De la consulta a la Constituyente: la séptima pataleta

“Si los tanques del Ejército hubieran entrado disparando a la Asamblea Nacional Constituyente, habría nacido una oportunidad”. Es difícil adivinar quién podría ser al autor de esa frase. ¿Cómo es posible que algún colombiano sensato anhelara, justo en el momento de mayor consenso nacional del que se tenga memoria, que un tanque de guerra irrumpiera en el recinto donde sesionaba la Constituyente a destruirlo todo con un rocket, como ocurrió en el ataque al Palacio de Justicia? 

Pues bien, la frase la escribió, nada más y nada menos, que el hoy presidente de la República Gustavo Petro Urrego. Se encuentra en uno de los pasajes de su libro Una vida, muchas vidas, publicado en el fragor de la campaña presidencial de 2022. 

La Constituyente se titula el capítulo en el que Petro Urrego consignó sus reflexiones sobre ese episodio histórico. El relato que hace el presidente en el texto puede resumirse de la siguiente manera: Antonio Navarro y Álvaro Gómez Hurtado, desde orillas contrarias de la ideología política, compartían la visión de que era necesario un cimbronazo de fondo al sistema clientelista. A eso que Gómez denominaba “el régimen”. Los liberales, por su parte, buscaban una transformación moderada. Cuenta el autor que Navarro y Gómez habían hecho un acuerdo para lograr que, una vez terminada la Asamblea Constituyente, esta se convirtiera en Asamblea Legislativa. Es decir, que asumiera las funciones del Congreso.

Fue entonces cuando, a ojos de Gustavo Petro, “Navarro cometió un error histórico: rompió el acuerdo con Gómez y aceptó un almuerzo con López Michelsen y el presidente Gaviria”. En ese encuentro decidieron adelantar las elecciones al Congreso e inhabilitar a los constituyentes para aspirar en las nuevas elecciones. Así, con un parlamento elegido por las fuerzas políticas tradicionales, el gobierno de Gaviria podría desarrollar, a través de leyes, los artículos transitorios que habían sido acogidos en la Asamblea. 

Por esos días, el joven Gustavo Petro se encontró con Otty Patiño, entonces constituyente, quien para referirse a lo que estaba ocurriendo utilizó la frase “esta era la revolución”. En cambio, para ese joven recién desmovilizado que hoy se sienta en la silla de Bolívar, era inconcebible que una revolución se hiciera “pisando un tapete muy fino en el centro de convenciones” y no “con el pueblo en las calles, como protagonista de las transformaciones”.

Petro afirma en su texto que en una conversación, buscando justificar los acuerdos suscritos, Antonio Navarro le manifestó que la decisión de conciliar con Gaviria y López, en alguna medida, obedeció al temor que le producía una posible reacción armada del Ejército en contra de la Asamblea. Muchos años después, ad portas de las elecciones del 2022, el candidato de la Colombia Humana recordó en su libro el episodio sentenciando lo siguiente: “Por eso, cuando escuché la frase de Navarro, pensé que un ataque de tanques quizás hubiera sido la mejor opción. Porque, en ese caso, el papel del M-19 hubiera consistido en levantar al pueblo en nombre de la democracia y de la nueva Constitución”. Esa frase, de puño y letra del presidente, es una radiografía de lo que ocurre hoy en su gobierno. Los consensos no dan réditos en las urnas, la confrontación y la revuelta popular sí.  

No es este artículo una caprichosa clase de historia. Sin embargo, para entender la nueva cruzada del presidente, la de buscar que se incluya una papeleta para convocar a una Asamblea Constituyente en las próximas elecciones, es necesario estudiar los textos, las declaraciones, el pensamiento y la vida política pasada y presente de Gustavo Petro. ¿Por qué ahora decidió rodearse de funcionarios que le obedezcan sin vacilaciones? ¿Por qué se metió en la consulta popular? ¿Por qué, a pesar de que la mayoría de sus reformas sociales ya fueron aprobadas, insiste en la agitación popular y en sacar a la gente a las calles? ¿Por qué se apartó de su promesa firmada en mármol y ahora busca cambiar la carta política con un mecanismo inconstitucional e inexistente? 

La respuesta a este y otros interrogantes es tan clara como preocupante: el presidente abandonó la idea de gobernar, de ocuparse de hacer que las cosas pasen y de solucionar los problemas, y decidió meter al país, a como dé lugar, en una profunda confrontación política que le convenga a la izquierda en las elecciones de 2026.   

Esa actitud puede resultar inexplicable e irresponsable para una buena parte de los colombianos. No obstante, la lectura de la obra de Antonio Negri, uno de los filósofos de cabecera de Gustavo Petro, permite evidenciar, como lo recordó recientemente el exministro José Manuel Restrepo, que el presidente está siguiendo su libreto al pie de la letra. 

Negri ha escrito sobre lo que él denomina el poder popular o el poder constituyente. Sostiene que son “una invitación a mantener abierta la tensión revolucionaria. Es la energía popular que construye redes para destruir la exclusión, la pobreza y la explotación. Es una actitud permanente de tensión. Es una fuerza permanente, una movilización constante, una politización constante de la sociedad”. Lo anterior parece, más que una cita filosófica, una descripción detallada de la situación actual del gobierno. 

Como ordene, señor presidente

La materialización del nuevo estilo de la administración Petro se hizo evidente con la llegada al gabinete de dos hombres que, aunque muy distintos, hoy se parecen en algo: obedecen a su jefe, cueste lo que cueste, y están dispuestos a inventarse cualquier teoría para defender lo indefendible. Ambos han sido beneficiarios de cuantiosos contratos, sin objetos claros, pagados con los impuestos de los colombianos. Se trata del nuevo ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, y del autoproclamado pastor Alfredo Saade, el homofóbico, mentiroso y negacionista de la ciencia que fue designado jefe de todos los ministros. 

El exfiscal llegó a la cartera de Justicia porque el presidente leyó una columna suya en la Revista Raya argumentando la legalidad del ‘decretazo’. Algo que ningún otro jurista serio en Colombia se ha atrevido a hacer. Cuatro días después, ya como ministro designado, se dedicó a dar una ronda de medios defendiendo el decretazo, la constituyente y la pretensión de empapelar al registrador, y supo enredar a periodistas y audiencias hablando de derecho romano, austriaco, anglosajón y alemán. 

Así, en medio de un mar de citas de autores que solo los entendidos del derecho registran, pudo, ante los incautos, dar la impresión de que sus novedosas interpretaciones de la ley tenían algún sustento jurídico. Eso se acabó cuando Julio Sánchez Cristo, director de la W Radio, se anotó el ‘cabezazo’ periodístico del mes: enfrentó a Montealegre con el profesor de Derecho Constitucional Mauricio Gaona. El ministro aceptó el debate sin vacilaciones y tal vez no estimó que el doctor Gaona, un jurista hasta ahora desconocido para la inmensa mayoría de los colombianos, lo iba a volver ropa de trabajo.

La cosa resultó tan interesante que un debate jurídico y académico, cargado de nombres impronunciables, citas en inglés, francés y en chino se convirtió en tendencia nacional. Tuvo millones de impresiones, se publicaron más de 200.000 trinos con la palabra ‘Gaona’ y miles de usuarios celebraron la estrepitosa caída intelectual del ministro de Justicia. Dos días después, el viernes, el Congreso aprobó la conciliación de la reforma laboral, y el presidente cambió el libreto: anunció que va a derogar el ‘decretazo’ y anticipó que buscará una Asamblea Nacional Constituyente. El hecho fue celebrado por Alfredo Saade quien defiende la Constituyente y ha llegado a pedir la reelección del presidente y el cierre del Congreso y de los medios de comunicación. 

El profesor Gaona lo advirtió en el debate: la verdadera pretensión del gobierno era convocar la Asamblea y, por eso, el jurista les hizo un llamado a las Cortes para defender la institucionalidad, y recordó que lo que Montealegre y el presidente llaman bloqueo institucional, es realmente el ejercicio legítimo de la oposición colombiana. 

Ya no estamos en los noventa

En el trino que desató la polémica, sin mayor detalle o elaboración de la idea, Gustavo Petro escribió que en las próximas elecciones “será entregada una papeleta” para convocar a una Constituyente. El presidente, un hombre que conoce a fondo el Estado, sabe perfectamente que la normatividad vigente no contempla ese mecanismo. La vía institucional para tal efecto obliga a ir primero al Congreso, que debe aprobar una ley para llamar al pueblo a votar si quiere o no iniciar un proceso de cambio constitucional.

El trámite es largo: la iniciativa, que en este caso sería del presidente y de sus ministros, tiene que ser aprobada por mayoría en el Congreso para que el pueblo, en votación popular, decida si convoca o no a una Asamblea Constituyente. Esa ley va a control de la Corte Constitucional, que tardaría entre 6 y 9 meses en pronunciarse. Luego se haría la votación. Si la mayoría dice que ‘sí’, se debe ir de nuevo a las urnas para elegir a los dignatarios de la Asamblea. Los cálculos de los expertos de la Misión de Observación Electoral apuntan a que un trámite así se podría culminar en marzo de 2027, en el mejor escenario posible. 

El presidente Petro acude a la figura de la papeleta, cuando los colombianos tienen claro que el contexto político y jurídico actual es completamente diferente al que arrancó en 1989 cuando un puñado de estudiantes, cansados del narcoterrorismo y la violencia política que azotaban al país, emprendieron la cruzada para cambiar la Constitución. Ese proceso fue mucho más que una iniciativa estudiantil. Fue una convergencia de esfuerzos y de apoyos políticos que permitieron darle legitimidad a una idea: ponerle punto final a la carta política de 1886, un texto desconectado de la sociedad colombiana que no incluía un mecanismo claro para su derogación. 

En sesiones académicas, los estudiantes llegaron a la nuez del asunto: el pueblo debía autoconvocarse. Así lo hicieron. Óscar Ortiz, uno de los impulsores de la Séptima Papeleta, le recordó a CAMBIO que primero se recogieron miles de firmas que fueron entregadas al presidente Virgilio Barco en febrero de 1990. El 11 de marzo la gente metió su papeleta en las urnas y, aunque no fue contabilizada oficialmente, se estima que obtuvo 2 millones de votos. La estrategia logró tanto impulso que los candidatos presidenciales con más oportunidades en la época, como Cesar Gaviria y Álvaro Gómez, quedaron persuadidos con la iniciativa.

El presidente Barco expidió un decreto de estado de sitio el 3 de mayo de 1990 para permitir que en las elecciones del 27 de mayo hubiera otra tarjeta electoral que, en esa ocasión, sí sería contabilizada. El decreto fue declarado ajustado a la Constitución por la Corte Suprema y la gente votó ‘sí’ de forma abrumadora. El proceso siguió con una tercera votación para elegir a los delegados de la Asamblea. Hubo tres copresidentes y una foto histórica: Álvaro Gómez, Horacio Serpa y Antonio Navarro juntos. “Una persona que había sido secuestrada por el otro, que eran rivales políticos, uno considerado el líder de la extrema derecha y el otro un exguerrillero de izquierda y un liberal progresista en la mitad”, le dijo Rodrigo Uprimny a CAMBIO hace un año. 

La posibilidad de reformar la Constitución, sea parcial o centrada en algunos asuntos, debería ser el resultado de un proceso de unión política y social evidente. Una reforma para unir. Pero el escenario actual es de polarización. De hecho, las primeras reacciones políticas dejan claro que la idea de una Constituyente está lejos de lograr la convergencia necesaria.

El presidente Petro sabe que la Constitución de 1991 es el resultado del mandato del pueblo y, en consecuencia, debería respetar esa manifestación popular. La única forma de impulsar una Constituyente es la vía que se pactó para ello en 1991: el Congreso.  

Así las cosas, es claro que el país está, de nuevo, ante uno de los tantos globos del gobierno. La gente no está pidiendo retórica y confrontación. Quienes le apostaron al proyecto del cambio están esperando resultados concretos. Aunque hay juristas de peso que ven con buenos ojos la idea de una constituyente limitada a temas muy puntuales, es claro que la inmensa mayoría de los problemas de Colombia -como la crisis de seguridad, la salud, los desafíos económicos, la vivienda, la infraestructura, la calidad de la educación etc.- se resuelven haciendo y no hablando. El presidente debe dedicarse a gobernar y a materializar su programa de gobierno. Y para eso, con la Constitución del 91, le alcanza y le sobra.