La ‘maldita mermelada’ de Ciro Ramírez: los hallazgos de la Corte que lo tienen contra las cuerdas

El pasado jueves 14 de diciembre fue capturado el senador del Centro Democrático Ciro Ramírez, investigado por liderar una red de corrupción para direccionar contratos con el Estado y beneficiarse personalmente de ellos. De inmediato, el expresidente Álvaro Uribe reaccionó en su cuenta de X: "Me duele la captura del joven Senador Ciro Ramírez. Ojalá pueda salir adelante. Este tipo de problemas es lo único que deja la “maldita” mermelada".

CAMBIO tuvo acceso, en exclusiva, al expediente de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia que dice que Ramírez realmente no solo participó sino que lideró un entramado de corrupción.

Un astuto líder

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, que ordenó la detención del senador del Centro Democrático Ciro Ramírez Cortés, asegura que este no solo organizó, sino que dirigió un entramado criminal para obtener un contrato de gerencia integral que se celebró en 2021 entre el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) y la empresa Proyecta por 48.660 millones de pesos. De ese convenio salieron al menos otros 13 contratos que habrían sido direccionados a personas que el mismo Ramírez escogió, para favorecer sus intereses políticos y económicos.

Según la decisión, conocida por CAMBIO, Ciro Ramírez y Pierre García, exsubdirector del DPS, diseñaron y promovieron un plan para afianzar el proyecto político de Ramírez en Quindío, Caldas, Santander y Tolima, recibiendo de dádivas por más de 1.000 millones de pesos. El plan, además, habría replicado el modelo de corrupción que usó el exsenador Mario Castaño para desviar miles de millones de pesos a través del direccionamiento de contratos en el que participó igualmente Pablo César Herrera, gerente de Proyecta, uno de los testigos claves en contra de Ramírez, y una de las integrantes de su UTL, Katherine Rivera.

De acuerdo con la Sala, la detención era necesaria porque Ramírez podría obstruir la justicia, ya que, entre otras cosas, visitó en La Picota al testigo Herrera el 5 de octubre de 2022 para ofrecerle “ayuda”, y porque hay evidencias de que los involucrados que enfrentan distintos procesos penales han estado en continua interacción.

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Así fue el direccionamiento de contratos

El caso remonta al 6 de julio de 2021, cuando Anderson González hizo de puente para que Alejandro Noreña y Ciro Ramírez se conocieran en el Club Manizales. Los dos primeros trabajaron juntos en el esquema delictivo de Castaño y se alejaron de él, supuestamente, por malos tratos. Tras conocerse, Noreña y Ciro Ramírez se reunieron el 8 de septiembre de 2021 en el restaurante Virrey, en Bogotá, por petición de Katherine Rivera, asistente del congresista, donde el lobista le habría manifestado el interés de unirse a su proyecto político.

Alejandro Noreña era asesor entonces de Pablo César Herrera, gerente de Proyecta, y hoy está acusado por la Fiscalía de ser el reclutador de personas para ubicarlas al antojo de la organización criminal de Mario Castaño a comienzos de 2021. Herrera, según él mismo dijo a la Fiscalía, llegó a ese cargo por intermediación de Castaño. Antes de ello, fue gerente de campaña de José Luis Correa, fórmula de campaña a la Cámara de Castaño para las elecciones de 2018. Según dice el expediente, Herrera se reunió con Ramírez en las instalaciones de Proyecta, que quedan en el piso 16 de la Gobernación del Quindío.

Luego, hubo más citas. Una el 30 de septiembre, en la que Herrera le hizo un balance a Ramírez de cómo les había ido haciendo la misma trampa con otro contrato de gerencia, el 501 de 2021, al punto que, dice la Corte, hay registros de que ese convenio le fue enviado a su asistente para que lo revisara. También, hubo otra el 13 de octubre de 2021, en la que se discutió la firma de otro convenio para replicar lo hecho con el anterior, con el fin de apoyar los intereses electorales y económicos de Ramírez.

Herrera declaró a la Fiscalía que ellos se dieron cuenta de que el DPS quería contratar gerencias integrales y que esa modalidad les permitía a ellos direccionar a su antojo los contratos que se derivan del primero. También dijo que fue por el éxito de ese primer contrato que Ciro Ramírez lo buscó. El 5 de noviembre se llevó a cabo una cita clave en el DPS, durante la cual se fijaron los derroteros del nuevo contrato en la que participaron tanto Noreña, como Herrera y Pierre García, el funcionario del DPS.

Según la Corte Suprema, entre el 8 y el 12 de noviembre de 2021, efectivamente, se firmó el convenio 670 de 2021 entre el DPS y Proyecta por 48.660 millones de pesos. Luego hubo más reuniones para direccionar al menos 13 contratos, incluidos en ese convenio, por valor de 24.606 millones de pesos. Según Herrera, lo que se hizo fue crear una especie de bolsa dentro de ese contrato de gerencia integral en zonas en donde el senador Ramírez tenía influencia, como Boyacá, Cundinamarca, Quindío, Tolima, Valle del Cauca, Caldas y Risaralda.

Incluso, Herrera dijo que el negocio inicialmente se estimó en 170.000 millones, que se llegó a discutir si también se iba a aportar al crecimiento político de los también congresistas Carlos Motoa, Julio Cesar García y Miguel Ángel Barreto, y que finalmente quedó en casi 49.000 millones. Según los testimonios allegados, a la Corte, los 13 contratos derivados del convenio 670 finalmente fueron direccionados a diferentes personas, lo cual se habría fraguado en reuniones del DPS entre diciembre de 2021 y enero de 2022.

Por ejemplo, Herrera –testigo a quien la Corte Suprema de Justicia consideró creíble– dijo que Ciro Ramírez era el dueño de los proyectos Quindío Varios y de Saldaña, Tolima, por 10.190 millones y 5.725 millones, respectivamente. Ese contrato, según la narración que hace la Corte, se lo dieron a Raúl Alfonso Cardozo Ordoñez, exalcalde de Piedecuesta (hoy investigado) y a su hijo Raúl Cardozo Nuncira, a quienes se les conocía internamente como ‘Las Hormigas’, por ser oriundos de Santander. Esto, a cambio de apoyar a Ramírez para las elecciones del 2022. Los Cardozo, padre e hijo, seleccionaron a dedo a los contratistas de esas obras.

Las ejecuciones y las interventorías de los casos de Mariquita, Purificación, Villarica y Melgar, así como otros conocido como ‘Tolima Varios’ se habrían direccionado para favorecer a empresas de Anderson González González, quien ya fue imputado por la Fiscalía por estos hechos. Según Herrera, González le dijo que antes de las elecciones del 2022 le entregó a Pierre García, del DPS, y a Ciro Ramírez 1.000 millones de pesos como “adelanto de la coima correspondiente a la obtención de los contratos”.

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Los indicios de responsabilidad

Para la Sala de Instrucción en pleno, hay suficientes elementos de prueba para indicar que Ciro Ramírez sí cometió delito, que optó por replicar con sus influencias en el DPS el modelo de corrupción de Castaño y que sí participó en las múltiples reuniones mencionadas, según no solo el testimonio de Herrera y de Noreña, sino de algunos mensajes de texto.

Se trata de mensajes de texto entre Noreña y Katherine Rivera, asistente del senador Ramírez, en los que le envió la copia del otro convenio firmado con el DPS para “entender”. También hay registros de una reunión el 7 de octubre en Bogotá entre Noreña y Anderson González que, si bien Ramírez dijo que era para asuntos de las elecciones en Caldas, para la Corte (basada en los testimonios) la cita fue para tratar el tema de un contrato.

La Corte dice que, si bien esa reunión como tal no está relacionada con este caso, la forma como se organizó sí, porque va en contravía de los intentos de Anderson González y de Rivera de librarse de responsabilidad en sus declaraciones, y del propio Ramírez, que indica que la relación entre ellos era normal. Pues, para la Sala de Instrucción, lo cierto es que sí hubo una relación jerárquica entre ellos, además de que compartimentaron la información para que no todos conocieran las directrices dadas.

El expediente también cuenta los registros de entrada al DPS, el 5 de noviembre de 2021, de Noreña, Rivera y Herrera, quienes fueron a reunirse con Pierre García antes de consolidarse el convenio 670, lo cual va de la mano con el testimonio de Herrera, que dijo que allí se acordaron qué municipios iban a incluirse en la bolsa del contrato para favorecer a Ramírez. También hay mensaje de texto en el que Noreña le envía a la asesora de Ciro Ramírez a las 8:40 a.m. del 10 de noviembre imágenes de tablas de datos con los proyectos que se ejecutarían en el marco de la gerencia del 670.

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Además, la Corte suprema de Justicia tiene varios mensajes de texto entre Noreña y Rivera que evidenciarían que tenían conversación fluida sobre el tema de los proyectos y que esos mensajes llegaban a Ramírez. En uno de ellos, Rivera le pregunta:

- “Con cuanto quedaron al final Alejo” (sic)

Y Noreña responde: “85 mil más 30 mil de vivienda, pero pier me dijo que hoy podia variar el monto” (sic).

Luego, en otro mensaje del 11 de noviembre Noreña le informó a Rivera que les habían quitado contratos en Boyacá y Cundinamarca por falta de experiencia, pero que sí les habían aprobado Tolima, a pesar de que allí tampoco tenían experiencia. “Los municipios de influencia del jefe”, dijo Noreña. Y hay otras comunicaciones del 12 de noviembre en que Noreña le informa a la asesora que les quitaron “la mitad de la plata del DPS”.

La Corte dice que las respuestas de Rivera a los mensajes que recibía de Noreña evidencian que ella respondía con un interés no personal, sino del congresista Ciro Ramírez. En una conversación también quedaron registradas las dudas que tenían ellos sobre por qué el se había reducido el valor del convenio gerencial, que quedó finalmente en cerca de 49.000 millones. Incluso, discutieron si eso había sido por el poder que tenía Mario Castaño. Entre ellos, se dijeron que aún si fuera así, Ciro Ramírez igualmente tenía un poder importante.

“Hermano, no, igual, digamos que se hizo la gestión, no sé cuánto habrá salido, pero que haya salido algo, es un tema que fortalece el grupo, es una forma que se fortalece, pues, Ciro, se genera confianza, es un mensaje también claro que las cosas hay que trabajarlas hasta el último minuto, no hay nada ganado, y se hizo un gran, gran esfuerzo y se sacó algo, bueno, no sé cuánto, pero bacana la gestión, pero eh, ave maría, ese marica de Mario es muy dañino”, dice, por ejemplo, Anderson González.

Según el documento, Herrera, Noreña y Rivera hicieron parte de un grupo político llamado SOMOS, que buscó apoyar a Ramírez. Incluso, hay fotos que la Corte obtuvo del celular de Noreña en donde se lo ve con Rivera, ambos posando a la cámara para una selfie con una gorra que dice ‘SOMOS’. Todo esto, dice la Sala de Instrucción, resta credibilidad a los testimonios exculpatorios y, en cambio, afianza en los señalamientos en contra de Ramírez.

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De esta manera extensa, la Corte explica que tanto Ramírez como Rivera mostraron un interés constante en la evolución y consolidación del contrato 670 de 202, que habrían intercedido activamente ante el DPS, específicamente ante García, para beneficiar a Proyecta, y no con fines altruistas sino personales.

La manguala en los contratos

Con ponencia del magistrado Marco Antonio Rueda Soto, la Sala de Instrucción dijo que hay evidencias de que, en efecto, la contratación de Proyecta se direccionó y que la suscripción del convenio inicial, el 670 de 2021, se supeditó al compromiso entre Herrera, el senador Ciro Ramírez y Pierre García del DPS para hacer esa desviación. Ese direccionamiento se prueba, dice la Corte, no solo en las declaraciones de Herrera, sino porque se halló un “patrón de sistematicidad” en la asignación de los contratos que se caracterizó en la selección de proponentes.

Por ejemplo, la obra 4 para la pavimentación en Saldaña y la obra 12 “Quindío Varios se adjudicó a consorcios representados por Luis Adrián Mejía Álvarez; y las consultorías 16 y 17 de cada uno de esos contratos se entregaron a consorcios representados por Eneth Talina Avendaño Pacheco. Al revisar los archivos que se encontraron en Proyecta, la Sala encontró que en varios procesos se repitieron los participantes; que, si bien se presentaron otros consorcios, solo los de Mejía fueron habilitados, y que el contratista recibió invitaciones privadas para participar en el proceso.

Además, encontró otra línea de contratación en Proyecta que, según la Corte, corroboran las declaraciones de Herrera en el sentido de que los convenios fueron deliberadamente direccionados a un grupo de contratistas para lograr el cometido de corrupción. Así, Sergio Hernán Gómez González aparece como representante legal suplente o titular de Corfuturo, de la Asociación Global Green, del Consorcio Purificación y del Consorcio Asglo, que se quedaron con cuatro contratos para placa huellas en varios municipios del Tolima. También aparece Anderson González como representante legal del contrato de Consultoría 39 para desarrollar la interventoría de la obra de Mariquita, Tolima, y como asesor de Corfuturo, Ascondesarrollo y la Asociación Global Green.

Aunque González dijo que se enteró de los contratos por una revisión ordinaria de bases de datos públicas, como el Secop, para la Corte esto no es creíble, pues está relacionado con todos los demás involucrados en este supuesto entramado ilegal, porque otros asociados de estos consorcios son amigos entre sí y porque en la junta directiva de una de esas empresas estaba su expareja sentimental, Vanessa Salazar.

Para la Corte, la participación de Corfuturo y el consorcio Tolima 2022 en la selección del interventor del proyecto Tolima Varios, por ejemplo, es algo que dista de ser fortuito y que, más bien, es una maniobra orquestada por Anderson González para hacer parecer que el proceso fue competitivo y para garantizar que se le adjudicara a Camayo Villegas, quien luego lo contrató.

Tras analizar de manera extensa los testimonios de los involucrados en estos consorcios, la Sala de Instrucción dijo que las declaraciones de Anderson González González están plagadas de inconsistencias, que no es cierto que solo era un asesor, sino que, al contrario, era alguien que tenía un rol clave para la adquisición, consolidación y desarrollo de esas empresas y, que, adicionalmente, habría sido determinante para efectos de la gerencia integral 670 de 2021.

Al revisar más en detalle la contratación de Proyecta, la Sala dijo que en general las propuestas no tuvieron una real competencia, sino que solo uno, de tres invitados privados en total, tenía la capacidad de hacer una oferta apta para ser seleccionada. Y que, incluso, ninguna de las invitaciones privadas remitidas a empresas relacionadas con Anderson González González fue vencida.

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El apoyo electoral a Ciro Ramírez

La decisión de la Corte Suprema de Justicia dijo que las pruebas recolectadas hasta el momento indican que personas involucradas en los mencionados contratos, en efecto, apoyaron a Ciro Ramírez. Se trata de Raúl Cardozo y de Anderson González, con ayuda de Alejandro Noreña.

Cardozo, Ciro Ramírez y su asistente Rivera, dice la Corte, trataron de minimizar el impacto de su apoyo diciendo que su fortín electoral fue en Boyacá y no en Santander, pero la Corte analizó sus votaciones de 2018 y de 2022 y dijo que para 2022 el hoy procesado senador tuvo una votación significativa en la provincia de Vélez y sus zonas aledañas a Boyacá, en específico, en los municipios de Albania, Barbosa, Florián y La Belleza.

No así en otras áreas de Santander, como en Puente Nacional, Oiba y de Vélez, lugares donde su caudal electoral disminuyó. Situación diferente, dice la Sala, ocurrió en Bucaramanga y el área metropolitana, donde el senador aumentó en términos absolutos su votación. Según la Corte, este apoyo político se materializó en un evento organizado en el Hotel Ventura y en el apoyo del día de las elecciones, por unos 5.000 millones de pesos, lo cual se compagina con beneficios que Cardozo obtuvo por cuatro contratos por 16.443 millones de pesos.

De otro lado, González dijo ser lejano a Noreña Castro y a su proyecto político “SOMOS”, pero la Corte dijo que esto no es cierto porque están documentados los mensajes de texto entre él y Noreña que evidencian, además, una especie de relación laboral. Noreña acompañó a Ramírez en su inscripción como candidato, fue organizador de encuentros políticos y en su celular la Sala encontró fotos de eventos en el que aparece junto a Ciro Ramírez.

La Sala concluyó que el apoyo político dado por Noreña y González no fue altruista ni para impulsar el movimiento SOMOS, sino “como consecuencia de la suscripción de la gerencia integral 670 de 2021” y, en particular, de su ejecución en los departamentos de Quindío y Tolima.

La visita en la cárcel

Entre las razones que tuvo la Corte para enviar a la cárcel a Ramírez está el hecho de que este visitó al testigo Pablo Cesar Herrera en La Picota el 5 de octubre 2022. “Lo vi muy preocupado, en su semblante muy consternado, preguntándome que qué había pasado, ofreciéndome su ayuda y su apoyo. Insistentemente me preguntaba que, si necesitaba algo, yo sentí que me estaba ofreciendo dinero, él nunca me dijo de frente eso, lo que me decía era: ‘es que yo lo quiero ayudar, cómo hago para ayudarlo’. Yo simplemente lo escuché, lo oí y terminada la media hora se fue".

"Él me preguntó directamente que si yo ya había hecho acercamiento con la Fiscalía, yo le negué, le dije que yo no había hecho ningún acercamiento, pero él lo que quería decirme es que él me iba a apoyar que lo que yo necesitara. Recuerdo que me dijo que me había mandado varias razones y que yo no le respondía ninguna, dándome a entender que desde que me capturaron él me estuvo presente”, narró Herrera.

El testigo dice que le llamó la atención que la visita se haya hecho en una sala privada “con complacencia de la guardia”. Ramírez aparece en los registros del Inpec identificado como “abogado”, no como senador. El congresista dijo que fue por asuntos humanitario porque Mauricio Hernández, un amigo en común, le dijo que supuestamente Herrera había sido víctima de un intento de abuso en prisión, por lo que fue a verificar lo sucedido.

La Corte dice que ese motivo no es creíble porque el abogado de Herrera habría buscado su protección por alguna vía, porque la denuncia de tal hecho no se hizo y porque consideró sus explicaciones forzadas y absurdas. Añadió que sí hubo un trámite privilegiado para una visita que habría aprovechado Ramírez para encubrir un presunto intento de persuadir a Herrera de inculparse solo él.

Los delitos de Ciro Ramírez

Con base en todo lo dicho, la Corte dijo que hay elementos de prueba para indicar a estas alturas del proceso que, además del delito de concierto para delinquir, Ciro Ramírez realizó injerencias indebidas ante terceros para lograr lo cometido, tanto ante funcionarios del DPS, como en Proyecta. Ello por cuanto, según Pablo Cesar Herrera, fue Ciro Ramírez quien le presentó a Pierre García, entonces subdirector del DPS, con quien luego se habrían hecho los acuerdos ilegales de direccionamiento, para beneficiarlo a él y a terceros.

Para la Corte, es posible indicar que el contrato de gerencia integral 670 se firmó como consecuencia de la actuación consciente de Ciro Ramírez. También, dijo la Sala, el senador habría incurrido en el delito de cohecho propio por haber aceptado promesas remuneratorias ilícitas de parte de los beneficiarios del convenio.

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También se indicó que Ciro Ramírez, a través de su asistente, habría manifestado su malestar porque los Cardozo no habrían cumplido el pago de las coimas, al punto de que se les habría amenazado con no prorrogar la gerencia integral 670 de 2012. Y reseñó el testimonio de Herrera, quien dijo que el 27 de julio de 2022 se reunió con Cardozo y con el contratista Mejía Álvarez en su oficina para acordar que al día siguiente debían pagar los pendientes: 200 millones de pesos.

Frente al delito de interés indebido en la celebración de contratos, la Sala de Instrucción dijo que este incurrió en dicha conducta desde su primera visita a Proyecta, en donde se enteró en detalle de cómo funcionaba esa empresa y de la posibilidad de replicar la trampa hecha en el contrato de gerencia integral 501 de 2021 en un nuevo contrato. Esto, dice la Sala, tuvo un designio criminal colectivo: adjudicar los contratos requeridos para ello, a cambio de plata, a sabiendas de que era algo ilegal y afectando la seguridad y la administración públicas.

Ramírez permanecerá detenido mientras sigue la recolección de pruebas y hasta que se defina si es acusado o no.