“El año pasado la corrupción le costó al país más de 50 billones de pesos”, dice la auditora general de la República

María Anayme Barón Durán es contadora pública, con una maestría en Derecho Disciplinario. Oriunda de Nobsa, Boyacá, inició su carrera profesional en Firavitoba como asesora en contratación. Su trabajo la llevó a entidades del orden departamental y nacional, como el Ministerio de Justicia y la Contraloría General de la República. También trabajó en la Contraloría de Bogotá, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca y la Federación Nacional de Departamentos.

Hace tres meses, magistrados del Consejo de Estado la eligieron como la nueva auditora general de la República. Los consejeros hacen esta elección cada cuatro años, entre una terna presentada, a su vez, por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia. La Auditoría General de la República vigila la gestión de la Contraloría General y de las contralorías departamentales, distritales y municipales.También da lineamientos a dichas entidades en materia de modernización.

Barón Durán le concedió a CAMBIO la primera entrevista que da a los medios de comunicación. Hizo importantes revelaciones sobre las cifras que anualmente le cuestan al país fenómenos como la corrupción y explicó las estrategias que implementará para evitar que la plata de los colombianos se siga perdiendo.

CAMBIO: Su carrera profesional ha estado enfocada en el control fiscal. ¿Qué significa para usted estar al frente de la Auditoría General de la República?

María Anayme Barón: Es un reto enorme. La Auditoría General tiene como mandato constitucional evaluar la gestión fiscal de la Contraloría General y de las contralorías territoriales. En ese sentido, tenemos el deber de vigilar que dichas entidades hagan su labor de manera transparente, objetiva y rigurosa. También tenemos la obligación de coadyuvar para que el Sistema Nacional de Control Fiscal se modernice y disponga de la última tecnología y de la analítica de datos para darle pelea al fenómeno de la corrupción.

CAMBIO: Hablemos de cifras. ¿Cuáles son las cifras de la corrupción en Colombia?

M.A.B.:  Las cifras de la corrupción en Colombia son enormes. El año pasado la corrupción le costó al país más de 50 billones de pesos. Eso se desprende de lo reportado por las contralorías en los procesos de responsabilidad fiscal que adelantan. Pero esa cifra termina siendo mucho mayor, porque falta calcular el costo social que acarrea. No sabemos cuánto llega a costar que a los niños del país no se les atienda de forma debida, que se les brinde una buena alimentación en las aulas, o por ejemplo, la brecha en temas de vivienda cuando no se ejecutan bien los recursos públicos.

CAMBIO: ¿Y entonces qué se debe hacer para que la plata de los colombianos no se siga perdiendo?

M.A.B.: Esa es una preocupación de todos los colombianos, pero además, estoy convencida de que es una responsabilidad de todos. Yo creo en el poder que tiene el control social participativo. Cuando los ciudadanos y los medios de comunicación hacen alertas, prenden las luces sobre posibles casos de corrupción, los órganos de control deben de inmediato prestar atención a esas denuncias. Por eso la Auditoría, en su plan para 2024, ha incluido entre sus estrategias más importantes la vinculación de los ciudadanos en procesos de control fiscal participativo. Creemos que las contralorías deben tener más cercanía con los ciudadanos y una reacción más eficiente frente a las quejas y denuncias presentadas por la comunidad. También es fundamental que las contralorías se apoyen en tecnologías modernas, en ciencia de datos, que nos permita hacer un control en tiempo real, para que la plata no se pierda. 

CAMBIO: Hay una vieja discusión en Colombia sobre si se deben cerrar las contralorías regionales, por su ineficiencia. ¿Está de acuerdo con esa postura?

M.A.B.: Mire, yo soy de la región. Y conozco el trabajo que hacen las contralorías territoriales y lo que hace falta es su fortalecimiento. La Contraloría General no alcanza a llegar a todos los municipios del país por la complejidad misma y ésta lo que vigila son los recursos del orden nacional y no los recursos propios de los territorios en Colombia, los cuales ascienden a más de 250 billones de pesos. En Colombia hay 1.123 municipios y sólo tenemos 67 contralorías regionales, con grandes limitaciones de recurso humano y tecnológico. Es como la inseguridad. A nadie se le ocurre enfrentarla disminuyendo el pie de fuerza de la Policía. 
 
CAMBIO:  El país lleva siete meses con un Contralor General encargado. A su juicio, ¿qué tan conveniente es esta interinidad?

M.A.B.:  La Contraloría ha venido cumpliendo con sus obligaciones constitucionales, pero lo que uno espera es que las instituciones cuenten con una cabeza en propiedad. Espero que eso se resuelva pronto.