Concepto de Función Pública pondría freno a la aspiración de Pipe Córdoba a la Procuraduría

La discusión de los requisitos para ser procurador general de la nación tiene un nuevo frente. Una demanda que la Corte Constitucional aceptó estudiar pide que el alto tribunal zanje las interpretaciones sobre si aspirar a ese cargo supone tener los mismos requisitos que para ser magistrado de una alta corte, o si una persona sin los 15 años de experiencia como abogado puede homologar la experiencia que tenga en otra carrera afín.

El eje de la discusión es que el artículo de la Constitución sobre la elección del procurador no aborda las características que debe tener la persona. Además, la ley según la cual el elegido debe cumplir los mismos requisitos que los magistrados de una alta corte fue derogada. Hasta la elección de Margarita Cabello se usó como referencia el artículo 280 de la Constitución que dice: “Los agentes del Ministerio Público tendrán las mismas calidades, categoría, remuneración, derechos y prestaciones de los magistrados”.

Eso quiere decir que quien aspire al cargo de procurador debe contar con 15 años de experiencia como abogado, o en la Rama Judicial o en el Ministerio Público. Este año, sin embargo, un sector que apoya que el excontralor Carlos Felipe Córdoba sea considerado para el cargo, ha propuesto una interpretación diferente: que se aplique una ley de 2020 para convalidar la experiencia profesional a las personas que tengan dos títulos, siempre que sean de la misma área de experiencia.

De hecho, la Corte Suprema de Justicia, una de las entidades que deberá postular a una persona para el cargo (los otros dos candidatos saldrán de la Presidencia y del Consejo de Estado), pidió al Gobierno que formulara una consulta ante la Sala de Consulta del Consejo de Estado para que se precise cuáles son los requisitos, y que, tras dos votaciones, está en manos de un conjuez. De aceptarse la tesis de la equiparación de experiencias, Córdoba, que se graduó de abogado mientras era contralor, podría cumplir el requisito y ser candidato al cargo.

Mientras se resuelve esa consulta, que no es de obligatorio cumplimiento, la Corte Constitucional admitió para estudio una demanda del abogado Joel David Gaona que pide que la Corte aclare que la posibilidad de equiparar experiencias en carreras, que está en la Ley 2039 de 2020, no aplica para el cargo de procurador general.

Según esta demanda, el Congreso incurrió en una omisión porque desde el año 2000 se advirtió que el Congreso debería regular cuanto se relacionara con ese cargo. La razón: el decreto Ley 262 de 2000 derogó la ley que hablaba de la experiencia.

“En ese sentido, desde el año 2000, el legislador ha estado en mora de definir las calidades necesarias para ser nombrado procurador general de la nación, como lo ordena el artículo 279 de la Constitución Política, disposición que debía regular en el artículo 3° del decreto Ley 262 de 2000, tal como lo había hecho en el artículo 4° de la Ley 201 de 1995”, dice la demanda.

Ley que permite equiparar experiencias es solo para cargos por concurso de méritos: Función Pública

El caso para estudio le tocó al magistrado de la Corte Constitucional Vladimir Fernández. que deberá recibir conceptos de múltiples entidades e interesados sobre este caso. La primera entidad en hacerlo fue Función Pública en un documento de 31 páginas que apunta a que la demanda hace una serie de interpretaciones, pero sin exponer realmente por qué el artículo cuestionado, que es de una ley que busca la inserción laboral y productiva de los jóvenes, es contraria a la Constitución

Lo relevante de ese documento es que Función Pública asegura que Gaona incurrió en un error de interpretación, ya que la Ley 2039 de 2020, que permite hacer esa equiparación de experiencias, solo hace alusión a los empleos públicos de carrera administrativa que son provistos a través de concurso de méritos, y el de procurador general no es uno de esos cargos.

Es decir, que la tesis del Gobierno apunta a que no es posible aplicar esa regla de equiparación de experiencias para el cargo de procurador general, que tiene un sistema diferente de nombramiento fijado expresamente por la ley: es elegido por el Senado de la República de terna integrada por candidatos del presidente de la república, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado.

“Por lo anterior, reiteramos que los postulados constitucionales (artículos 232.4 y 280) prevén disposiciones especiales que solo son aplicables a la designación de magistrados de las altas corporaciones y la norma demanda(da) hace alusión a los empleos públicos de carrera administrativa que son provistos a través de concurso de méritos”, dice el documento.

Según Función Pública, la demanda del abogado Gaona no cumple con las condiciones requeridas para que la Corte emita de fondo un fallo o subsane las diferentes interpretaciones surgidas al respecto. Esto debido a que la tarea de la Corte es definir si determinada ley es contraria a la Constitución: “Su finalidad no es la protección de intereses particulares, por lo que como lo ha dicho la misma Corte Constitucional, la simple denuncia de una contradicción sin argumentos objetivos y verificables o como resultado de interpretaciones confusas del ordenamiento jurídico vigente sin relevancia constitucional, no obstante recurrir a la cita de normas superiores, no constituye una formulación concreta del concepto de la violación constitucional”. 

Se espera que la Presidencia, el Ministerio de Justicia, expertos académicos y la Procuraduría, entre otros, entreguen a la Corte sus opiniones al respecto.