego, presentar la demanda de liquidación de la sociedad conyugal.

En otras palabras, solo con esos documentos se podía inscribir el divorcio en el registro civil de matrimonio y solo con esa novedad en el registro de matrimonio podían presentar la demanda de liquidación de la sociedad conyugal con la que se logra la repartición de bienes. El plazo que tenían para presentar esa demanda era solo de dos meses. Ahí, al parecer, cometió el delito la secretaria.

Lo que debía ser un trámite de días, la secretaria lo demoró un año y, por consiguiente, Aura Lilia García solo pudo presentar la demanda de liquidación de la sociedad conyugal hasta el 25 de noviembre de 2019.

“La secretaria Matilde debía emitir los oficios correspondientes y expedir copias auténticas de la providencia, pero a pesar de reiterados requerimientos a la secretaria del juzgado, solo fueron entregados un año después de ordenarse su expedición”, dijo la fiscal del caso.

La consecuencia fue que el 22 de julio de 2019, cuatro meses antes de que la señora García pudiera presentar la demanda de liquidación, el juez 5 de familia ordenó el levantamiento del embargo decretado en 2018 a los bienes de Carlos Ruiz, incluyendo el de sus acciones en su emporio Panamericana. Con mucha agilidad ahí sí, solo dos meses después, la secretaria del juzgado elaboró los oficios de desembargo que fueron recogidos de inmediato por el abogado de Carlos Ruiz.

Es decir, la secretaria emitió los oficios de desembargo menos de dos meses después de que saliera la decisión, aunque se había tardado un año en expedir los oficios del divorcio. La balanza se inclinó a favor de Ruiz desde ese momento y el empresario, por supuesto, no desaprovechó la oportunidad.

Luego de que la exesposa interpusiera la demanda de liquidación, el 5 de diciembre el juez decretó -de nuevo- medidas cautelares a 36 inmuebles y a las acciones y utilidades de Panamericana.

La secretaria del juzgado también corrió en ese caso y el 12 de enero de 2020 emitió los oficios de esa decisión para que las partes dieran cumplimiento al embargo y no tocaran los bienes. La misma persona “sin justificación legal”, dice la Fiscalía, no entregó uno de los oficios de embargo que correspondía a las acciones de Panamericana Librería y Papelería S.A. y Panamericana Formas e Impresos S.A.

Por cuenta de esa omisión, no se escribió el embargo en el libro de accionistas de las empresas y le entregaron los dividendos a Carlos Ruiz, que como accionista mayoritario, recibió 12.000 millones de pesos.

Los señalamientos contra la secretaria Herly Matilde Huertas López no terminan ahí. Para la Fiscalía, esta funcionaria judicial trató de tapar esas irregularidades y fue entonces que cometió el segundo delito: falsedad en documento público.

El 7 de noviembre de 2023, Huertas expidió un oficio dirigido al representante legal de Panamericana Librería y Papelería S.A. en el que le comunicó del embargo de las acciones de Ruiz en esa empresa, haciendo énfasis en que eso “se había solicitado en un oficio del 14 de enero de 2020”. Pues la Fiscalía encontró que ese oficio del 14 de enero sospechosamente solo llegó al expediente digital (no el físico) el 14 de noviembre de 2023.

“La falsedad es porque consignó en el oficio al representante legal de Panamericana Librería y Papelería S.A. que el embargo de las acciones se le había solicitado en un oficio del 14 de enero del 2020. Eso no corresponde a la realidad porque no está en el expediente del divorcio, tampoco se entregó al demandante y se estableció que se incorporó en el expediente digital el 14 de noviembre del 2023, tres años después de ser emitido”, explicó la fiscal.

Herly Matilde Huertas tiene que decidir si asumirá la responsabilidad y contará más de lo que sabe o, como hasta ahora, se declara inocente y trata de demostrarlo en juicio. Herly Matilde tendría que demostrar que fueron solo descuidos sin dolo.
 

Muchas pruebas juegan en su contra, por ejemplo, las reiteradas comunicaciones de los abogados de Aura Lilia pidiéndole que cumpliera lo ordenado por el juez, las cuales, fueron ignoradas. 

Los investigadores tienen en sus manos un desafío enorme y es establecer si la secretaria actuó o no sola y a cambio de qué cometió tantas irregularidades que terminaron beneficiando a Carlos Ruiz. El caso podría sonar menor por tratarse de una imputación a la secretaria del despacho, sin embargo, los ejemplos de corrupción judicial que abundan en la historia de Colombia muestran que, normalmente, los escándalos han estallado luego de que cae el eslabón más débil de la cadena. Basta recordar el caso de Carlos Mattos. 

CAMBIO trató de contactarse con la secretaria Herly Matilde Huertas López, pero ignoró los mensajes y las llamadas.

La Fiscalía también investiga las conductas de Ruiz y de sus apoderados quienes, a pesar de saber que existía una orden de embargo de esos recursos, retiraron los 12.000 millones de pesos de esas dos empresas, el 19 de marzo de 2021. Esos procesos parecen dormir el sueño de los justos en la Fiscalía 32 de la Unidad Administración Pública de Bogotá. No son los únicos. 
 

Mientras avanzan las investigaciones por las distintas maniobras para evitar la repartición de la fortuna, la señora Aura Lilia sigue esperando que los jueces apliquen la ley y le den lo que le corresponde.

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