Didier Lobo Chinquilla
Crédito: X: @DidierLobo_Ch
La Corte Suprema abrió investigación contra el senador de Cambio Radical Didier Lobo por enriquecimiento ilícito
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El alto tribunal también investigará el aumento, sin explicación aparente, del patrimonio de la familia del congresista de Cambio Radical.
Por: Alisson Betancourt
En la mañana de este 31 de julio se conoció que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación contra el senador de Cambio Radical Didier Lobo Chinchilla por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.
De acuerdo por lo señalado por el alto tribunal, la apertura de este proceso de indagación está relacionado a un presunto aumento injustificado en su patrimonio, cuando fue alcalde de La Jagua de Ibirico, en Cesar.
No sería el único, pues al parecer, el patrimonio de su núcleo familiar también habría incrementado rápidamente sin ninguna explicación aparente.
Lobo tiene una trayectoria amplia en la política colombiana. El actual senador comenzó su vida política en 2008, cuando fue elegido concejal de La Jagua de Ibirico, y posteriormente, en 2011, se lanzó a la Alcaldía de ese mismo municipio con el aval del viejo Partido de Integración Nacional (PIN) y ganó las elecciones.
En 2018 consiguió llegar al Congreso y ya lleva dos periodos en el Legislativo. Sin embargo, no es la primera vez que tiene que afrontar un proceso en su contra.
En el mismo año que logró ser senador, la Contraloría General le imputó responsabilidad fiscal por el detrimento patrimonial en un contrato de alimentación que firmó cuando fue alcalde de La Jagua. Por los mismos hechos, la Procuraduría General lo sancionó en 2020.
Se conoce que su carrera ha sido apoyada por Cambio Radical y el clan Gnecco, el más poderoso en el Cesar y conocidos por algunos escándalos como la condena de 21 años que le dio la Corte Suprema al exgobernador del Cesar Luis Alberto Monsalvo Gnecco por los delitos de peculado por apropiación agravado en favor de terceros y contrato sin cumplimiento de requisitos legales, por irregularidades en la contratación y ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en el departamento.