'La Corte Suprema creó un precedente horrible para las mujeres': Brisa de Ángulo

Entre octubre de 2001 y mayo de 2022, Brisa de Ángulo, de entonces 16 años, fue víctima de violencia sexual por parte de su primo Eduardo Gutiérrez Angulo, quien tenía en ese momento 26 años. Los hechos ocurrieron en Cochabamba, Bolivia, a donde su familia se había ido a vivir desde Estados Unidos por cuenta del trabajo de sus padres.  

Su lucha por obtener justicia llevó a que en enero de 2023 la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenara al Estado de Bolivia en una sentencia considerada histórica para la región porque, entre otros, destacó que la violación incestuosa es una forma diferente de violencia sexual que necesita un enfoque especializado en la legislación de los Estados.

Hoy Brisa sigue en la búsqueda de justicia. Su agresor está en Colombia y aunque fue capturado en febrero de 2022, quedó libre luego de que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia negara el pedido de extradición que hizo Bolivia. ¿Por qué? Porque el tratado de extradición vigente con ese país, que se firmó en 1911, exige que la Corte, cuando revise esas peticiones, valore que el delito, así haya ocurrido en otro país, no se encuentre prescrito en Colombia.

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Para el caso de Brisa, la Corte Suprema determinó que el delito prescribió el 7 de agosto de 2021. Por eso, negó la extradición. En consecuencia, Brisa presentó una tutela contra esa decisión, en la que reclama que en la revisión de peticiones de extradición haya un examen también a la luz de los tratados internacionales sobre violencias basadas en género. La tutela fue fallada a su favor en primera instancia por la Sala Civil de la Corte Suprema y luego en contra por la Sala Laboral de ese mismo tribunal.

Ahora, esa tutela acaba de ser admitida para revisión en la Corte Constitucional. En entrevista con CAMBIO, Brisa de Angulo y su abogada, Liza Ordóñez, explican el caso y lo que puede pasar en la Corte.

CAMBIO: ¿En qué consiste esta nueva lucha judicial?

Brisa de Ángulo: La Corte Interamericana de Derechos Humanos falló a mi favor y le pidió a Bolivia que mantenga el caso abierto y que lleve el proceso judicial. Para eso, Colombia tiene que extraditar al agresor, que no solamente está siendo requerido por Bolivia, sino que también está con Circular Roja de Interpol. Y la Corte Suprema de Justicia decide que no se va a extraditar porque supuestamente el caso prescribió. Esto ignora todos los tratados que se han creado después (del tratado de extradición de 1911). Ignora el hecho de que todos los países que son parte de la OEA deben colaborar para que se pueda llevar a cabo las cosas que la Corte Interamericana de Derechos Humanos decide. La Corte Suprema no solamente viola mis derechos, sino que crea un precedente horrible para las mujeres, para las niñas que están buscando acceso a la justicia.

La Corte Constitucional decide que va a tomar el caso y para mí, personalmente, es un logro muy grande porque es muy difícil entrar a la Corte, pero a la vez es como shock saber que mi caso estuvo dos veces en la Corte Suprema de Bolivia, una vez en la Corte Constitucional de Bolivia, en la Corte Suprema de Colombia y ahora está en la Corte Constitucional de Colombia. Estuvo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y todavía no puedo tener mi juicio. He llegado a las Cortes más altas de los dos países y de la región y todavía no puedo tener acceso a la justicia. Esto visibiliza lo difícil que es el acceso a la justicia especialmente para las mujeres y mucho más para las niñas y mucho más en casos de violencia sexual. Por un lado, es desgastante, pero otro lado es muy emocionante ver que vamos a seguir persistiendo.

CAMBIO: ¿Por qué es tan relevante que la Corte Constitucional entre a revisar temas de perspectiva de género en el análisis de peticiones de extradición?

Liza Ordóñez: La decisión de la Corte Constitucional (de revisar el caso) es una oportunidad para que tome este caso y abra la puerta para que se estudien otros casos como estos, en donde se tenga que tomar en cuenta los tratados internacionales, que se haga control de convencionalidad, que se tengan en cuenta los derechos de la infancia y los derechos de las mujeres antes de tomar una decisión administrativa.

Se abre la puerta para que se estudien temas trascendentales para las víctimas de violencia sexual y también va a permitir hablar sobre como entonces las cortes van a permitir o no el acceso a la justicia. Llevo más de dos décadas tratando de acceder a la justicia y todavía no he podido. ¿Qué están haciendo los sistemas de justicia para que realmente se permita a los niños, niñas y mujeres víctimas de violencia sexual en Colombia, pero también en la región acceder efectivamente a la justicia?

De otro lado, la Corte puede también empezar a hablar sobre cuáles deberían ser las responsabilidades de los Estados de la región en cuanto a apoyar que las sentencias de la Corte Interamericana se cumplan. La Corte IDH le dijo al Estado de Bolivia que debe mantener el caso abierto y no dejarlo en la impunidad, pero aquí la negativa de la extradición de Colombia está haciendo eso imposible, está generando una barrera muy difícil para que Bolivia pueda cumplir con la sentencia. Y la pregunta es qué va a hacer Colombia y qué deberían hacer los otros países de la región.

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CAMBIO: ¿Usted qué espera que pase en la Corte?

B.A.: Son dos cosas. Uno, que este tema pueda salir a la luz para la cantidad de mujeres y niñas cuyos derechos internacionales, sus derechos humanos, están siendo atropellados e invisibilizados. Y que este puede hacer un tema donde digamos qué es lo más importante y cómo vamos a responder en estos casos. Espero que la respuesta que dé la Corte Constitucional vaya mucho más allá de la extradición en mi caso.  Lo segundo es que pueda ayudarme a tener acceso a la justicia.

CAMBIO: ¿Por qué no se concedió la extradición?

L.O.: Uno de los requisitos que del tratado de extradición de Colombia con Bolivia de 1911 dice que la conducta (el delito) debe estar vigente en Colombia, que no debe estar prescrita según las normas que regulen el asunto en el país al que se le solicitó la extradición, es decir, en Colombia. Ellos hicieron cuentas y dijeron que los términos se vencieron en agosto de 2017, según la ley en Colombia para el momento en que ocurrieron los hechos (2001). Recordemos que en Colombia la ley ha cambiado desde ese momento y se tuvo en cuenta la ley anterior.

CAMBIO: ¿Cuando la Corte estudió el caso el agresor estaba en Colombia?

L.O.: A él lo detienen el 21 de febrero de 2022 en Colombia. A raíz de la negativa de la extradición, lo sueltan.

CAMBIO: En Bolivia Eduardo Gutiérrez Angulo fue condenado inicialmente a 7 años de prisión. Luego, fue absuelto. En 2006 la Corte de Bolivia ordenó emitir una decisión, en 2008 un tribunal de Cochabamba emitió una orden de prisión. ¿El proceso no ha podido avanzar por la falta de presencia de él?

B.A.: Lo único que se está esperando es la extradición para poder hacer el juicio. Él está declarado como prófugo de la justicia. Bolivia ha mandado varios documentos a Colombia pidiendo la extradición. Bolivia lo ha puesto en el sello rojo (circular roja) de la Interpol. Bolivia ha hecho todo lo que puede para tenerlo allá y poder llevar a cabo el juicio.

CAMBIO: ¿Ustedes creen que el agresor sigue en Colombia?

B.A.: Sí. La esposa de él es pastora de una de las iglesias (cristianas) más grandes: 'El lugar de su Presencia'. Entonces sabemos que ella sigue involucrada, sabemos que él estuvo involucrado incluso por un tiempo como líder de jóvenes en la iglesia.

CAMBIO: No debe ser fácil que haya pasado tanto tiempo, que estén todos estos fallos a favor y que la justicia aún se vea lejana...

B.A.: Es muy doloroso, es agotador. Llega un momento de pensar hasta cuándo uno va a seguir luchando, pero siento que a pesar de todo eso, espero estar abriendo camino para que ninguna persona tenga que pasar por lo que estoy pasando.

Creo que algo muy importante es que la Sala Penal de la Corte Suprema quiere establecer que Colombia puede convertirse en un santuario de violadores de niños y niñas prófugos de otro país. O sea que pueden ir violar a una niña en otro lugar, se escapan a Colombia y no pasa nada, porque él ha estado prófugo por más de 15 años. Nosotros no sabíamos dónde estaba hasta que yo, buscando en el internet, me encuentro que es un líder de jóvenes en Colombia y fue ahí cuando se empieza a hacer todo el proceso para la extraditarlo. Entonces, es esta historia de que la gente se se escapa a Colombia y Colombia los va a proteger y va a dejar libre, en la calle, a personas acusadas por violar a niños en otro país.

Para mí es escalofriante que la Corte Suprema esté usando un tratado de 1911, que es más de 100 años atrás, cuando no existía todavía la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y que no estén utilizando los nuevas estándares. Y, especialmente Colombia, que habla tanto del bien superior de la niñez. Entonces, ¿en estos casos no se va a considerar el bien superior de la niñez, sino un tratado de más de 100 años? ¿Nuestro dolor tiene prescripción? ¿Nuestro acceso a la justicia tiene prescripción? Lastimosamente no es solo mi caso, son miles de niños están sufriendo con lo disfuncional que está el sistema judicial para acceder a la justicia.

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CAMBIO: ¿La zozobra sigue?
B.A.: Mi agresor me ha iniciado un proceso en la Fiscalía de Colombia por difamación y para mí esto significa que están dispuestos a llevarme como criminal por haber contado mi historia, pero a él, que me violó, no pueden llevarlo a la justicia. Por los últimos 20 años mi exfamilia en Colombia se ha dedicado a desprestigiarme, a amenazarme, a destrozar mi imagen y todo el tiempo estamos tratando de protegernos de que la gente no sepa dónde estoy, o cuál es mi teléfono y cuál es mi dirección, porque hemos vivido amenazas todo este tiempo por tratar de tener acceso a la justicia.

CAMBIO: ¿Cuál fue la importancia del fallo de la Corte IDH?
B.A.: Es importante entender que la violación incestuosa es específicamente de un adulto de la familia contra un menor de edad, no se trata de dos adultos que tienen relaciones. Esto es específicamente que ningún adulto en la familia tiene por qué tener interacciones sexuales con los niños y niñas de su familia y en eso no tiene que discutirse si hubo consenso o no. Esto pone a las niñas en un tipo de vulnerabilidad más grande. Más del 80 por ciento de las víctimas que sufren violencia sexual es un delito cometido por personal de la familia o muy cercana a la niña, pero esto no se está visibilizando.

Es lo mismo que pasaba con el feminicidio. Se decía que todo es homicidio y, cuando se les separó, se dijo que algo específico, el feminicidio, y pudieron crear leyes, políticas y protocolos específicos. Entonces, cuando tengamos una ley que pueda claramente empezar a judicializar la violencia sexual incestuosa, vamos a poder resaltar sus dinámicas, para crear políticas públicas y mostrar a la sociedad que las familias no pueden continuar siendo santuarios de agresores.

CAMBIO: Vamos para un año del fallo de la Corte IDH. ¿Le ha cambiado la vida positivamente?
B.A.: Muchísimo. Por primera vez veo que hay personas y gobiernos, especialmente el de Bolivia, que están dispuestos a hablar. Visibilizó problemas que hay y eso me ha permitido a mi participar en foros, en espacios para hacer cambios, hemos podido capacitar a más de 900 jueces y fiscales y ya yo estoy viendo el cambio: que las niñas son tratadas de forma más humana, con médicos forenses. Estamos trabajando en cinco países. Puedo empezar a ver los cambios que tanto soñé, yo pensé que nunca los iba a ver, que eso era para la otra generación... Entonces, en muchas formas, como que todo esto valió la pena.