Corte falla a favor de Mónica Gaitán, la exfiscal de derechos humanos que sufrió el exilio

¿Cómo se mide el daño que producen 12 años de exilio? ¿Cómo recuperar a una persona que tuvo que dejar su vida de un día para otro, para pasar dificultades en otro país? La exfiscal Mónica Gaitán vivió en carne propia la deshumanización del exilio, como ella lo caracteriza, y lleva años buscando reparación.

Este martes 2 de julio recibió una buena noticia de parte de la Sala Plena de la Corte Constitucional, que revocó una cuestionable decisión judicial que le había negado el pedido de reparación bajo un argumento técnico: que supuestamente ya había pasado el tiempo legal para reclamar, que es de dos años estrictos, sin importar las condiciones en las que estaba la mujer y su pareja (un juez).

¿Por qué es tan importante la decisión de la Corte? CAMBIO le explica

El caso

Gaitán lideraba la investigación por la masacre de 27 personas en Chengue (Sucre) en 2001 y tuvo que enfrentar el asesinato de la valiente fiscal y compañera de equipo Yolanda Paternina, así como los de dos investigadores. Además, fue desautorizada por el fiscal general de la época, Luis Camilo Osorio, que le quitó el caso cuando Gaitán iba a ordenar la captura de un alto funcionario de la Armada Nacional.

El 18 de abril de 2002 se fue a Estados Unidos con sus dos hijos y su esposo, Genaro Olaya, un juez de la República. Pasó de investigar graves casos de derechos humanos a lavar platos en un país en el que su familia no conocía a nadie, sin hablar inglés y completamente aislada del resto de sus familiares por seguridad. Vivieron por casi 12 años por fuera del país. En 2013, demandaron a la Nación.

Pero primero un juzgado, y luego el Consejo de Estado, dijeron que ellos pudieron haber demandado cuando recibieron el estatus de asilados en 2003, por lo que el plazo para presentar el recurso se venció en 2005. En pocas palabras, lo que la justicia les dijo a Gaitán y a su esposo fue que, mientras vivían una vida que no era de ellos, a la fueron obligados por amenazas en su país, podían haber iniciado los trámites correspondientes.

Esa fue consecuencia de un cambio de reglas que en 2020 estableció el Consejo de Estado, endureciendo el plazo de dos años para demandar, a menos de que una persona pruebe realmente que no pudo acceder a la justicia. Gaitán insistió con una tutela que perdió dos veces y que fue la que, al final, llegó a la Corte Constitucional.

Lo que dijo la Corte

Con ponencia de la magistrada Cristina Pardo, la Sala Plena de la Corte Constitucional concedió la tutela de Gaitán y reprochó las decisiones judiciales que negaron la reparación.

La Corte dijo que los jueces no tuvieron en cuenta el enfoque de género ni "las reales condiciones en las que se encontraban los accionantes en un país extranjero, ni los daños psicológicos que les ocasionó el exilio".

También apuntó en que el juzgado y el Consejo de Estado incurrieron en una "interpretación contraevidente o irrazonable al considerar que la contabilización del término de caducidad debía empezar a correr desde el momento en el que les reconocieron el estatus de asilados y dar por hecho, del material probatorio analizado, que desde esa fecha la parte actora había logrado su reasentamiento y estabilidad socioeconómica".

La Sala Plena dijo que, como las reglas para demandar se endurecieron en 2020, los jueces debieron darle la oportunidad a Gaitán y a su familia para ahondar en sus argumentos y explicar por qué demandaron en 2013 y no antes. Esto, sin embargo, tampoco se hizo.

"La autoridad judicial debió readecuar el trámite de acuerdo con el cambio jurisprudencial y reabrir la fase de alegatos (...) El juez debe permitirle a la parte demandante adecuar su argumentación respecto a las reglas de caducidad fijadas por el Consejo de Estado, en particular, no les dio la oportunidad a los actores para explicar si habían enfrentado barreras de acceso a la administración de justicia o si se encontraban en imposibilidad material de ejercer la acción de reparación directa", dice el fallo.

En consecuencia, la Sala Plena ordenó al juzgado de primera instancia que reasuma el caso y dicte una nueva sentencia teniendo en cuenta estos argumentos. Gaitán celebró emocionada la decisión en diálogo con CAMBIO.

"Hoy como mujer, esposa, madre, abogada defensora de derechos humanos, de la justicia y del derecho, después de 12 años de buscar justicia por el exilio forzado en el marco del conflicto armado, recibo con inmensa gratitud a Dios la decisión unificadora de la Corte Constitucional que reconoce el derecho y restaura la justicia no solo en mi caso sino para todas las victimas a las que el Consejo de Estado nos había negado el derecho", dijo Gaitán.

La dureza del exilio

En entrevista publicada por CAMBIO el pasado 14 de abril, Genaro Olaya detalló la dureza del exilio: "Cuando uno sale al exilio, se le cambia el proyecto de vida. ¿Cuánto demoras para construir un proyecto de vida? Requiere todo un desarrollo para poderse ir estableciendo. Llegas a un país donde el primer mensaje que te da la cultura es: 'Tú aquí no eres nadie'. Tú eras juez, tú eras fiscal, pero allá en Colombia, aquí no eres nada y menos si no sabes el idioma. Nosotros teníamos dos niños de 8 y 9 años y pues empieza uno a buscar posibilidades de ingreso. ¿Qué hay que hacer? Pues buscar lo que se dé: los oficios varios y allí, por no saber el idioma, te tratan de bruto y te rechazan. Aunado a esto, está con el temor de que la familia vaya a recibir represalias en el país".

Gaitán recordó cuán duro fue para ellos la decisión del Consejo de Estado, de 2022, que les negaba la reparación y, además, los condenaba a pagar 38 millones de pesos por costas: lo que se paga cuando se inicia un proceso contra la Nación y se pierde. 

"El mismo estatus de asilados nos impedía venir acá. Nosotros duramos ocho años sin ver nuestra familia y, en medio de todo eso, uno qué va a ponerse en pensar si voy a hacer una demanda. Cuando yo fui fiscal en el Valle del Cauca de la unidad de desarticulación de bandas criminales dedicadas al narcotráfico, yo tuve atentados en mi casa. Entonces, (las familias) tenían temor por nuestras vidas y nos decían: 'por acá no vuelvan'", dijo en ese momento la exfiscal.