Exclusivo: La historia de la juez militar que enterró los crímenes de los falsos positivos

“Trabajaba cuando se le pegaba la gana”, “los expedientes en su despacho eran descuartizados”, “no practicaba las pruebas solicitadas, se le perdían y dejaba vencer los términos procesales”, “las denuncias por homicidios no prosperaban en su juzgado”. Estos son algunos de los motivos por los que sacaron a la mayor María Teresa Ladino, jueza 25 de instrucción Penal Militar, con sede en Rionegro, Antioquia, junto a su secretaria, Claudia Patricia Jurado Echeverry. Cuando la justicia militar tomó esta decisión, ella se encontraba en México, donde adelanta estudios para ascender a coronel.

El asunto pasó inadvertido en el maremágnum de hechos noticiosos y escándalos virales, pero la investigación interna dio cuenta de que Ladino y su secretaria ocupaban el deshonroso puesto del juzgado más ineficiente de Colombia, en un país en mora judicial. La dirección de la Justicia Penal Militar también encontró que de ese juzgado nunca salía un expediente donde un uniformado hubiera cometido un homicidio. Allí, en el segundo municipio del departamento con más falsos positivos, los uniformados tuvieron patente de corso para delinquir. Una vez llegaban las denuncias, la jueza y su secretaria desplegaban una eficiente estrategia para que la investigación fuera archivada, viciada o prescrita.

¿Cómo llegó Ladino a ese cargo? ¿Qué hechos y decisiones garantizaron que pudiera ejercer tal impunidad por dos décadas? 

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Su carrera judicial empezó el 29 de diciembre de 2004, cuando el presidente Álvaro Uribe ordenó al cuerpo de oficiales enviar en comisión permanente a algunos uniformados para integrar la Justicia Penal Militar.

Su carrera judicial empezó el 29 de diciembre de 2004, cuando el presidente Álvaro Uribe ordenó al cuerpo de oficiales enviar en comisión permanente a algunos uniformados para integrar la Justicia Penal Militar. Pocos días después Ladino se quitó el camuflado y se puso la toga en San Vicente del Caguán. Allí estuvo poco más de un año y la pasaron al juzgado de la Base Militar de Tres Esquinas, también en Caquetá. En 2007 fungió como juez de Instrucción Penal en Granada, Meta, y en 2008 llegó por primera vez a trabajar al Juzgado 25 de Instrucción Penal Militar de Rionegro, Antioquia. Tiempo después fue declarada insubsistente, pero a punta de recursos logró que la reintegraran el 26 de octubre de 2015 con una jugosa reparación administrativa. Desde entonces y hasta el pasado martes, la ahora mayor del Ejército se convirtió en la jueza más solicitada por aquellos criminales con fuero militar.

Durante 9 años Ladino hizo y deshizo en este despacho judicial. Así lo describe la resolución con la que se le notificó la declaración de insubsistencia: “a lo largo de su historia como juez 25 de Instrucción Penal Militar y Policial  (IPMP) de manera sistemática viene teniendo comportamientos reprochables (…) que ponen en evidencia el fenómeno la corrupción, pura y dura, bajo diferentes manifestaciones y matices”. A Ladino y su secretaria las expuso el procurador adscrito a su juzgado, Edison Alexander Duran, quien se percató de que ellas enmochilaban toda denuncia por homicidio que llegara a su despacho.

Entre los casos que el procurador relacionó hay siete con evidentes rasgos de ser falsos positivos. Por esta razón, el representante del ministerio público trabó el conflicto de competencias pero las causas penales fueron prescribiendo una a una por “inactividad procesal de más de cuatro años sin decisión de fondo, sin pruebas pertinentes, algunas sin evacuar, mal foliados, hojas borradas o con tachaduras y enmendaduras, constancias preocupantes, irregularidades procesales y pruebas extraviadas”.

Uno de esos casos ocurrió el 5 de mayo de 2003 en la vereda Los Termales, de Puerto Venus, Antioquia, donde murieron Arquímedes Rivera y el joven de 14 años Wilson Cañaveral. Ambos fueron presentados como bajas en combate por el Pelotón Briso I y II.  El Ejército se negó a hacer la reconstrucción de los hechos alegando un riesgo de orden público en la zona, pero un testigo declaró conocer al menor de edad, quien se movilizaba en una moto con el señor Rivera. “Los occisos no fueron muertos en combate, estaban amarrados, los golpearon y luego fueron ejecutados y vestidos con prendas militares”, declaró una persona en la Fiscalía de Sonsón.

Aún así, el juzgado 25 se disputó la competencia en la investigación, vició el proceso con errores de foliación, permitió que los uniformados dieran versiones contradictorias sin dictar orden de captura contra el autor material, claramente identificado por sus compañeros. Las carpetas del caso se cubrieron de polvo en el despacho de Ladino, hasta que una procuradora, en 2011, lo revivió para enviarlo a la justicia ordinaria. Y ahí sí concurrieron los “testigos”: “la declaración del 2 de agosto de 2012 del señor Rubiel Londoño Martínez quien indicando su condición de eventual desmovilizado reconoce a los occisos como supuestos militantes de grupos subversivos desde 1999 (Para esa época el menor fallecido en el supuesto enfrentamiento tendría 10 u 11 años de edad) e idea haberlo visto con armamento”, sostiene el informe del procurador 200.

Ocurrió también que el supuesto médico que practicó la necropsia “no aparece registrado ni en Arboleda, Caldas, ni en Puerto Venus, y que las fotos también desaparecieron del expediente. Sin contar que la documentación de operaciones del Batallón no da cuenta del supuesto combate, no hay ni registros de la munición gastada, los testimonios de los uniformados son confusos. Con todas estas irregularidades el procurador no dudó en  calificar este hecho como una posible violación de los derechos humanos y solicitó a la justicia ordinaria asumir el caso. Sin embargo, la jueza Ladino lleva tres años y medio sin hacer ninguna gestión, dice que remitió el expediente como lo pide el Ministerio Público pero no existe constancia de ello. La jueza asegura que en su despacho no se utilizan las nuevas tecnologías, que no tiene correo electrónico, ni escáner ni computador y que ejerce el derecho como en los tiempos de la Constitución de Rionegro, antes de la independencia.

Otro de los casos que Ladino y su secretaria empantanaron es del 30 de diciembre de 2004 y también fue reseñado por el procurador Edison Duran Zapata.  Ese día, muy a las 4 de la madrugada en Guadualito, Cocorná, la Contraguerrilla Rayo II recibió un hostigamiento en el que fallecieron dos personas sin identificar. La Fiscalía abrió una indagación preliminar y solo cinco años después se abre la investigación formal contra el sargento viceprimero Hernayde Navarro Benites, a quien Ladino ni le impuso una medida de aseguramiento. Entre el 2010 y el 2013, sin ninguna trazabilidad resulta que los NN fueron identificados como Alirio Antonio Gallego Herrera , quien había prestado servicio militar y Juan Pablo Pérez Cadavid. Entonces el proceso es enviado a la Fiscalía Penal Militar que, lo devuelve  a “instrucción” solicitando correcciones y pruebas adicionales.

Y ahí quedó, a Barrios Saavedra se le resuelve la situación jurídica  y el expediente es desvalijado en el despacho de Ladino. “El expediente no está paginado, hay una pérdida y confusión del material supuestamente incautado a los neutralizados en el supuesto combate dado que no aparece, no coincide o se refundió por errores”, advierte el procurador, quien, además, adjunta el testimonio de la madre de uno de los fallecidos. La madre afirma que su hijo desapareció de un barrio de Medellín el 28 de diciembre de 2004. Con estos elementos, los abogados de la víctima solicitaron que la investigación fuera trasladada a la justicia ordinaria. La jueza accedió el  4 de junio de 2019 y dejó en evidencia que su última actuación en el proceso data de junio de 2005, 14 años atrás.

“Los hechos suficientemente ilustrados en el plenario sumada a la declaración de los militares involucrados, que en sus versiones no coinciden frente a temas que, de acuerdo con las reglas de la experiencia (…) aconsejan que no se está en presencia de bajas legitimas en combate”, dice el Procurador recordando que este es el modus operandí típico de un falso positivo. Y concluye: “se deja en evidencia una supuesta violación a los derechos humanos por parte de los militares involucrados, pues no solo fueron los últimos que los vieron con vida si no que estos no fueron garantes de su vida e integridad”. Y para rematar el caso, plagado de irregularidades, el Procurador denuncia que uno de los soldados involucrados “tiene o tuvo” una relación matrimonial con la secretaría de juzgado penal.

En estos términos, la declaración de insubsistencia de juez y secretaria devela que estas no eran prácticas aisladas sino su patrón de actuación jurídica. “ Los expedientes se encuentran sumidos en un régimen de inercia, desorden y anarquía, ante la indolencia de la juez y la secretaria, quienes ni siquiera asisten regularmente a trabajar”, se lee en el documento que señala, adicionalmente, que la funcionarias solían proferir órdenes de captura con errores de digitación en  los números de cédula, a sus expedientes se les desaparecen pruebas, les mutilan hojas, no se tiene seguimiento de las actuaciones, no se tramitan las solicitudes de pruebas,  las decisiones no se notifican y no tienen trazabilidad.

También dice el informe que el procurador lleva 2 años y ocho meses sin recibir ninguna notificación del Juzgado 25, que no sea cesaciones, inhibitorios y archivos solamente en casos de deserción.  De los 115 procesos inventariados en el juzgado  “tiene en su carga a la fecha 31 casos por homicidio, varios de ellos con hasta dos o más fallecidos, casos que no reportan actividad, gestión ni decisión. Sin contar 80 en promedio que están archivados sin revisar también por homicidio”. Tampoco se mueven los casos de narcotráfico en el que están involucrados uniformados.

Y concluye la resolución: “Según las estadísticas mensuales de gestión, el juzgado 25 de Instrucción Penal Militar y Policial de Rionegro es el despacho que sostenidamente en el tiempo registra el más bajo rendimiento de todo el sistema (…) y es donde menos se cumplen los términos y se respeta el  principio de celeridad (…)  Hay casos en preliminares por homicidio desde el año 1999”. Y según estas estadísticas el promedio de actuaciones a nivel nacional es tres veces mayor que el de la jueza Ladino.

Así pues, la jueza y su secretaria dejaron un juzgado con 115 procesos, de los cuales 6.1% están posiblemente prescritos y el 28%, es decir 33 procesos, están próximos a prescribir. De ahí que el director de la JPM, José Reyes Rodríguez califique la gestión de la mayor María Teresa Ladino como la más ineficaz del sistema Penal Militar, que “raya como inútil e inservible” y se convierte en una “gran obstrucción” para la administración de justicia. La exjueza Ladino fue consultada por CAMBIO y sostuvo que es una injusticia en su contra y que ninguna de las aseveraciones que se encuentran en ese acto administrativo le fueron comunicadas para ejercer su derecho a la defensa. También explicó que al ser aún miembro activo del Ejército no puede pronunciarse sin autorización sobre el particular. Pero lo único cierto es que tanto ella como su secretaria fueron declaradas insubsistentes y que el caso pasará a manos de la Fiscalía y la Procuraduría para que le sigan la pista a las denuncias  contra las dos mujeres que protagonizaron el escueto comunicado de esta semana.