Las abogadas Diana Murcia y Dora Arias.
Crédito: Captura de pantalla.
Ser mujer, abogada y perseguida: el drama que vivieron las integrantes del Cajar
El lunes 18 de marzo la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunciará sobre la persecución que por más de 30 años vivieron los integrantes del Colectivo de Abogados y Abogadas 'José Alvear Restrepo' en Colombia. Estos son los testimonios de las abogadas Diana Murcia y Dora Arias, quienes esperan que la decisión que se tome tenga en cuenta la perspectiva de género.
"Yo recuerdo a un abogado decir alguna vez, en relación a los casos de personas desaparecidas que llevábamos, que uno no debía dejar que lo secuestraran, que lo metieran en un carro, que se lo llevaran. Uno se tenía que hacer matar ahí. Yo lo entendía por los casos que también había llevado y, cuando viajaba a las regiones, yo decía: 'si me llega a pasar algo, me tengo que hacer matar'. Era una decisión. Pero cuando estaba en las regiones, (se le quiebra la voz) el miedo que a mí me daba es que yo no sabía cómo hacerme matar. ¿Cómo se hace uno matar? ¿Los muerdo, grito, me tiro? ¿Cómo me hago matar?".
Este pensamiento angustioso y terrible acompañaba constantemente a la abogada Diana Milena Murcia Riaño que trabajó en el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo entre 2001 y 2008, llevando procesos judiciales y haciendo un monitoreo a las actividades relacionadas con el Plan Colombia, especialmente con las comunidades afectadas por la aspersión aérea de cultivos de uso ilícito (actividad que hoy está suspendida).
El miedo profundo que sentía Murcia era consecuencia de actividades ilícitas que el entonces Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) estaba realizando en contra del colectivo de abogados, hechos que hoy ya son de pleno conocimiento como la existencia de la llamada 'Operación Transmilenio', y por la que hay condenas de algunos responsables, pero que en esa época eran desconocidos para el público. Se trataba, ni más ni menos, de que el propio Estado estaba haciendo seguimientos a defensores de derechos humanos por su trabajo, los perfilaba e incluso se les hicieron montajes judiciales.
El caso de Murcia, a quien el DAS perfiló como una "instigadora" del Plan Colombia únicamente por hacer su trabajo, quien tuvo que exiliarse y pasar cuatro años 'bajo perfil' en otro país, es solo uno de los múltiples que vivieron los integrantes del Cajar, pero no solamente durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, sino incluso antes, cuando la doctrina de seguridad cuestionaba todo lo que tuviera que ver con derechos humanos.
Los testimonios de Murcia, Dora Lucy Arias y Maret Cecilia García, que CAMBIO reproduce en esta nota, fueron entregados a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
Este lunes 18 de marzo va a emitir sentencia.
Se trata de un caso en el que el organismo internacional se pronunciaría sobre la persecución sistemática del Estado a defensores, 22 años después de que el Cajar elevara su situación al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Los efectos de la persecución: Diana Milena Murcia
Diana Milena Murcia, hija de una madre soltera de origen campesino, documentó los impactos de que la lucha antidroga se basara en la aspersión aérea con agentes químicos como el hoy prohibido glifosato, participó con otras organizaciones en la denuncia de esos hechos, especialmente con organizaciones de Ecuador y, a raíz de ello, sus comunicaciones fueron interceptadas. Incluso aparece en reportes del DAS que se parecen a los organigramas que hacen de delincuentes.
En noviembre de 2003, según se denunció en ese momento y ante la Corte IDH, la comisión en la que se desplazaba hacia un caserío en Arauquita fue obligada a detenerse. Los militares les quitaron todos los videos que habían hecho en terreno relacionados con su trabajo y luego fingieron un hostigamiento y hasta estallaron una granada. Ese hecho, dijo Murcia, nunca se investigó.
Cuando eso pasó, ya la sensación de persecución era generalizada en la oficina. Apenas un año antes, Diana vivió otro hecho que la justicia colombiana desestimó con prejuicios machistas: ella compartió por correo electrónico a algunos amigos una caricatura política y ese mensaje lo contestó una persona extraña, que no había recibido el correo, en el que le decían que no debía burlarse de la política de seguridad de Álvaro Uribe, que ya habían identificado su sentido del humor y que no solo no debía volver a hacerlo sino que debía meterse a una página web que publicaba información que favorecía el paramilitarismo, seleccionar algunos artículos y enviárselos a sus contactos como una "forma de reparación".
"Ahí me di cuenta que se estaban monitoreando mis correos y además estaban involucrando a mis amigos", declaró la abogada. La respuesta de la Fiscalía fue peor pues básicamente se le indicó a Murcia que un mensaje en el que le decían que no compartiera cierto contenido no era una amenaza, sin valorar la situación de persecución que se vivía, ni su labor ni mucho menos la intervención a sus comunicaciones. Para Diana, que estaba aterrorizada, no solo hubo una clara omisión de la labor investigativa de la Fiscalía sino una especie de castigo como si ella no pudiera hacer crítica política.
En los siete años que trabajó en el Cajar, Murcia se enfermó muchas veces y en 2007, durante varios meses, tuvo una parálisis facial. El estrés y la incertidumbre también hicieron que se alejara de su familia y de sus amigos. Aún hoy se siente culpable por la enfermedad que desarrolló su mamá que, angustiada, no podía dormir hasta no saber que su hija estaba segura en sus traslados a las regiones. Luego, llegó el exilio que duró cuatro años.
Las intimidaciones tuvieron estereotipos de género: Dora Arias
Dora Lucy Arias trabajó entre 2001 y 2019 en el Colectivo de Abogados y ante la Corte Interamericana insistió en la necesidad de que haya una valoración en perspectiva de género de lo que es ser mujer y defensora de derechos humanos en Colombia, enfatizando en que no se denunciaron muchos casos de violencias de género porque las víctimas preferían no hacerlo, "para no parecer locas, paranoicas, miedosas o carentes de idoneidad para la labor". Otros que sí se registraron se perdieron en el proceso y no llegaron ante la Corte IDH.
"Diana Milena nos mostró cómo una amenaza que para ella fue terrorífica resultó archivada porque el fiscal varón, casi en los mismos términos de los victimarios, dijo que (esos comentarios) no tenían por qué causarle terror a la víctima. Los estereotipos de género operaron desde la manera en que hemos sido intimidadas, acosadas y desprotegidas por el poder estatal y que ha buscado impedirnos el ejercicio jurídico en derechos humanos", relató Arias sobre Murcia.
La propia Arias fue víctima de actividades de vigilancia y seguimiento tanto en Colombia como en el exterior, así como hostigamientos y amenazas. Ella era al mismo tiempo parte de la Asociación Colombiana de Abogados Defensores de Derechos Humanos Eduardo Umaña Mendoza que nació en 2002, entidad que también fue objeto de interceptaciones. Una vez, por ejemplo, a los asociados les llegó un correo como si lo hubiera asociado una de las colegas en el que ofrecía servicios sexuales.
Pudieron corroborar que se había tratado de una manipulación y que era parte de un acoso que esa abogada venía sufriendo. "En las noches me angustiaba pensar que algunas abogadas o abogados que yo sabía se encontraban en peligro fueran detenidos o asesinados. No apagué nunca el aparato de comunicación ni aún en horas de sueño por temor a que si me necesitaban no pudiera responder. También a veces a media noche se me ocurría que una denuncia en particular podría ser efectiva y sin vacilar, además porque a esas alturas ya no podría volver a dormir, me levantaba a escribir alguna de las cientos o miles de cartas y comunicados que enviábamos a nivel nacional e internacional en busca de protección", dijo.
La persecución también se sintió en la vida cotidiana: "En una ocasión en las que estaba con mi hija fue evidente para ella y para mí que un hombre nos seguía. Ella era una niña, yo no quería preocuparla, nos escondimos y en broma le dije que era un juego, que nosotras le encontraríamos a él. Efectivamente cuando el hombre no nos vio más en su línea de observación empezó a mirar para todas partes, cuando encontró nuestra mirada y advirtió que le habíamos detectado, se perturbó y emprendió la huida".
También los datos de su hijo fueron recolectados por el DAS y varias veces tuvo que impedir que sus hijos salieran de casa porque percibía a alguien afuera vigilando. Por la vigilancia se cambió de casa tres veces en Bogotá, y aún así le robaban sus computadores.
"Se despertó en mi interior gran temor por las consecuencias del trabajo que hacía en personas con las que tenía algún lazo: familiares, amigos, compañeros. También me despertó una gran desconfianza en las instituciones de seguridad. Algo especialmente evidente fue la sobrecarga en el trabajo y las responsabilidades de cuidado a mi cargo como madre, hija esposa, abogada, trabajadora, compañera, y asociada representante de una naciente organización gremial de personas en especial riesgo, etc. Nos turnábamos con mi esposo para llevar a los niños a sus clases de música los sábados en el centro de la ciudad".
Esta situación igualmente estaba relacionada con los casos que Arias llevaba defendiendo campesinos por las detenciones masivas en el Sumapaz en las que tuvo discusiones con el comandante militar del lugar, el entonces coronel Luis Fernando Borja, quien fue uno de los primeros militares de alto rango procesados por los falsos positivos.
"Yo solía dejar por escrito las denuncias y constancias sobre esas difíciles e ilegales circunstancias jurídicas que terminaban por legalizar detenciones irregulares de cientos de campesinos por cuenta de un dinámico dúo entre la Fiscalía y el Ejército. Algunos campesinos nos advirtieron, al abogado Rodolfo Ríos y a mí, que 'tuviéramos mucho cuidado porque el coronel nos tenía entre ojos' al ser quienes representábamos la defensa de la mayoría de las personas detenidas", relató.
El exilio en embarazo: Maret Cecilia García Alfonso
Maret Cecilia García Alfonso y su familia tuvieron que padecer el exilio por las amenazas y la persecución, lo cual implicó miedo, tristeza, desprotección, perder su empleo y ser discriminada. Según explicó, su condición de mujer la puso en un lugar de extrema vulnerabilidad a su retorno al país, pues "al ser madre de tres hijos, tuvo que invisibilizar su labor como defensora de DD.HH. para protegerse ella y proteger a sus hijos de eventuales ataques, decidió igualmente abandonar su actividad ante la total desprotección que tuvo a su retorno".
Maret Cecilia ingresó en 1993 al Colectivo de Abogados y adelantó varios casos relacionados con el desplazamiento interno, el caso de la Hacienda Bellacruz que sigue en litigio o como defensora de la familia de César Chaparro Nivia, quien fue asesinado. “Nunca me imaginé que estar de parte de las personas menos favorecidas, conllevara a una vida huyendo y escondiéndome de ataque como si mi actividad fuese ilegal”, dijo.
“Tampoco calculé el costo emocional, personal, familiar y económico que esto traería a m vida ni a la de mis familiares, ni dimensioné que el mundo jurídico está precedido por hombres en un sistema patriarcal y, que yo, como mujer defensora, me vi forzada al exilio en condición de embarazo, temiendo por mi vida y la de mi familia”, agregó.
Su nombre, como el de muchos integrantes del Cajar, apareció en la llamada ‘Operación Transmilenio’ del DAS a partir de septiembre de 2003, que llevó a que se recopilara información de todos. García Alonso aparecía como uno de los blancos a “neutralizar”. Según se le explicó a la Corte IDH, la situación también afectó a su familia.
"La señora madre Ana Teofilde Alfonso pasó de ser una mujer dinámica, trabajadora, muy integrada en su labor con la comunidad, alegre y comunicativa, a ser una persona triste, encerrada en su casa, callada, temerosa quien le pedía constantemente a su hija que cambiara de actividad ya que estimaba que esta labor que ella desempeñaba era supremamente peligrosa", agregaron las mujeres a la Corte IDH.
“La angustia me provocó insomnio, dolores de cabeza, dolores musculares, dejar de visitar mi familia extendida por el temor de ser atacada. La salida intempestiva contra mi voluntad y la de mi familia me obligaron a dejar todo lo más cercano, familia, amigos, el ejercicio de mi profesión como abogada defensora de derechos humanos, mi casa, los sueños, el país en el que quería criar a mis hijos, que pudieran conocer y disfrutar la comida, las costumbres”, agregó.
El caso contra el Cajar
La Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunciará en general sobre los hechos de violencia, intimidación, hostigamiento y amenazas en contra de los miembros del Colectivo desde la década de 1990 y hasta la actualidad, vinculados a sus actividades de defensa de los derechos humanos.
En el caso se alega que sus integrantes han sido víctimas de múltiples eventos de amenazas, hostigamientos y seguimientos y se afirma que el Estado sí realizó acciones que contribuyeron en estos hechos como labores arbitrarias de inteligencia, así como pronunciamientos estigmatizantes por parte de altos funcionarios.
