23 Enero 2023

El nuevo centro de rehabilitación para militares víctimas del conflicto es un elefante blanco. ¿Quiénes son los responsables?

Mayor general (r) Fernando pineda Solarte, brigadier general (r)Pablo Federico Przychondny Jaramillo y los coroneles Ligia del Rosario Maldonado y Oscar Alberto Jaramillo, dentro de los llamados a responder.

Crédito: Foto: Yamith Mariño

Dos generales y dos coroneles retirados, entre otros, deberán responder por un centro de rehabilitación para militares víctimas del conflicto que fue entregado en obra negra seis años después de lo previsto. El detrimento es de más de 30.000 millones de pesos.

Por: Sylvia Charry

El año pasado, el columnista Yohir Akerman denunció el robo de más de 30.000 millones de pesos que se habían invertido en 2013 en la construcción de un centro de rehabilitación física para miembros de las fuerzas militares afectados en combate, que atendería a más de 1.000 militares víctimas de minas antipersonal y discapacitados. Hoy, la Contraloría tiene pruebas de que hubo deficiencias en la construcción, de que el detrimento patrimonial es de 30.595 millones de pesos y de que dos generales, dos coroneles, dos mayores y un capitán son los presuntos responsables del elefante blanco. Sus cuentas y bienes ya están embargados. 

Para profundizar

El contrato de construcción tuvo diez adiciones y, aún así, el edificio nunca fue entregado. Las fotografías tomadas por la Contraloría son indignantes. La infraestructura no es más que un bloque de cemento con las paredes llenas de humedad, vidrios rotos y tubería expuesta. 

centro de rehabilitación física para miembros de las Fuerzas Militares

El proyecto para la construcción del centro médico se inició con un contrato de consultoría que tenía como objeto hacer los estudios y los diseños del centro de rehabilitación funcional Batallón CRF Basan. La consultoría, efectuada por una empresa denominada Idom, costó 1.353'296.329 pesos.

centro de rehabilitación física para miembros de las Fuerzas Militares

El segundo contrato, firmado con la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, tenía por objeto efectuar la construcción del Centro de Rehabilitación funcional, ubicado en el Cantón Caldas, en Bogotá, y la interventoría pertinente. Aunque el valor inicial del contrato de construcción era de 29.938 millones de pesos, una modificación lo dejó en 34.000 millones de pesos. Ese contrato tuvo un total de diez prórrogas en seis años, hasta el 30 de junio de 2021, cuando el último plazo de ejecución llegó a su fin sin ser recibido a satisfacción por el Ejército Nacional. La Contraloría encontró que, a pesar de que la Agencia Logística había entregado el edificio en obra negra, los recursos sí habían sido pagados en su totalidad.

centro de rehabilitación física para miembros de las Fuerzas Militares

 

 

El centro de rehabilitación, según calculó la Contraloría, requiere una nueva inversión de 15.363'813.204 millones de pesos. Sin embargo, el Ejército Nacional ya no tiene recursos para continuar con el proyecto.

“La Agencia Logística destinó recursos del proyecto BASAN para obtener diagnósticos de los estados de las obras construidas, los cuales arrojaron como conclusiones que las obras ejecutadas presentaron deficientes constructivas, lo que conllevó a que el último contrato de obra no se concluyera”, dice el documento conocido por CAMBIO.

Por el detrimento patrimonial serán llamados a responder el mayor general (r) Fernando Pineda Solarte, quien para la época de los hechos era el ordenador del gasto; el brigadier general (r) Pablo Federico Przychondny Jaramillo, quien para la época era el director de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares; la coronel Ligia del Rosario Maldonado, quien era una de las ordenadoras del gasto; el coronel Oscar Alberto Jaramillo, quien fungía como director de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares; la mayor Luz Mery López Rangel, quien era una de las ordenadoras del gasto; el mayor Gerardo Mojica, supervisor del contrato, y el capitán Carlos Norvey González, supervisor del contrato.

Los sietes presuntos responsables fiscales deberán rendirle cuentas a la Contraloría en el proceso de responsabilidad fiscal que podría terminar, incluso, en un llamado para que respondan ante la justicia por los dineros que no aparecen.