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La elección del nuevo contralor se puede caer por la falta de una firma. ¿Cómo puede ser?
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A la petición de más de 100 congresistas de aplazar la elección del nuevo contralor se suma un posible vicio de trámite en la resolución que dio inicio a la convocatoria para elegir al reemplazo de Carlos Hernán Rodríguez: el documento no fue firmado por el secretario de la Cámara.
Por: Andrés Mateo Muñoz

La elección del nuevo contralor sigue estando enredada en el Congreso de la República y todo indica que Carlos Mario Zuluaga seguirá encargado de la entidad mientras se resuelve la situación del Carlos Hernán Rodríguez, a quien el Consejo de Estado le anuló la elección. La petición masiva –de más de un centenar de congresistas– de aplazar la escogencia de un nuevo contralor y una presunta ilegalidad en la convocatoria para dicho fin están complicando el proceso.
Desde que el Consejo de Estado consideró que la elección de Rodríguez como contralor general –a finales de 2022– tenía que anularse por haber sido irregular, en el Congreso de la República el proceso para escoger a su reemplazo ha sido atropellado, lento y cuestionado.
La decisión más reciente sobre el proceso ocurrió el pasado 27 de noviembre, cuando se expidió la resolución 002 mediante la cual la mesa directiva del Congreso dio inicio a la convocatoria pública, fijó el cronograma y escogió a la Universidad Nacional de Colombia para hacer las pruebas de conocimientos a los candidatos.
Sin embargo, el documento tiene una irregularidad no menor: no cuenta con la firma de Jaime Luis Lacouture, secretario general de la Cámara de Representantes.

La situación fue advertida en la plenaria de la Cámara el pasado 5 de diciembre, por lo que el secretario Lacouture tuvo que dar explicaciones sobre el tema:
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"A la Secretaría General no se le convocó, no se le participó, ni asistimos a ninguna reunión de parte de la Secretaría para efectos de planear dicha resolución", dijo Lacouture.
El secretario de la Cámara añadió que su firma no apareció en la resolución "porque nunca tuve oportunidad de conocerla, de leerla y por supuesto para poder firmarla" y confirmó que la resolución no se publicó en los medios oficiales de esa corporación por esas mismas razones.
La ausencia de la firma de Lacouture de la resolución –y sus declaraciones al respecto frente a la Cámara– probablemente harán que el documento que reglamenta toda la elección del nuevo contralor quede sin efectos legales. De acuerdo con la Ley 5 de 1192 (que reglamenta el funcionamiento del Congreso), y con la Ley 1904 de 2018 (que reglamenta la elección de contralor), es la mesa directiva del Congreso, de la que hace parte Lacouture, la que debe efectuar la apertura de la convocatoria pública. Además, se establece que la resolución de la convocatoria "como mínimo deberá publicarse en la página web de cada una de las Cámaras", algo que también se incumplió.
Además de la posible ilegalidad de la resolución, al proceso de elección de nuevo contralor se le suman otro problemas. Más de 100 representantes a la Cámara presentaron una proposición en las últimas horas que solicita aplazar el proceso de elección del nuevo contralor hasta que la Corte Constitucional resuelva la tutela que presentó Carlos Hernán Rodríguez, la cual podría devolverlo a su cargo. En el documento de la proposición se da cuenta de otra anomalía: la reducción de los tiempos del cronograma, comparados con procesos anteriores.
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“En los antecedentes de los dos últimos procesos de elección de contralor general de la república se dispuso de cronogramas con periodos de cinco y seis meses; sin embargo, en lo previsto en la resolución 002 de 2023 se cuenta con periodos que se redujeron en un 50 por ciento", dice parte de la proposición conocida por CAMBIO.
Según la propuesta, es mejor salvaguardar los recursos públicos y esperar una decisión de fondo de la Corte y no continuar el proceso arriesgando a que se caiga, en el caso de que Rodríguez llegue a ganar la tutela.
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“El Congreso de la República no es ajeno a cumplir lo dispuesto en el artículo 209 de la Constitución Política y, por tanto, salvaguardar el patrimonio público dispuesto para contratar a la Universidad Nacional de Colombia (…), que puede resultar ineficaz si la Corte Constitucional decide revocar la sentencia del Consejo de Estado que declaró la nulidad de la elección del doctor Carlos Hernán Rodríguez”, dice parte de la proposición que aún no ha sido discutida en la Cámara.
CAMBIO conoció que varios funcionarios de la Contraloría estuvieron en el recinto del Congreso a principios de esta semana para impulsar la proposición de aplazamiento del nuevo contralor entre los congresistas, con el argumento de que querían evitar un detrimento patrimonial.
