“Es un momento crucial para evitar un cataclismo”: Colombia a Corte IDH por crisis climática

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte IDH, realizó una audiencia pública en Barbados en la que el eje central de discusión fue la lucha contra el cambio climático y los deberes que tienen los Estados en todo el continente para adaptarse a la crisis y proteger en el camino a las poblaciones más vulnerables.

La audiencia se citó luego que Colombia y Chile solicitaran a la Corte IDH que diera lineamientos claros sobre qué deberes y responsabilidades tienen los países en la materia, según la Convención Americana de Derechos Humanos.

El embajador de Colombia ante la OEA, Luis Ernesto Vargas Silva, aseguró que la petición que se elevó al tribunal internacional era necesaria dada que la actual crisis climática afecta de manera significativa el disfrute de los derechos humanos.

“El mayor reto que representa esta situación es que no distingue fronteras, sino que afecta a la humanidad en su conjunto, enfatizando su impacto en los grupos poblacionales especialmente vulnerables, particularmente expuestos a ser afectados de manera más temprana y severa”, dijo Vargas Silva quien enfatizó en la urgencia de la cooperación internacional para encontrar soluciones conjuntas que se guíen en responsabilidades comunes pero diferenciadas.

“Es imperativo que la Corte inste a los Estados a implementar medidas prontas y eficaces para conservar, proteger y restaurar la integridad del medioambiente y sus ecosistemas, reconociendo y asumiendo responsabilidades proporcionales a las capacidades de cada Estado, con miras a evitar que se perpetúen las afectaciones a los derechos humanos", dijo Vargas Silva.

En su intervención ante la Corte IDH, el embajador explicó que más de 30 millones de hectáreas en Colombia son territorios hídricos y aseguró que “más de 59 millones de hectáreas del país han perdido integridad ecológica, lo que ha aumentado la vulnerabilidad de estos ecosistemas, especialmente en regiones como el Caribe y los Andes, que son las zonas de Colombia especialmente susceptibles a fenómenos climáticos como El Niño y La Niña”.

Además, señaló que la reducción de la oferta de agua en varias ciudades principales del país, especialmente en Bogotá, es uno de los ejemplos de que “los efectos del cambio climático se están sintiendo de manera aguda en el país”, y aseguró que, si no se actúa de manera inmediata, los daños “serán irreversibles”.

“Esto es particularmente visible en los territorios insulares como, en el caso colombiano, en el departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, con un alto nivel de riesgo por el cambio climático. En el archipiélago, los efectos adversos del cambio climático impactan particularmente la pesca y la agricultura raizal”, agregó.

Según Vargas Silva, la deforestación y los cambios climáticos extremos están teniendo un impacto significativo en las selvas tropicales en Vaupés y Amazonas, y aseguró que la alteración de esos ecosistemas está disminuyendo la disponibilidad de alimentos, plantas medicinales y materias tradicionales.

El embajador aseguró que Colombia reconoce que el cambio climático tiene un impacto diferenciado en las mujeres, los pueblos indígenas, raizales y las comunidades afrodescendientes y enfatizó en el hecho de que actualmente no existe en la normativa internacional una medida que permita la protección de los desplazados por la crisis climática.

“En el contexto de la emergencia climática es crucial contar con un marco jurídico internacional que permita que los Estados adopten medidas que protejan adecuadamente los derechos humanos de las personas inmersas en dinámicas de movilidad humana por razones climáticas”, señaló.

De otro lado, Colombia enfatizó en que en el país hay un número importante de defensores de derechos humanos con enfoque ambiental, por lo que se reconoce un deber particular de protegerlos y de facilitar los medios necesarios para que realicen libremente sus actividades.

En su intervención, el embajador Vargas Silva también explicó a la Corte IDH que en el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno de Gustavo Petro se propuso transformar el ordenamiento territorial alrededor del agua, la recuperación ambiental y frenar la deforestación.

“Para lograrlo, debe fortalecerse la capacidad de gestión territorial para detener la deforestación. Además, se busca involucrar a la sociedad en la restauración de los ecosistemas perdidos, considerándola como una oportunidad tanto económica como social para las regiones”, dijo.

Según Vargas Silva, la meta es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero del país en 51 por ciento hacia 2030 y alcanzar la neutralidad de carbono en 2050. Ante la Corte IDH, el embajador agregó que los Estados de la región tienen un deber “ineludible de actuar de forma urgente para hacer frente a la emergencia climática” y aseguró que “nos encontramos en un momento crucial para evitar este cataclismo”.