Casi tres años después de la condena contra el Estado por el exterminio de la Unión Patriótica, la Corte Interamericana de Derechos Humanos le llamó la atención al gobierno de Gustavo Petro por haber dejado sin presupuesto, en los primeros meses del año, a la comisión que tiene la difícil tarea de constatar la identidad de las víctimas del genocidio, como paso previo de las indemnizaciones. El avance de dicha misión, que tiene un estricto mandato temporal, es minúsculo y se suma a un cuestionamiento de una jueza que critica que la mayoría de las víctimas hayan sido acreditadas internacionalmente con algún tipo de inconsistencias.
