Dawinson Gómez, el hombre señalado de ayudar a criminales que busca ser alcalde de Tarazá

En 2019, los investigadores de la Fiscalía descubrieron un entramado criminal en Tarazá, Antioquia. En ese entonces, según la Fiscalía, el recién elegido alcalde Miguel Ángel Gómez (fallecido en 2020), su hijo Dawinson Gómez y Emiliano Alcides Osorio, alias Caín, máximo jefe del extinto grupo Los Caparros –dado de baja en noviembre de 2020–, se asociaron con el fin de que el primero llegara al poder y le ayudara a la organización criminal a fortalecerse en la región, entregándole recursos públicos y sin perseguirla.

El episodio sería un caso de corrupción del pasado si no fuera porque ahora Dawinson Gómez, con el aval del partido Demócrata Colombiano, quiere emular a su padre y convertirse en el próximo alcalde de Tarazá. 

El documento de acusación en el que está involucrado el hoy orondo candidato dice que Gómez padre, Gómez hijo y alias Caín "se asociaron con el propósito de cometer delitos contra la administración pública, con vocación de permanencia en el tiempo y durabilidad y con la expectativa de realización de las actividades propuestas para poner en peligro la seguridad pública. Hechos ocurridos en Tarazá, Antioquia, entre enero de 2019 y abril de 2021”.

Lo que descubrió la Fiscalía es que Miguel Ángel Gómez se posesionó como alcalde y enseguida puso en cargos públicos a personas que tenían como tarea específica ayudar a los intereses de la extinta organización criminal. “Proveería la información, contratos, dinero correspondiente al 10 por ciento de cada contrato celebrado por la Alcaldía y trato preferencial para los miembros de Caparros en la cárcel municipal de Tarazá". Para ese objetivo, hubo personas con roles determinados dentro de la organización. Dice el ente acusador que, su hijo, Dawinson Gómez, hoy aspirante a la alcaldía del municipio, servía como puente entre la administración y la organización criminal. 

Deivinson Manuel Montero Arroyo, otro de los capturados en 2019, sería el representante de Los Caparros en la Alcaldía de Tarazá, como secretario de Gobierno y Recursos Humanos: “Desde el 1° de enero de 2020 hasta el 20 de abril de 2021, para la ejecución de presupuesto municipal a través de la contratación pública, para la apropiación de dineros públicos en favor de terceros, la venta de cupos en la cárcel municipal de mediana seguridad de Tarazá, articulándose con contratistas y servidores públicos para beneficiar los intereses de la GAO y los propios, en desmedro de la función pública y el erario, con acceso ilimitado a información de la fuerza pública, recursos, contratos y dependencias como la cárcel municipal, asumiendo el compromiso de proveer a la organización información y recursos a través de esta dependencia”.

Yoladis Pulgarín Alvariño, quien participó en la campaña electoral de Miguel Ángel Gómez en 2019 y también resultó capturada, se vinculó con la administración municipal para coordinar la cárcel, en donde, según la Fiscalía, realizaba cobros a los presos para obtener privilegios y, en asocio con Gómez García y Gómez Tamayo, "facilitó la salida de privados de la libertad sin permiso de autoridad competente”.

Dice el escrito de acusación que el capturado Juan Esteban Castaño, como secretario de Planeación y Obras Públicas, haciendo parte del comité evaluador de contratación del municipio, “debía soslayar los pilares de la contratación estatal y facilitar con ello que contratistas que no cumplían con los perfiles y propuestas sin los debidos estudios de mercado, tuvieran puntajes adecuados para ganar las convocatorias públicas”.

De los contratos, una tajada del 10 por ciento iba para la organización criminal. La Fiscalía asegura que el procesado Duberney Correa Monsalve debía proyectar estudios previos y los demás documentos de la etapa precontractual y de ejecución que permitieran la apropiación de recursos en favor de terceros.

Uno de los puntos de mayor relevancia en el escrito de acusación es el relato según el cual, después de la muerte del alcalde Gómez, el gobernador de Antioquia designó como alcalde encargado a Jerly Ferney Álvarez, y que este le dio continuidad a la empresa criminal: “Como ordenador del gasto, participaba en la planeación de la contratación, pago de los mismos, de los que se apropiaron contratistas sin que cumplieran con los objetos contractuales. Su rol consistía en dar continuidad a la empresa criminal que tenia por objeto cometer delitos contra la administración pública. Se adhirió al objeto de la empresa criminal”. 

Los investigadores descubrieron en ese momento que el fallecido alias Caín y quienes lo sustituyeron financiaron la campaña política de Miguel Ángel Gómez y se beneficiaron de los recursos de la administración para las actividades propias de la organización, “lo que toca con las rentas ilegales cadena de valor del narcotráfico: cultivo, producción, distribución comercialización, consumo y lavado de activos; además de la explotación ilícita de la minería y la extorsión”.

Dawinson Gómez –hoy candidato a la alcaldía de Tarazá– fue llamado a juicio como presunto responsable del delito de concierto para delinquir. A pesar de que la investigación en su contra inició en 2021, la audiencia de acusación fue reprogramada para enero de 2024. De manera que cuando inicie el juicio –de ganar los comicios de este año– enfrentaría el proceso siendo alcalde de municipio y con la duda de si fue ayudado o no, para llegar al poder, por un grupo criminal.

Para la Fiscalía, se trata del grupo Caparrapos, que tuvo su origen en las antiguas Autodefensas Unidas de Colombia y que ha ido mutando desde entonces, a pesar de que sus cabecillas hayan sido capturados o dados de baja. "La empresa continua vigente hasta junio de 2021, empleando este mismo modus operandi, en lo que tiene que ver con cooptar el Estado logrando alinear sus intereses con las de las élites locales, práctica que se repite a través de los años, como se evidencia en declaración de Fredy Rincón Herrera, alias El Alemán, en declaraciones de abril de 2009, quien afirmó haber financiado a 23 políticos del Urabá, Córdoba, Chocó para corporaciones públicas y autoridades locales, llegando acuerdos para incidir en las decisiones del Estado”, dice el documento. 

Y concluye que estos grupos lo que buscan en esos municipios, particularmente en Tarazá, es acceder a los recursos públicos e intervenir en las decisiones del Estado, alineando "sus intereses con las élites políticas locales, lo que les permite a los primeros fortalecerse y a los segundos acceder al poder por una vía más expedita, al contar con el apoyo del GAO”.

La gran incógnita es si Dawinson Gómez, llamado a juicio por el delito de concierto para delinquir, está en campaña por la Alcaldía de Tarazá para defender los intereses de determinado grupo armado organizado, como ya ocurrió cuando su padre fue alcalde del municipio.