Cuando Cristina Lombana, nueva ponente del caso Arturo Char, se opuso a su detención

El caso por presunta compra de votos que se adelanta en contra del expresidente del Congreso Arturo Char Chaljub, es una de las "papas calientes" que tiene la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, que debe definir próximamente si acusa al exsenador –y, por tanto, lo llama a juicio por los delitos de concierto para delinquir y corrupción al sufragante–, o si, por el contrario, le precluye la investigación.

El proceso estaba en manos del magistrado Francisco Farfán, quien proyectó la decisión de detenerlo preventivamente y cuya postura fue acogida por la mayoría de la Sala de Instrucción, con excepción de la magistrada Cristina Lombana, quien consideró que no había pruebas para ello y que no se habían comprobado los dichos de Aida Merlano, principal testigo. Lombana indicó que, si se comprueba su apoyo a la compra de votos en el caso de Merlano, mas no para sí, el caso no necesariamente sería de competencia de la Corte sino, mejor, de la Fiscalía, por tratarse de una actuación que no estaría relacionada con su actividad de congresista.

CAMBIO explica lo que dijo la Sala mayoritaria y las razones de Lombana para oponerse.

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Según la decisión de la Sala de Instrucción de ordenar la captura internacional de Arturo Char, para finales de 2017, durante la campaña para el Congreso, Arturo Char, quien aspiraba a ser reelegido senador, concertó con Aida Merlano y Lilibeth Llinás, quienes también aspiraban ser electas, junto al empresario Julio Gerlein y su hermano Alex Char, para poner en marcha “una sociedad criminal” que “desarrolló la compra de miles de votos, entre otros delitos”.

Para la Sala de Instrucción, las pruebas hasta el momento permitían decir que el acuerdo político buscó la elección de Char, Merlano y Llinás a través de una estrategia delictiva de corrupción electoral, según los testimonios no solo de Aida Merlano (quien está condenada por estos mismos hechos), sino de otros colaboradores de la campaña que ratifican lo dicho por ella.

El rol de Arturo Char y de su familia habría sido la de financiar este entramado ilegal. Según Merlano, el que decidió que ella iba a ser congresista fue Alejandro Char, con quien también sostuvo una relación sentimental. Según las pruebas allegadas a la Corte, fue Arturo el que decidió que la fórmula de Merlano sería Lilibeth Llinás, para hacerle un favor su gran amigo Adalberto Llinás, a pesar de que ambas eran de diferentes partidos.

Esa campaña funcionó desde la Casa Blanca en Barranquilla, como se le conocía a la sede política por lo menos desde octubre de 2017. Uno de los primeros elementos claves en este caso es que varios testigos hablan de una reunión realizada en esa sede a finales de ese año para cuadrar todo.

Así lo dijo Rafael Antonio Rocha Salcedo, quien iba a una reunión para pedir un trabajo allá que le había conseguido Vicente Rosanía, entonces integrante de la UTL de Merlano, y quien relató cómo se saludó con Char, Merlano, Julio Gerlein, los hermanos y Llinás; cómo entraron a la casa y él tuvo que quedarse afuera esperando hasta que decidió irse a las 10 de la noche. Según Rocha, fue en esa cita en la que se definió que aspirarían al Congreso.

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El testigo asegura que Rosanía le contó cómo se iba a hacer la compra de votos y que él aceptó ser uno de los coordinadores. Merlano y Llinás le dijeron que inicialmente el voto iba a valer 85.000 pesos y que debía darse un anticipo de 20.000 y tomar los datos personales, huella y fotocopia de la cédula de las personas que iban a vender su voto. También dice que fue Edwin Martínez Salas, gerente de campaña, quien le dijo que el dinero venía de la familia Char y de Julio Gerlein.

El testimonio de Rafael Rocha complementa el de Aida Merlano, según la Corte. Se dice que en la sede política, a los gritos, se decía que debían quedar bien con “los Char” porque ellos habían pagado el 70 por ciento de la campaña. A ese testimonio se suman los de Francisco Rafael Palencia Borrero, Vicente Rosanía, Edwin Martínez y Evelyn Díaz, a quienes la Corte también les dio credibilidad sobre las constantes reuniones en la sede política, entre otros.

También reposa el testimonio de Faisal Cure, contratista de Barranquilla, quien reconoció que tuvo varios contratos millonarios con Alejandro Char, cuando era alcalde. Merlano dijo que él fue a la sede a una reunión con Gerlein, Arturo Char y Lilibeth para “cuadrar” la votación y que esos acuerdos fueron financiados supuestamente por Gerlein y por Cure, con los anticipos de los contratos, especialmente con uno para la canalización de arroyos en la ciudad.

“Fue Alejandro quien decidió que yo iba a ser senadora. Y me dijo que ayudaría a financiar la campaña, y posteriormente a eso, se dio una reunión en la casa de Arturo con el contratista Faisal, Arturo, Julio y mi persona. Luego, se concretó, se materializó, en la sede política, en diferentes reuniones que se hicieron”, dijo Merlano.

Un punto esencial de la decisión que ordenó detener a Char es que lo ubica a él en la sede política en noviembre de 2017, según el testimonio concreto de Edwin Martínez y de Merlano, para cuadrar la financiación de la compra de votos. Char reconoció a la Corte una visita a esa sede, diciendo que era para hablar de un tema de pactos electorales para conformar los órganos directivos de la Asamblea del Atlántico, pero la Corte no le dio credibilidad.

“(…) Dentro del acontecer fáctico investigado, la compra masiva de votos que se organizó desde ese sitio y de las pruebas adicionales acopiadas, tal análisis conduce a colegir que probablemente dichas reuniones en la citada sede política no tuvieron el propósito que les atribuye el procesado (…), sino al diseño y planeación de ellos eventos antijurídicos por los cuales ya se condenó a Merlano”, dice la decisión.

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Allí se dice, igualmente, que los aportes de recursos financieros por parte de Gerlein (reseñados por él mismo en llamadas publicadas en su momento con Merlano) y de Faisal Cure, megacontratistas de la alcaldía, más otros elementos de prueba, respaldaban los testimonios de Merlano, Rocha y Palencia en el sentido de que la familia, encabezada por Arturo y Alejandro Char, “operó como el principal grupo financiador de la campaña política que se enfocó en la compra de votos”.

Para Lombana, contrario a lo dicho por la Sala mayoritaria, no había elementos que demostraran que la financiación, en efecto, se realizó y señala que los testigos no están complementando el testimonio de Merlano, sino solo replicando lo que ella decía, sin mayor elemento de prueba de que lo que ella decía era verdad o no. También dijo que lo dicho por Merlano sobre la llegada de dinero de parte de anticipos de contratos dados a Faisal Cure debía comprobarse.

“Aquí no se trata de otorgar crédito o no al dicho de la citada, sino de evidenciar si lo sostenido por ella tiene respaldo probatorio”, dijo Lombana en su salvamento de voto de 50 páginas.

Los indicios

A grandes rasgos, la Sala de Instrucción dijo que había 12 indicios de responsabilidad de Char, a los que Lombana se opone.

Lo primero es decir que hubo tal sociedad delictiva entre Arturo y Alejandro Char, Julio Gerlein, Merlano y Lilibeth Llinás. Lo anterior, para que Merlano aspirara al senado junto a Llinás, siendo la primera del Partido Conservador y la segunda de Cambio Radical, y que la decisión de esta última fue imposición de Arturo Char. El acuerdo se acredita, según la Sala Mayoritaria, en el testimonio de Merlano, Rafael Rocha, Francisco Palencia, Vicente Rosanía y Edwin Martínez.

Para Cristina Lombana: “ello no se ha demostrado (financiación y compra) en punto de Char Chaljub, de esto resulta que el indicio carece de un hecho indicador debidamente probado”.

La Corte dice que el acuerdo entre las familias Char y Gerlein viabilizó las candidaturas y esto se empezó a gestar en la casa de Arturo en octubre de 2017, por iniciativa de este y de su hermano Alejandro: “Este hecho lo pone de presente, en forma objetiva, coherente y circunstanciada, la testigo Aida Merlano en los diferentes relatos”. Para Lombana, “en realidad no se está ante una prueba indirecta sino directa pues tal circunstancia se fundó en el dicho de Merlano”.

La Corte dice que el pacto político lo financió también Faisal Cure, contratista de la alcaldía de Alejandro Char, compañero sentimental de Aida Merlano. Y con dineros del propio Alejandro, según declaraciones de Merlano, de Cure, de Julio Gerlein y la prueba documental de los contratos. Lombana dice que eso “de momento no está demostrado, de esto se sigue que de tal insustentada circunstancia no es posible extraer ninguna referencia”.

La Corte afirma que la estructura delictiva se hizo para la elección de Merlano y Llinás, pero también de Arturo, que la compra se hizo planeó desde la sede, tal y como quedó probado en las condenas a Merlano. Lombana asegura que el único testimonio que realmente habría acá es el de Merlano, porque Rafael Rocha y Vicente Rosanía habrían declarado basándose en lo que ella les dijo, “mientras que lo sostenido por aquella no ha sido corroborado”. Dijo que la condena de Merlano no puede imponer una “determinada apreciación probatoria".

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La Corte dice que la motivación de Arturo para intervenir en este entramado ilegal “se centraba en que los Char requería incrementar y fortalecer su liderazgo y hegemonía política para la fecha de los hechos, de cara a contribuir eficazmente a la candidatura de Germán Vargas Lleras en 2018, candidato de Cambio Radical (…)”. Según la Corte, eso era un solo un paso para crear las condiciones para que Alejandro aspirara después a la Presidencia. También se reseña ampliamente que Adalberto Llinás, entrañable amigo de Arturo, concurría con frecuencia a la sede y señala que hay fotos donde el aparece con Aida Merlano el día de las elecciones, mientras la mujer repartía fajos de dinero.

La magistrada Lombana señaló que el propósito de respaldar a un candidato presidencial para que luego fuera apoyado Alejandro Char es una “especulación”.

La Corte dice que Adalberto Llinás también era coordinador también de la campaña de Arturo y que estaba al frente de más de 100 líderes en varios municipios, como Malambo, para negociar al menos 10.000 votos para su hermano y para Arturo. La magistrada Lombana dice que eso no tiene fundamento porque a esa conclusión se llegó a partir del dicho de Merlano.

La Corte dijo que las visitas de Arturo Char a la sede, y por lo menos una en diciembre de 2017, fueron para estos acuerdos ilegales, y no para otro tipo de temas como dice el procesado. Y que está acreditada la compra de votos tanto por los testimonios como por la prueba documental. Lombana asegura que no está probado que esa compra de votos se haya hecho para Char y que de las versiones reseñadas no se deduce ese hecho. Según la magistrada, eso está probado solo respecto de Aida Merlano. Y sobre la entrada de dinero de las personas ya mencionadas, Lombana reitera que en su criterio eso no está probado para el caso de Arturo Char.

De otro lado, la Corte dijo entonces que la detención era necesaria porque había riesgo de que este no compareciera al proceso, porque había riesgo para la recolección de pruebas y para la testigo principal que ha sido amenazada. Además, cuestionó los reparos que este hizo para su indagatoria se hiciera de manera virtual y no presencial. Lombana indicó que Char, que vivía entonces en Estados Unidos, era de fácil ubicación, porque registró su domicilio, "lo que a la postre permitió escucharlo virtualmente", entre otros argumentos.

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Lo que viene

Cristina Lombana dijo en su salvamento de voto que si se llegare a probar que Arturo Char participó en la compra de votos para Aida Merlano y Llinás, más no para él mismo, estaría comprometida la competencia de la Corte Suprema, es decir que el caso en esas condiciones debería pasar a la Fiscalía, porque no habría actuado para mantener su liderazgo político. Esto, teniendo en cuenta que Char ya no es congresista.

Ese sería uno de los puntos claves de lo que viene, ya que Lombana deberá proyectar ante la Sala de Instrucción la decisión de si acusa a Char o si le precluye el caso a su favor. La decisión, en todo caso, corresponde a la Sala de Instrucción en pleno.

La primera decisión tomada por Lombana fue la de acoger una petición de la defensa y ordenar el traslado de Char a una instalación militar en Barranquilla desde la cárcel La Picota, a donde había sido enviado por la Sala en pleno cuando se le definió su situación jurídica.

Esa decisión llegó el 13 de diciembre. Apenas unos días antes, el 30 de noviembre, la Sala de Instrucción en pleno había decidido mantener la medida de aseguramiento en contra de Char. En este caso, explican fuentes, sería posible un escenario en el que la magistrada, que ya dijo que no hay pruebas suficientes, decida solicitar la preclusión. Eso está por verse.