La Corte dice que hay fallas en la forma como se fijan los topes de esos 'Presupuestos Máximos'.
Crédito: Colprensa.
¿Qué hay detrás del jalón de orejas de la Corte al Gobierno por retrasos en pagos a EPS?
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La Corte Constitucional le dio 45 días al Gobierno para que cancele lo que le debe a las EPS por los 'Presupuestos Máximos', como se denominan los dineros destinados para sufragar tratamientos que no estén incluidos en el Plan de Beneficios de Salud.
La Corte Constitucional le ordenó al Gobierno Nacional que, en 45 días, cancele todas las deudas que tiene con las EPS por cuenta de servicios que prestaron a pacientes y no estaban cubiertos con la UPC.
Los servicios que no están financiados con la UPC se cubren con una bolsa de recursos públicos que se denomina técnicamente 'Presupuestos Máximos' (PM).
Según el alto tribunal, hay serios problemas en la fijación de esos presupuestos, la forma en que se han hecho los reajustes presupuestales y las demoras en los pagos.
En 2020 se aprobaron 3,3 billones de pesos para el régimen contributivo (RC) y 594.000 millones para el régimen subsidiado (RS). El reajuste del presupuesto que permitió adicionar presupuesto sólo se pudo hacer diez meses después, dijo la Corte.
"Luego de los cálculos parciales de enero de 2021, únicamente hasta mayo siguiente se emitió la Resolución 593 que adoptó la metodología de cálculo de los techos y, seguidamente, con la Resolución 594 se 'fijó el presupuesto máximo a transferir a cada una de las EPS y demás entidades adaptadas para la vigencia 2021”, sin contar con la información consolidada o techos totales (PM más reajustes) del 2020'", dice la decisión.
La Corte le dio al Gobierno 30 días para que expida y notifique el acto administrativo de reconocimiento de los techos correspondientes a los meses octubre, noviembre y diciembre de 2023, si aún no lo ha hecho. Y otros 45 días para que haga un cronograma para definir el reajuste final de 2023 y se hagan los respectivos pagos.
La decisión la tomó una Sala que hace seguimiento a la sentencia T-760 de 2008, que declaró la existencia de fallas estructurales en materia de salud y dictó múltiples ordenes en ese entonces para tratar de solucionarlas.
Por cuenta de ese trabajo, la Sala de Seguimiento a esa sentencia continúa dando órdenes concretas a diversas entidades y valorando si estas se han cumplido o no. Esta vez, la Sala dijo que hay un nivel de cumplimiento bajo respecto de la suficiencia de los Presupuestos Máximos para la financiación de los servicios y tecnologías del Plan de Beneficio en Salud (PBS) que no se sufragan con la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y por eso dio el jalón de orejas.
Acemi, que representa a las empresas aseguradoras de salud de Colombia, destacó el pronunciamiento de la Corte, indicando que la demora en los pagos de los Presupuestos Máximos afecta a más de un millón de colombianos con enfermedades graves o de alto costo.
Desde Acemi se indicó que a las prestadoras de salud se les deben dineros por concepto de Presupuestos Máximos desde el año 2022 y que esos recursos financian medicamentos y otros servicios que no están incluidos en el plan básico de salud.
