Masacre de Chengue: lucha por reparación de exfiscal exiliada llega a la Corte Constitucional

La Corte Constitucional seleccionó para su estudio una tutela que presentó la exfiscal de la Unidad Nacional de Derechos Humanos Mónica Amparo Gaitán Muñoz, una abogada que trabajaba en la entidad desde 1994 y que tuvo que exiliarse por 12 años del país por cuenta de las intimidaciones que recibió tras empezar las investigaciones por la masacre de 27 personas ocurrida en el corregimiento de Chengue de Ovejas, Sucre, perpetrada el 17 de enero de 2001 por paramilitares.

Según su reclamo, la situación era insostenible pues cuando se empezaban a develar nexos de los paramilitares con el poder político sucreño, la fiscal especializada en Sucre Yolanda Paternina (considerada como quien descubrió la ‘parapolítica’) fue asesinada junto a dos investigadores del CTI en agosto de 2001. La fiscal Gaitán, su esposo y sus dos hijos, entonces, fueron forzados a desplazarse y salir del país el 18 de abril de 2002.

Antes de irse, tuvo un duro enfrentamiento con el fiscal general de la época, Luis Camilo Osorio, por una orden de captura que ella consideraba necesaria dictar contra un funcionario de la Armada. Le quitaron el caso y el viaje a Estados Unidos se hizo necesario. Gaitán vivió en ese país y en julio de 2013 demandó a la Nación pidiendo reparación por los perjuicios morales, materiales y por la afectación a su vida como consecuencia del exilio.

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Esa demanda decía, entre otros, que había sufrido presiones al interior de la Fiscalía por parte de sus superiores y la zozobra generada. Su reclamo fue inicialmente concedido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en 2015 pero en julio de 2022. El Consejo de Estado revocó esa decisión diciendo que el plazo para demandar, que es de dos años estricto, empezó a correr desde el 4 de agosto de 2003 cuando le concedieron asilo en Estados Unidos, así que venció el 5 de agosto de 2005.

Según el fallo, aunque Gaitán volvió al país en 2012, ella y su familia habían podido presentar la demanda estando en Estados Unidos. Y, por eso, no solo le negó la reparación, sino que la condenó a pagar 38 millones de pesos por cuenta de los gastos en que incurrió la administración de justicia tramitando este reclamo.

La exfiscal presentó entonces una tutela, que fue estudiada y negada en dos instancias por el propio Consejo de Estado. Esa tutela dice que ella presentó la demanda de reparación en 2013, y que el fallo que se la negó le aplicó un cambio de reglas para presentar este tipo de recursos que es de 2020, cuando lo que debía aplicársele eran las reglas de juego anteriores.

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Y esas reglas de juego previas decían que para casos de lesa humanidad y desplazamiento forzado se debía tener en cuenta que la situación de inseguridad no había cesado, así que el plazo para demandar era más flexible.

Según Gaitán, ella y su familia permanecieron en condiciones de vulnerabilidad, siendo obligados a permanecer en el exilio como desplazados, sometidos a condiciones económicas precarias, sin haber superado las grandes barreras impuestas por el idioma inglés, el tener que dejar la profesión de abogados (su esposo era juez) para dedicarse a trabajos como hacer aseo en casas de familia y ser ayudantes de construcción, entre otros.

En mayo de 2023 la tutela fue negada en primera instancia y la negativa en segunda instancia llegó en septiembre de 2023. Y ahora, la Corte Constitucional seleccionó su tutela para estudio para analizar de fondo cómo se contabilizan esos plazos para demandar a la Nación en casos como estos, en donde las víctimas terminan en exilio. La tutela le correspondió a la magistrada Cristina Pardo.

Gaitán se lanzó en 2022 a la Asamblea del Valle del Cauca por el Centro Democrático, sin éxito.