Contratos por prestación de servicios: qué puede salir bien o mal de su reducción

A finales de diciembre, el Departamento Administrativo de la Función Pública y la Escuela Superior de Administración Pública (Esap), emitieron una circular en la que ordenan a las entidades de la Rama Ejecutiva limitar los contratos de prestación de servicios. 

Esta reforma sustancial a la manera como el Estado contrata, pretende ampliar las plantas fijas y temporales incluyendo en las nóminas nuevos cargos para suplir las tareas que cumplen los contratistas por prestación de servicios. De esta manera, el Gobierno pretende establecer relaciones directas con sus colaboradores y mejorar su condiciones laborales.

Sí, pero no así

Para Jaime Tenjo, economista laboral y profesor de la Universidad Javeriana, la idea del Gobierno es valiosa en tanto que acepta que las condiciones de los contratistas por prestación de servicios son sustancialmente desmejoradas frente a otros tipos de vinculación.

Por ejemplo, la falta de vacaciones, pago por parte del empleador de las prestaciones sociales, no están protegidos por los derechos del trabajador y, además, lo complicado que se vuelve para los contratistas contar con estabilidad de ingresos, ya que los contratos son por meses y en muchos casos, se llega a trabajar prácticamente gratis en los intervalos en los que el contratista espera la renovación del contrato.

En esa vía, Tenjo considera que los cambios que propone el Gobierno se necesitan sí o sí para mejorar la contratación pública.

Sin embargo, el economista afirma que el problema de la reforma planteada por el Gobierno es de forma. Función Pública estableció que las modificaciones en cada entidad del Estado se deben llevar a cabo antes de abril de este año, es decir, las oficinas públicas están corriendo para lograr cumplir con la ambiciosa meta en cuatro meses.

Esos cambios "apresurados", como los calificó Tenjo en diálogo con CAMBIO, podrían ocasionar consecuencias irreparables, con afectación al funcionamiento del Estado, a los contratistas y los ciudadanos de a pie que reciben atención y servicios de estas entidades:

frase-destacada

"Me preocupa que la rapidez con la que piensan hacer esto resulte en crear una serie de cargos que no se necesitan y que dejen por fuera a contratistas que sí son indispensables (...) Además, la transición supondría un aumento de carga laboral para los empleados de planta durante los empalmes"

Tenjo dice que para hacer una reforma de esta magnitud es necesario hacer estudios y análisis exhaustivos de las cargas laborales y necesidades internas de cada entidad y que eso no será posible teniendo el limitante de cuatro meses de plazo.

¿Es más caro un trabajador de planta o un contratista de prestación de servicios?

El experto consultado por CAMBIO aseguró que vincular laboralmente los contratistas por prestación de servicios no se traduce necesariamente en un aumento de costos para la entidades:

"A un trabajador que está por prestación de servicios, si lo contrataran de planta y le pagaran en vez de cinco, cuatro millones, probablemente el costo sería el mismo para el Gobierno. Ahora, claro, es una disminución en el 25 por ciento pero es una ganancia, enorme en términos de vacaciones, los dominicales, jornada laboral, y yo creo que muchos trabajadores por prestación de servicio estarían dispuestos a aceptar eso".